Violencia, Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos

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La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) establece que las diferentes formas de violencia contra las mujeres violan sus derechos y limitan sus libertades, a la vez que impiden el pleno desarrollo de sus capacidades y autonomía y limitan su participación pública, económica, social y política[1].

Existen múltiples conexiones entre la violencia contra las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos:1 i) la autonomía física y reproductiva es esencial para que las mujeres puedan romper ciclos de violencia; ii) la violencia genera violaciones a los derechos reproductivos, tales como los embarazos no deseados, como resultado de la violación, y la transmisión de enfermedades; y iii) las leyes, políticas y prácticas que restringen el acceso de las mujeres a sus derechos reproductivos constituyen una forma de violencia contra las mujeres, tal como lo definió el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, en su informe del 2013[2]

Entre los estándares internacionales e interamericanos existentes sobre derechos sexuales y reproductivos, se destaca la adopción de la “Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos”, emitida por el Comité de Expertas del MESECVI, que busca avanzar en la garantía y protección de los derechos humamos de las mujeres en base a los compromisos adquiridos por los Estados a nivel internacional.

A pesar de estas obligaciones a las que deben responder los Estados, América Latina tiene las leyes y políticas de salud reproductiva más restrictivas en el mundo, desde el acceso a la información hasta la atención a servicios básicos de salud. Asimismo, la violencia sexual es un grave problema en toda la región de Latinoamérica y el Caribe[3].

Según el Centro de Derechos Reproductivos, de acuerdo a los registros oficiales, cada año en las Américas 185.000 mujeres y niñas son violadas. Sin embargo, solo un 11% del total de casos es denunciado. Se estima que la verdadera cifra alcanza 1.680.000 crímenes de violación[4]. Solo ocho países en la región permiten acceso al aborto en casos de violación y dos tienen una prohibición total a la anticoncepción de emergencia.

La violencia afecta la salud sexual y reproductiva de forma indirecta, como los embarazos no deseados, y directa como el embarazo adolescente. La negación del derecho a interrumpir el embarazo es una violencia escondida. Esta negación provoca la realización de abortos clandestinos sin ninguna seguridad médica.

La mortalidad materna y el aborto inseguro son también formas de violencia contra las mujeres e implican un gran desafío para las políticas públicas y el sistema sanitario en América Latina y El Caribe. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la interrupción del embarazo clandestino representa el 15% de la mortalidad materna en los países en desarrollo. 50.000 muertes ocurren cada año a causa de los abortos clandestinos.  Algunos países han logrado reducir los índices de mortalidad materna, luego de haber legalizado el aborto.

La violencia contra las mujeres no es igualitaria a todos los grupos, ya que las adolescentes, las personas marginadas por etnias, indígenas, migrantes, mujeres con VIH y personas LGTBI son aún más discriminadas y vulnerables. La violencia puede incluir violencia física, emocional, psicológica, sexual o económica, y en muchos casos el hogar es el lugar más peligroso para cientos de miles de mujeres en la región. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 38% de los asesinatos de mujeres en las Américas son cometidos por parejas o ex parejas. La cifra de 38% podría ser mayor ya que muchos países no llevan registros sobre la relación entre la víctima y el victimario.

Los Estados ejercen violencia institucional al no reconocer la realización plena de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Para alcanzar el desarrollo y la participación en igualdad de condiciones es necesario que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y puedan controlar sus propias decisiones. La autonomía física es esencial para romper el ciclo de la violencia y para lograr autonomía en otras esferas.

Otro factor importante es el limitado conocimiento de los instrumentos de derechos humanos aplicables a la salud sexual y reproductiva, el creciente rol de parlamentarios y tribunales en decisiones sobre salud sexual y reproductiva, y la ausencia de mecanismos de protección dentro de las defensorías de derechos humanos para visitar servicios de salud.  El Informe 2011 del que fue Relator Especial de las Naciones Unidas, Anand Grover, sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, examinó la interacción entre las leyes penales y otras restricciones jurídicas relativas a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la salud y los desafíos que aún persisten en el camino para lograr una reforma legislativa.

