Hacia la elaboración de una Ley Modelo para Prevenir, Sancionar y Atender la Violencia Política contra las Mujeres

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Cada vez que las mujeres avanzan en términos de su participación en un ámbito determinado – la política o la economía, por ejemplo – surgen nuevas formas de discriminación y violencia contra ellas. Estas nuevas formas de violencia pueden ser sutiles y poco visibles, o abiertas y llevadas a cabo con impunidad – y para nosotras es imprescindible nombrar y tipificarlas para empezar a formular una respuesta adecuada, desde un enfoque de derechos humanos.

En este sentido, la CIM ha propiciado un debate hemisférico sobre este creciente fenómeno del acoso y de la violencia contra mujeres que tratan de ejercer sus derechos en el ámbito político – fenómeno que está siendo resaltado por cada vez más mujeres parlamentarias, concejalas, alcaldesas, gobernadoras, ministras, juezas y hasta Jefas de Estado.

Este diálogo ha destacado la necesidad de una respuesta – hemisférica, fuerte e integral – con base en la cual la CIM está en proceso de elaborar un proyecto de Ley Modelo para Prevenir, Sancionar y Atender la Violencia Política contra las Mujeres.

Esa Ley Modelo, elaborada primero con base en el marco jurídico vigente a nivel internacional, incluyendo tanto la CEDAW como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y segundo, a partir de las experiencias existentes de países como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú, servirá como herramienta para guiar la tipificación, la atención y la sanción de la violencia política a nivel nacional. El debate sobre la elaboración de esta ley se basa en las manifestaciones y el alcance de la violencia política, en particular:

  1. El hecho de que la violencia política contra las mujeres se extiende paralelamente al incremento del número de mujeres en la política;
  1. Que hay mayor incidencia de violencia política en los ámbitos sub-nacionales, donde las mujeres están menos visibles, y por ende más desprotegidas que en el ámbito nacional;
  1. Que las políticas para eliminar la violencia política deben incluir la responsabilidad de los partidos políticos;
  1. El papel fundamental de las instituciones y tribunales electorales para la tutela de los derechos políticos y la eliminación de la violencia política; y
  1. La importancia de que las mujeres en puestos de poder apoyen e impulsen estas iniciativas.

Se debatieron los contenidos básicos de la Ley Modelo, en particular:

  1. El concepto, sobre si utilizar “acoso” o “violencia”, quién define la violencia, si ésta se define en función del sujeto activo o del sujeto pasivo, y sobre la necesidad de incluir la diversidad de las mujeres como un componente clave;
  1. Las vías y los tipos de sanciones que se podrían aplicar. Se coincidió en que las vías no son excluyentes y que deben ser las propias mujeres las que elijan la vía que prefieran seguir
  1. El tema de la impunidad fue subrayado como un requerimiento insoslayable – porque independientemente de la Ley que se ponga en un papel, si no se implementa – si no se sancionan de manera efectiva la violencia política – los derechos políticos de las mujeres nunca serán una realidad.

Avanzar en la elaboración de esta Ley Modelo constituye el primer paso para que las mujeres de la región ejerzan sus derechos políticos libres de violencia.

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ENGLISH

Draft Model Law to Prevent, Punish and Address Political Violence against Women

As the number of women participating in a particular sphere- such as politics or the economy-   increases, new types of violence and discrimination against them tend to emerge. These new types of violence can be subtle and hardly visible, or easily noticeable and carried out with impunity. For the CIM it is fundamental to name and typify them in order to provide an appropriate response from a perspective of human rights.

Therefore, the CIM has initiated a hemispheric debate on the growing phenomenon of harassment and violence against women who are exercising their rights in the political sphere- a phenomenon increasingly referred to by women parliamentarians, women councilors, mayors, governors, ministers, judges and even by women Heads of State.

This debate has addressed the need for a hemispheric, strong and integral response. Based on this need the CIM is developing a draft Model Law to Prevent, Punish and Address Political Violence against Women.

The Model Law, which is based, on the one hand, on the current international juridical framework (including CEDAW and the Inter-American Convention to Prevent, Punish and Eradicate Violence against Women) and, on the other hand, on the current experiences of countries like Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Mexico and Peru, attempts to serve as a guiding tool for the typification, response to and punishment of political violence at the national level.  The debate on this law is based on manifestations and the scope of political violence, in particular:

  1. The fact that political violence against women increases in parallel with the number of women in politics;
  2. The greater incidence of political violence at sub-national level, in which women are less visible and consequently less protected than at the national level;
  3. That policies to eliminate political violence must include the responsibility of political parties;
  1. The fundamental role of electoral institutions and tribunals for the protection of political rights and the elimination of political violence; and
  2. The relevance that women in positions of power support and encourage these initiatives.

The contents of the Model Law that were debated:

  1. The concept itself, if “harassment” or “violence” should be used, who defines violence, if violence should be defined in terms of the active or passive subject and the need to include women’s diversity as a key component;
  2. The processes and the type of sanctions that could be implemented. They concluded that processes should not be mutually exclusive and that women themselves should choose the process they prefer and finally
  3. Impunity was highlighted as a main issue – regardless of the law being written, if it is not implemented- if political violence is not effectively punished- women’s political rights will never be a reality.

Advancing the Draft Model Law to Prevent, Punish and Address Political Violence against Women is the first step to the exercise of women’s political rights free from violence.

* Igualdad de Género para la Innovación y Competitividad

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La ventaja competitiva de una economía o empresa depende hoy en día cada vez más de ideas innovadoras y servicios intangibles.  Según el World Economic Forum (WEF), nos estamos moviendo del capitalismo al “talentismo”. El modelo de producción de bajo costo promovido en la región durante las últimas décadas es obsoleto y para que un país pueda competir, requiere transitar hacia una sociedad del conocimiento en la que se privilegie el capital humano (PNUD, 2011). En este quehacer es necesaria una mayor inclusión de mujeres en condiciones de equidad e igualdad. Las mujeres constituyen la mitad del potencial humano disponible en las economías –fuente de talento y trabajo, de imaginación y de creación, cuyo uso eficiente es condición indispensable para la competitividad y el desarrollo.

Una investigación efectuada por McKensey & Company (2007) sugiere que las compañías fuertemente representadas por mujeres a nivel de los directorios y puestos de alta gerencia, son también las empresas que presentan un mejor desempeño. Esto no necesariamente debido a una mayor inclusión de mujeres, sino por la posibilidad de contar con una mayor diversidad y pluralidad en la gestión y toma de decisiones.  A nivel macroeconómico, también se cuenta con evidencias sobre el impacto de una mayor participación de mujeres en el ámbito laboral. Un estudio de Goldman Sachs (2007) muestra que si se lograra la paridad laboral entre hombres y mujeres en los Estados Unidos, el Producto Bruto Interno de este país se incrementaría en un 9%; indicador que ascendería a 13% para la Unión Europea y 16% para el Japón. Si bien estas estimaciones dependen de varios factores y no necesariamente son lineales, sirven para demostrar que al incrementarse la igualdad, no sólo se benefician las mujeres, sino también la sociedad en su conjunto con impactos importantes para el desarrollo sostenible y la competitividad.

En dicho marco, la concepción tradicional de la competitividad asociada al comercio exterior y desempeño económico, no guarda un valor en sí mismo sino en la medida en que esté orientada a objetivos más amplios de productividad nacional, de mejoramiento de condiciones de vida de la población y como una oportunidad para asegurar el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y políticos de dicha población (PNUD, 2011). Superar esta visión de eficiencia económica y estrategias de ventajas comparativas implica utilizar la noción de competitividad social como expresión de una economía de eficiencia que rinda cuentas de las retribuciones que ésta tiene para el conjunto social (R. Echeverri).

El crecimiento económico  de la región en los últimos años, el logro educativo de las mujeres y el incremento de su participación en el mercado laboral, así como los avances en materia de género y derechos en distintos ámbitos, respaldados con marcos jurídicos e infraestructura institucional y programas que impulsan la igualdad de género, no han sido suficientes para mitigar las desigualdades en la región. Estos progresos tampoco han podido revertir el estancamiento de la competitividad en América Latina, reflejando la necesidad de reformas estructurales e inversiones que aseguren mejores niveles de productividad y crecimiento en condiciones de equidad e igualdad (WEF, 2013).