La autonomía reproductiva es un derecho que los Estados están obligados a respetar y garantizar. Las mujeres tienen el derecho a decidir, ejercer y controlar su sexualidad y su función reproductiva en condiciones de igualdad con los hombres y libres de discriminación, prejuicios y violencia. La vulneración de estos derechos es violencia. Los Estados deben profundizar esfuerzos para fortalecer la legislación, la reglamentación y las políticas públicas y garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva para que las mujeres desarrollen sus capacidades y ejerzan su autonomía de manera plena, al igual que los hombres.

Extraído del informe “Diálogo sobre Violencia, Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos” organizado por la CIM, Salón de las Américas, OEA, Washington, DC, el 19 de junio de 2015. Disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Informe-DDSSRR-ES-Jun.29.pdf

[1]Centro de Derechos Reproductivos (2015). “Violencia contra las mujeres y derechos reproductivos en las Américas,” disponible en: http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/(ES)%20Advocacy%20Doc%20for%20OAS%20Convening.pdf

[2] Consejo de Derechos Humanos (2013). Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez (A/HRC/22/53), disponible en: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx

[3] Violencia sexual en Latinoamérica y El Caribe: Análisis de datos secundarios. Disponible en http://www.oas.org/dsp/documentos/Observatorio/violencia_sexual_la_y_caribe_2.pdf

[4] Centro de Derechos Reproductivos (2015). “Violencia contra las mujeres y derechos reproductivos en las Américas,” disponible en: http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/(ES)%20Advocacy%20Doc%20for%20OAS%20Convening.pdf

La desigualdad y sus múltiples dimensiones

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La desigualdad y sus múltiples dimensiones es un desafío que deben abordar los Estados considerando la relación entre activos económicos y no económicos, y la relación entre desigualdad y discriminación. Las desigualdades no sólo se remiten a recursos y bienes, también a las diferencias respecto a las oportunidades y posibilidades en el ámbito social, político, económico y cultural y afectan de manera diferenciada a las mujeres.

En América Latina y el Caribe hay expectativas respecto del horizonte democrático que se ha abierto en este siglo, pero también existe preocupación sobre la sostenibilidad de las vías de desarrollo, las recurrentes crisis de gobernabilidad y la intensificación de conflictos sociales. La mayor parte de los países han optado por el endeudamiento o basan su crecimiento en el alza de precios de minerales, sin haber puesto en marcha las reestructuraciones productivas necesarias.

En el 2008 la pobreza alcanzó a un 33% de la población de la región, incluyendo un 12,9% de pobreza extrema, lo que corresponde a 180 millones de personas[1]; si bien algunos países han reducido sus niveles de pobreza (como Costa Rica, Perú y Uruguay), en otros aumentaron (como Bolivia, Guatemala y México). Adicionalmente, se reprodujeron las desigualdades de ingreso y de oportunidades, conviviendo con sistemas fiscales poco redistributivos, lo que evidencia la escasa capacidad de los Estados para cobrar impuestos y transferir ingresos a los hogares de más bajos ingresos[2].

La información disponible muestra la persistencia de la feminización de la pobreza. En la medida en que las mujeres tienen un acceso restringido al mercado laboral y, en general, a los recursos económicos, aumenta su dependencia y vulnerabilidad. Según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de CEPAL[3], en el año 2009, el 31,8% de las mujeres no tenían ingresos propios, porcentaje que se reduce a 12,6% para los hombres. En el año 2010, vivían en situación de pobreza  118 mujeres por cada 100 hombres. Los hogares encabezados por mujeres han ido en aumento, pasando del 22% en 1990 al 31% en el 2008[4].