Entre las principales barreras que enfrentan las mujeres en el contexto de la competitividad se incluyen el limitado acceso al cré­dito, la corrupción, las inequitativas regulaciones laborales y las dificultades para insertarse al mercado formal. Asimismo, entre  los factores que contribuyen a esta limitante se encuentran, la segmentación laboral, los estereotipos de género, las restricciones legales y regulatorias, la carencia de una aplicación efectiva del marco legislativo existente y la debilidad de las políticas de conciliación entre la esfera productiva y reproductiva.  Sobre este último factor se destaca que, a pesar que las mujeres han incursionado al mercado laboral de manera irreversible en los últimos años, esto no ha representado la reducción de su carga de trabajo reproductivo no remunerado.

Asimismo, entre los factores que contribuyen a alejar a las mujeres de la ciencia, tecnología e ingenierías, área clave para el desarrollo de capacidades de innovación y competitividad,  se incluye los estereotipos de género; las dificultades para equilibrar la vida profesional, personal y familiar; la discriminación explícita y sutil; y el imaginario social sobre la ciencia y los científicos.

El abordaje de la igualdad y equidad de género en la competitividad, como parte de la agenda del Foro de Competitividad de las Américas es fundamental para contribuir desde dicho espacio al intercambio de experiencias y generación de políticas y estrategias en la materia. Este espacio se torna aún más importante frente al rol que podría cumplir dicho Foro para impulsar en los países de la región una agenda articulada que considere el impacto de la desigualdad de género en la capacidad de los países para competir exitosamente en un nuevo contexto económico (PNUD, 2011).   En dicho quehacer, se concluye con algunas consideraciones adicionales:

Las variables tradicionales para medir la competitividad dejan de lado ámbitos en los que las mujeres contribuyen de manera importante al país, como es el trabajo doméstico no remunerado y la economía informal. Por ello, es fundamental replantear el análisis y medición de la competitividad más allá del ámbito productivo y la economía formal.

  • Existe la necesidad de abordar de manera profunda la relación entre la igualdad de género y la competitividad, incluyendo entre los temas, el cómo la sociedad del conocimiento puede mejorar las condiciones de las mujeres y cómo la igualdad de género puede contribuir con la competitividad y una sociedad del conocimiento.
  • Se necesita contar con datos desagregados por sexo en áreas críticas de la competitividad y la sociedad del conocimiento, incluyendo la relación entre inversión en I+D en cada país, cantidad de mujeres y varones en CTII y el ejercicio de su profesión; retención en la educación; patentes registradas. Esto puede ayudar a medir el impacto de la desigualdad de género en áreas clave para mejorar la competitividad.
  • Frente a la persistente baja presencia de mujeres en puestos de decisión de la CTII, se requiere de políticas y estrategias que generen incentivos para lograr una mayor participación de mujeres en áreas estratégicas para mejorar la competitividad y la sociedad del conocimiento. Esto conllevará una colaboración intersectorial e interinstitucional y trabajo conjunto entre diversos sectores.

* Extracto del Artículo “Igualdad de Género para la Innovación y Competitividad” preparado por María Celina Conte, Especialista de la Comisión Interamericana de Mujere s (CIM), disponible en El Tercer Informe “Señales de Competitividad en las Américas”-2014, páginas 60-62: http://riacnet.org/archivos/informe/esp-informe-2014.pdf

Alianzas globales para una comunicación con enfoque de género

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Mirar la realidad desde un enfoque de género es una modalidad frecuentemente ignorada por los medios de comunicación. Trasmitir noticias en donde las mujeres estén representadas a través de imágenes diversas y no estereotipadas y en donde sus opiniones estén presentes al igual que las de los hombres sigue siendo un desafío para quienes aspiramos a erradicar la discriminación contra las mujeres y abogamos por una práctica comunicacional más democrática e inclusiva.

Miles de voluntarias y voluntarios de distintos medios de comunicación e instituciones unieron esfuerzos a nivel global para enfrentar este desafío e investigar sobre la equidad de género en las noticias en más de 130 países del mundo. Esta iniciativa es liderada por el Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP), organizado por la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC, por sus siglas en inglés) en conjunto con coordinadores regionales y nacionales.

Este proyecto que se lleva a cabo cada año permite la colaboración de organizaciones comunitarias y de equidad de género, investigadores, y profesionales en comunicación con el objetivo de promover la justicia de género a través de una representación más justa y balanceada de las mujeres en las noticias.