Existe además gran preocupación por los altos índices de embarazo adolescente, ya que la información existente demuestra que a mayor pobreza, mayores posibilidades de un embarazo adolescente no deseado[5]. En general, las mujeres enfrentan un déficit de atención en salud y carencia de información respecto a sus derechos sexuales y reproductivos, lo que se agudiza en las zonas rurales y de población indígena.

La heterogeneidad que presenta la región con respecto a los índices de Desarrollo Humano y de Desigualdad de Género e indicadores relacionados, puede apreciarse en el cuadro al final de este artículo[6].

Si se analizan las brechas de género en el ingreso (referidas a los ingresos diferenciales entre hombres y mujeres en condiciones similares de ocupación y educación) en la región como conjunto, se aprecian las diferencias: en el 2002, las mujeres percibían entre 58% y 77% menos de lo que percibían los hombres. Esta brecha se profundiza al confluir el género y la etnia, por ejemplo: en Perú, un estudio realizado en 2010 que explora la relación entre ingresos, ocupación y lengua materna, concluye que los hombres cuya lengua materna es el castellano tienen ingresos 53% mayores que las mujeres; en el caso de trabajadores cuya lengua materna es nativa (quechua, aymara y lenguas amazónicas), los hombres obtienen ingresos 64% mayores que las mujeres (Garavito, 2011)[7].

La desigualdad y la discriminación se acentúan en ciertos ámbitos laborales, donde además confluyen el género y la etnia, como es el caso del trabajo doméstico; en muchos países (como Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala y Perú), éste es realizado por mujeres indígenas o afrodescendientes, en condiciones precarias o con un trato más de servidumbre que de relación laboral. En Brasil, por ejemplo, un 40% de las mujeres negras o mestizas trabaja en el servicio doméstico y solo un 15% de las mujeres blancas lo hace. En ese mismo país, los datos muestran que el 37% de las mujeres negras son la fuente primaria de ingresos de sus familias, mientras sólo un 12% de mujeres blancas están en esa situación; asimismo, las mujeres negras perciben mensualmente en promedio, un tercio menos del promedio mensual que reciben las mujeres blancas jefas de familia (Peredo, 2004)[8]. Evidentemente, existe un “núcleo duro” de exclusión donde confluyen pobreza, etnicidad y género.

La discriminación étnico-racial afecta a hombres y a mujeres, pero su impacto diferencial es mayor para las mujeres; esta discriminación, en la actualidad, se reproduce asociada a la marginalidad y la pobreza (por ejemplo, datos de la región para el período 1997-2007[9] indican que la mendicidad de la población afrodescendiente e indígena, es muy superior a la del resto de la población), dando lugar a una cadena de jerarquizaciones y exclusiones eslabonadas de las que forman parte las mujeres. Ese tipo de discriminación tiene raíces coloniales y se fundamenta en la convicción de la superioridad de la raza blanca y europea. Como afirma Peredo (2004), las culturas dominantes intentan uniformizar-civilizar a los diferentes grupos étnicos, a la vez que negarles sus derechos.

Tal como consigna la CEDAW, los Estados tienen la obligación de garantizar “por todos los medios apropiados y sin dilaciones” la eliminación de la discriminación contra las mujeres y su igualdad de jure y de facto, así como “asegurar por la ley u otros medios apropiados la realización práctica de este principio” (art. 1, 2 y 3).

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[1] 56. CEPAL (2009b) citado en Mones (2010:9)

[2] . Sobre el tema, la FAO señala que en el 2006, América Latina y el Caribe tenían una carga tributaria promedio de 18,2%, mientras que la de la Unión Europea era de 39,8%.(FAO. Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina y el Caribe. 2009)

[3] Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de CEPAL (http://www.cepal.org/oig/)

[4] 59. PNUD con base en datos de 2009 de CEPAL (www.americalatinagenera.org).

[5] Rodríguez Vignoli, Jorge. Reproducción adolescente y desigualdades en América Latina y el Caribe: un llamado a la reflexión y a la acción. OIJ, CELADE, CEPAL y UNFPA. Chile. 2008.

[6] PNUD. Informe de desarrollo humano 2011. Sostenibilidad y equidad: un mejor futuro para todos. 2011.

[7] Garavito, Cecilia. “Desigualdad en los ingresos: género y lengua materna”. En: León Castillo, Janina e Iguíñiz Echeverría, Javier (editores). Desigualdad distributiva en el Perú: dimensiones. Pontificia Universidad Católica, Fondo Editorial. Lima, Perú, 2011

[8] Peredo, Elizabeth. Una aproximación a la problemática de género y etnicidad en América Latina. CEPAL. Chile. 2004.

[9] CEPAL y Latinobarómetro. América Latina frente al espejo. Dimensiones objetivas y subjetivas de la inequidad social y el bienestar en la región. 2010.

Artículo extraído de la publicación de la CIM: “La Ciudadanía de las Mujeres en las Democracias de las Américas”

La Inclusión Social de Mujeres Encarceladas Por Delitos De Drogas

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Sistemas de discriminación y exclusión también operan en el mundo de las drogas. Las mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas son jóvenes, de bajo nivel socioeconómico y de escolarización y juegan un rol protagónico en el mantenimiento de sus familias. En muchos casos son jefas de hogar, y mujeres solteras con hijas e hijos menores.

El diseño de políticas públicas efectivas para la inclusión social de estas mujeres desde una perspectiva de género constituye un importante desafío que enfrenta la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), que en el 2014 publicó un diagnóstico donde revela que la mayoría de las mujeres privadas de libertad en la región lo están por delitos relacionados con las drogas: 80 por ciento en Ecuador, entre 30 y 60 por ciento en México, 64 por ciento en Costa Rica y 75 por ciento en Sao Paulo, Brasil para ofrecer solo algunos ejemplos.

En general, estas mujeres parten de condiciones de pobreza y de exclusión social donde carecen de oportunidades en la economía formal y en la capacitación laboral y recurren al microtráfico ante una situación de necesidad económica.  Una vez que ingresan, tienden a quedarse en los eslabones más bajos del mercadeo y son detenidas por distintas razones: por posesión; por introducir pequeñas cantidades a los centros penales y por participar en el microtráfico como resultado de coerción o violencia de parte de personas conocidas y desconocidas, entre otras razones. Muchas mujeres que cometen estos delitos lo hacen a cambio de una remuneración y de manera consciente.

Es importante entender la complejidad y la interrelación de factores detrás de la participación de las mujeres en el mundo de las drogas. La exclusión social de estas mujeres pone límites sobre su autonomía y su capacidad de decidir. La aplicación de un enfoque de inclusión social a cualquier análisis de la justicia penal en casos de mujeres detenidas por delitos de drogas es esencial. Hasta ahora, el enfoque ha sido de criminalización y aplicación de medidas punitivas desproporcionadas.

Las necesidades y la situación en la que se encuentran estas mujeres son generalmente invisibilizadas e ignoradas. Sufren una triple condena cuando son criminalizadas por el Estado: i) del lado jurídico ii) del lado social y; iii) del lado económico que les dificulta obtener trabajo posterior a su reclusión. El encarcelamiento de madres puede implicar que hijos menores nazcan y/o vivan en la cárcel con sus madres – y sean testigos del abuso carcelario. Asimismo, el abuso doméstico, el aislamiento de sus familias y la estigmatización social caracterizada como un impacto diferenciado de roles tradicionales de género son otros factores que afectan a estas mujeres.

No se ha logrado identificar e implementar estrategias de prevención basadas en medios de vida sostenibles. Se ignora cómo abordar, desde un enfoque de género, derechos humanos, e inclusión social, una reforma judicial – que incluya  el análisis de sentencias desproporcionadas, las alternativas al encarcelamiento para delitos no violentos, la rehabilitación de personas que han sido presas y la identificación de oportunidades post prisión. Un abordaje más efectivo de la inclusión social en el período post-encarcelamiento y la reconstrucción de la identidad y el sentido de pertenencia de estas mujeres es vital para mejorar los procesos de integración socio-laboral y superar las barreras para la inserción social.

El diseño e implementación de políticas públicas que posibiliten el pleno ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo de todas las mujeres es prioritario para la CIM.  Esto incluye responder desde un enfoque integral y de género a la realidad que enfrentan las mujeres encarceladas y aquellas que han cumplido sentencias por delitos de drogas, teniendo en cuenta como componente principal sus necesidades y sus derechos.

Extraído del artículo de la CIM sobre la inclusión social de mujeres encarceladas

Baje la publicación de la CIM; “Mujeres y drogas en las Américas: Un diagnóstico en construcción”

Visite la página Web de la CIM sobre mujeres y drogas

Hacia la elaboración de una Ley Modelo para Prevenir, Sancionar y Atender la Violencia Política contra las Mujeres

ley Scroll down for English

Cada vez que las mujeres avanzan en términos de su participación en un ámbito determinado – la política o la economía, por ejemplo – surgen nuevas formas de discriminación y violencia contra ellas. Estas nuevas formas de violencia pueden ser sutiles y poco visibles, o abiertas y llevadas a cabo con impunidad – y para nosotras es imprescindible nombrar y tipificarlas para empezar a formular una respuesta adecuada, desde un enfoque de derechos humanos.

En este sentido, la CIM ha propiciado un debate hemisférico sobre este creciente fenómeno del acoso y de la violencia contra mujeres que tratan de ejercer sus derechos en el ámbito político – fenómeno que está siendo resaltado por cada vez más mujeres parlamentarias, concejalas, alcaldesas, gobernadoras, ministras, juezas y hasta Jefas de Estado.

Este diálogo ha destacado la necesidad de una respuesta – hemisférica, fuerte e integral – con base en la cual la CIM está en proceso de elaborar un proyecto de Ley Modelo para Prevenir, Sancionar y Atender la Violencia Política contra las Mujeres.

Esa Ley Modelo, elaborada primero con base en el marco jurídico vigente a nivel internacional, incluyendo tanto la CEDAW como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y segundo, a partir de las experiencias existentes de países como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú, servirá como herramienta para guiar la tipificación, la atención y la sanción de la violencia política a nivel nacional. El debate sobre la elaboración de esta ley se basa en las manifestaciones y el alcance de la violencia política, en particular:

  1. El hecho de que la violencia política contra las mujeres se extiende paralelamente al incremento del número de mujeres en la política;
  1. Que hay mayor incidencia de violencia política en los ámbitos sub-nacionales, donde las mujeres están menos visibles, y por ende más desprotegidas que en el ámbito nacional;
  1. Que las políticas para eliminar la violencia política deben incluir la responsabilidad de los partidos políticos;
  1. El papel fundamental de las instituciones y tribunales electorales para la tutela de los derechos políticos y la eliminación de la violencia política; y
  1. La importancia de que las mujeres en puestos de poder apoyen e impulsen estas iniciativas.

Se debatieron los contenidos básicos de la Ley Modelo, en particular:

  1. El concepto, sobre si utilizar “acoso” o “violencia”, quién define la violencia, si ésta se define en función del sujeto activo o del sujeto pasivo, y sobre la necesidad de incluir la diversidad de las mujeres como un componente clave;
  1. Las vías y los tipos de sanciones que se podrían aplicar. Se coincidió en que las vías no son excluyentes y que deben ser las propias mujeres las que elijan la vía que prefieran seguir
  1. El tema de la impunidad fue subrayado como un requerimiento insoslayable – porque independientemente de la Ley que se ponga en un papel, si no se implementa – si no se sancionan de manera efectiva la violencia política – los derechos políticos de las mujeres nunca serán una realidad.

Avanzar en la elaboración de esta Ley Modelo constituye el primer paso para que las mujeres de la región ejerzan sus derechos políticos libres de violencia.

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ENGLISH

Draft Model Law to Prevent, Punish and Address Political Violence against Women

As the number of women participating in a particular sphere- such as politics or the economy-   increases, new types of violence and discrimination against them tend to emerge. These new types of violence can be subtle and hardly visible, or easily noticeable and carried out with impunity. For the CIM it is fundamental to name and typify them in order to provide an appropriate response from a perspective of human rights.

Therefore, the CIM has initiated a hemispheric debate on the growing phenomenon of harassment and violence against women who are exercising their rights in the political sphere- a phenomenon increasingly referred to by women parliamentarians, women councilors, mayors, governors, ministers, judges and even by women Heads of State.

This debate has addressed the need for a hemispheric, strong and integral response. Based on this need the CIM is developing a draft Model Law to Prevent, Punish and Address Political Violence against Women.

The Model Law, which is based, on the one hand, on the current international juridical framework (including CEDAW and the Inter-American Convention to Prevent, Punish and Eradicate Violence against Women) and, on the other hand, on the current experiences of countries like Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Mexico and Peru, attempts to serve as a guiding tool for the typification, response to and punishment of political violence at the national level.  The debate on this law is based on manifestations and the scope of political violence, in particular:

  1. The fact that political violence against women increases in parallel with the number of women in politics;
  2. The greater incidence of political violence at sub-national level, in which women are less visible and consequently less protected than at the national level;
  3. That policies to eliminate political violence must include the responsibility of political parties;
  1. The fundamental role of electoral institutions and tribunals for the protection of political rights and the elimination of political violence; and
  2. The relevance that women in positions of power support and encourage these initiatives.

The contents of the Model Law that were debated:

  1. The concept itself, if “harassment” or “violence” should be used, who defines violence, if violence should be defined in terms of the active or passive subject and the need to include women’s diversity as a key component;
  2. The processes and the type of sanctions that could be implemented. They concluded that processes should not be mutually exclusive and that women themselves should choose the process they prefer and finally
  3. Impunity was highlighted as a main issue – regardless of the law being written, if it is not implemented- if political violence is not effectively punished- women’s political rights will never be a reality.

Advancing the Draft Model Law to Prevent, Punish and Address Political Violence against Women is the first step to the exercise of women’s political rights free from violence.

* Igualdad de Género para la Innovación y Competitividad

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La ventaja competitiva de una economía o empresa depende hoy en día cada vez más de ideas innovadoras y servicios intangibles.  Según el World Economic Forum (WEF), nos estamos moviendo del capitalismo al “talentismo”. El modelo de producción de bajo costo promovido en la región durante las últimas décadas es obsoleto y para que un país pueda competir, requiere transitar hacia una sociedad del conocimiento en la que se privilegie el capital humano (PNUD, 2011). En este quehacer es necesaria una mayor inclusión de mujeres en condiciones de equidad e igualdad. Las mujeres constituyen la mitad del potencial humano disponible en las economías –fuente de talento y trabajo, de imaginación y de creación, cuyo uso eficiente es condición indispensable para la competitividad y el desarrollo.

Una investigación efectuada por McKensey & Company (2007) sugiere que las compañías fuertemente representadas por mujeres a nivel de los directorios y puestos de alta gerencia, son también las empresas que presentan un mejor desempeño. Esto no necesariamente debido a una mayor inclusión de mujeres, sino por la posibilidad de contar con una mayor diversidad y pluralidad en la gestión y toma de decisiones.  A nivel macroeconómico, también se cuenta con evidencias sobre el impacto de una mayor participación de mujeres en el ámbito laboral. Un estudio de Goldman Sachs (2007) muestra que si se lograra la paridad laboral entre hombres y mujeres en los Estados Unidos, el Producto Bruto Interno de este país se incrementaría en un 9%; indicador que ascendería a 13% para la Unión Europea y 16% para el Japón. Si bien estas estimaciones dependen de varios factores y no necesariamente son lineales, sirven para demostrar que al incrementarse la igualdad, no sólo se benefician las mujeres, sino también la sociedad en su conjunto con impactos importantes para el desarrollo sostenible y la competitividad.

En dicho marco, la concepción tradicional de la competitividad asociada al comercio exterior y desempeño económico, no guarda un valor en sí mismo sino en la medida en que esté orientada a objetivos más amplios de productividad nacional, de mejoramiento de condiciones de vida de la población y como una oportunidad para asegurar el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y políticos de dicha población (PNUD, 2011). Superar esta visión de eficiencia económica y estrategias de ventajas comparativas implica utilizar la noción de competitividad social como expresión de una economía de eficiencia que rinda cuentas de las retribuciones que ésta tiene para el conjunto social (R. Echeverri).

El crecimiento económico  de la región en los últimos años, el logro educativo de las mujeres y el incremento de su participación en el mercado laboral, así como los avances en materia de género y derechos en distintos ámbitos, respaldados con marcos jurídicos e infraestructura institucional y programas que impulsan la igualdad de género, no han sido suficientes para mitigar las desigualdades en la región. Estos progresos tampoco han podido revertir el estancamiento de la competitividad en América Latina, reflejando la necesidad de reformas estructurales e inversiones que aseguren mejores niveles de productividad y crecimiento en condiciones de equidad e igualdad (WEF, 2013).

Entre las principales barreras que enfrentan las mujeres en el contexto de la competitividad se incluyen el limitado acceso al cré­dito, la corrupción, las inequitativas regulaciones laborales y las dificultades para insertarse al mercado formal. Asimismo, entre  los factores que contribuyen a esta limitante se encuentran, la segmentación laboral, los estereotipos de género, las restricciones legales y regulatorias, la carencia de una aplicación efectiva del marco legislativo existente y la debilidad de las políticas de conciliación entre la esfera productiva y reproductiva.  Sobre este último factor se destaca que, a pesar que las mujeres han incursionado al mercado laboral de manera irreversible en los últimos años, esto no ha representado la reducción de su carga de trabajo reproductivo no remunerado.

Asimismo, entre los factores que contribuyen a alejar a las mujeres de la ciencia, tecnología e ingenierías, área clave para el desarrollo de capacidades de innovación y competitividad,  se incluye los estereotipos de género; las dificultades para equilibrar la vida profesional, personal y familiar; la discriminación explícita y sutil; y el imaginario social sobre la ciencia y los científicos.

El abordaje de la igualdad y equidad de género en la competitividad, como parte de la agenda del Foro de Competitividad de las Américas es fundamental para contribuir desde dicho espacio al intercambio de experiencias y generación de políticas y estrategias en la materia. Este espacio se torna aún más importante frente al rol que podría cumplir dicho Foro para impulsar en los países de la región una agenda articulada que considere el impacto de la desigualdad de género en la capacidad de los países para competir exitosamente en un nuevo contexto económico (PNUD, 2011).   En dicho quehacer, se concluye con algunas consideraciones adicionales:

Las variables tradicionales para medir la competitividad dejan de lado ámbitos en los que las mujeres contribuyen de manera importante al país, como es el trabajo doméstico no remunerado y la economía informal. Por ello, es fundamental replantear el análisis y medición de la competitividad más allá del ámbito productivo y la economía formal.

  • Existe la necesidad de abordar de manera profunda la relación entre la igualdad de género y la competitividad, incluyendo entre los temas, el cómo la sociedad del conocimiento puede mejorar las condiciones de las mujeres y cómo la igualdad de género puede contribuir con la competitividad y una sociedad del conocimiento.
  • Se necesita contar con datos desagregados por sexo en áreas críticas de la competitividad y la sociedad del conocimiento, incluyendo la relación entre inversión en I+D en cada país, cantidad de mujeres y varones en CTII y el ejercicio de su profesión; retención en la educación; patentes registradas. Esto puede ayudar a medir el impacto de la desigualdad de género en áreas clave para mejorar la competitividad.
  • Frente a la persistente baja presencia de mujeres en puestos de decisión de la CTII, se requiere de políticas y estrategias que generen incentivos para lograr una mayor participación de mujeres en áreas estratégicas para mejorar la competitividad y la sociedad del conocimiento. Esto conllevará una colaboración intersectorial e interinstitucional y trabajo conjunto entre diversos sectores.

* Extracto del Artículo “Igualdad de Género para la Innovación y Competitividad” preparado por María Celina Conte, Especialista de la Comisión Interamericana de Mujere s (CIM), disponible en El Tercer Informe “Señales de Competitividad en las Américas”-2014, páginas 60-62: http://riacnet.org/archivos/informe/esp-informe-2014.pdf

Alianzas globales para una comunicación con enfoque de género

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Mirar la realidad desde un enfoque de género es una modalidad frecuentemente ignorada por los medios de comunicación. Trasmitir noticias en donde las mujeres estén representadas a través de imágenes diversas y no estereotipadas y en donde sus opiniones estén presentes al igual que las de los hombres sigue siendo un desafío para quienes aspiramos a erradicar la discriminación contra las mujeres y abogamos por una práctica comunicacional más democrática e inclusiva.

Miles de voluntarias y voluntarios de distintos medios de comunicación e instituciones unieron esfuerzos a nivel global para enfrentar este desafío e investigar sobre la equidad de género en las noticias en más de 130 países del mundo. Esta iniciativa es liderada por el Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP), organizado por la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC, por sus siglas en inglés) en conjunto con coordinadores regionales y nacionales.

Este proyecto que se lleva a cabo cada año permite la colaboración de organizaciones comunitarias y de equidad de género, investigadores, y profesionales en comunicación con el objetivo de promover la justicia de género a través de una representación más justa y balanceada de las mujeres en las noticias.

En investigaciones anteriores, el Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP) ha señalado que las mujeres son frecuentemente invisibles en los medios de comunicación. En 2010, por ejemplo, el proyecto reveló que de todas las personas escuchadas, vistas, o representadas en las noticias, solo un 24% son mujeres. La información recopilada de esta investigación del 2015 busca analizar el estado de esta situación en diferentes partes del mundo.

La meta es identificar las desigualdades de género perpetuadas a través de las noticias y proveer información para sensibilizar a periodistas y concientizar a las y los consumidores sobre estos tratamientos discriminatorios y excluyentes a fin de generar herramientas para combatirlos.

Los resultados de esta investigación estarán listos a fines de septiembre de 2015, antes de la Cumbre de Naciones Unidas en la que se adoptará la agenda de desarrollo post-2015.

La promoción y el fortalecimiento de iniciativas como GMMP sin duda representan una gran oportunidad para lograr los objetivos fijados en la Plataforma de Acción de Beijing, en el capítulo “J” sobre mujeres y medios y contribuir a que el enfoque de género en el periodismo sea una realidad.

Propuestas ganadoras del Concurso Borremos la Violencia Virtual

Imagen concurso violencia virtual nov 05 2014

 

El Jurado compuesto por Hilary Anderson, Especialista Principal de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA), Rosa Celorio, Especialista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH/OEA) y Morgan Neil, Especialista del Departamento de Prensa de la OEA decidieron que las propuestas ganadaras del Concurso de la CIM: Borremos la Violencia Virtual fueron:

Primer premio: Luisa Fernanda Enriquez Vela (video)

videoViolenciaVirtual

 

Segundo Premio: Nadiezhda Flores (imágen)

Nadinka Flores basta de violencia virtual

 

3er premio: Dayanna Sarah Castro Farro (imágen)

Dayanna Castro Farro AFICHE

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