En investigaciones anteriores, el Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP) ha señalado que las mujeres son frecuentemente invisibles en los medios de comunicación. En 2010, por ejemplo, el proyecto reveló que de todas las personas escuchadas, vistas, o representadas en las noticias, solo un 24% son mujeres. La información recopilada de esta investigación del 2015 busca analizar el estado de esta situación en diferentes partes del mundo.

La meta es identificar las desigualdades de género perpetuadas a través de las noticias y proveer información para sensibilizar a periodistas y concientizar a las y los consumidores sobre estos tratamientos discriminatorios y excluyentes a fin de generar herramientas para combatirlos.

Los resultados de esta investigación estarán listos a fines de septiembre de 2015, antes de la Cumbre de Naciones Unidas en la que se adoptará la agenda de desarrollo post-2015.

La promoción y el fortalecimiento de iniciativas como GMMP sin duda representan una gran oportunidad para lograr los objetivos fijados en la Plataforma de Acción de Beijing, en el capítulo “J” sobre mujeres y medios y contribuir a que el enfoque de género en el periodismo sea una realidad.

Propuestas ganadoras del Concurso Borremos la Violencia Virtual

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El Jurado compuesto por Hilary Anderson, Especialista Principal de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA), Rosa Celorio, Especialista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH/OEA) y Morgan Neil, Especialista del Departamento de Prensa de la OEA decidieron que las propuestas ganadaras del Concurso de la CIM: Borremos la Violencia Virtual fueron:

Primer premio: Luisa Fernanda Enriquez Vela (video)

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Segundo Premio: Nadiezhda Flores (imágen)

Nadinka Flores basta de violencia virtual

 

3er premio: Dayanna Sarah Castro Farro (imágen)

Dayanna Castro Farro AFICHE

The Role of Political Parties in addressing Political Violence against Women

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By Loretta Butler Turner (photo above), Shadow Minister of Labour and Social Development of the Commonwealth of The Bahamas, and member of Parliament, in her address during the CIM Round-Table Discussion “Political Violence against Women: A Hemispheric Challenge”, February 25th, Washington, DC 20006

I speak to you today as a Caribbean parliamentarian, though not officially on behalf of the region.

Additionally, though a member of the Official Opposition, the Government of The Bahamas has been fully supportive of my attendance at this meeting.

I thank my country’s Minister of Foreign Affairs, the Hon. Fred Mitchell for his assistance as well as our embassy here in WashingtonD.C.

What I say today are my own views, though I do believe that they represent the views of many throughout the Caribbean and in The Bahamas, both male and female.

The Bahamas has made considerable progress in terms of the involvement of women in the political process, progress of which I am immensely proud as a citizen and as a woman. By example, in The Bahamas there is considerable involvement by women in the civil service, on government boards and in other areas of public life.

But as a citizen and a woman, my task is to ask what else needs to be done to ensure greater equality for women in political parties generally and in the political process at every level of government.

There is still a long way to go in terms of the number of women in the elected lower chamber of our Parliament and the number of women as cabinet members.  These two areas are where ultimate political power resides, and where women are vastly underrepresented.

A well-known nursery rhyme reads: “Sticks and stones will break my bones/But words will never harm (or hurt) me.”

The rhyme was an admonition to children not to use physical means to retaliate against being taunted or teased.  However, in the context of today’s meeting we might take exception to the premise of the nursery rhyme.

Stick and stones and fists and even more lethal instruments are used to intimidate, maim and kill women.  But there are other forms of violence against women.

In the political process, such violence may be in the form of words as well as in how systems are rigged against the fuller participation of women in leadership in political parties.  One does not have to be physically harmed to be intimidated or to feel that one is being marginalized.

On a range of issues important to women, as well as issues related to gender equality, females in the political process often feel intimidated and afraid to speak for fear of not being a member of the political club, or marginalized if one does speak out on various issues.

There are subtle and not so subtle forms of women being intimidated and sidelined.  When one is the only, or among the few women in the room when important discussions are taking place, there is often the pressure to conform or to remain silent.

Silence is sometimes golden.  Yet as often, throughout history, marginalized groups have had to remain silent out of fear.

As political office or power is often seen as the preserve and prerogative of men, women often tread lightly and minimize their voices.

The way to change this equation is to have more women at the seat of political power at every level, especially in national legislatures.

Toward this end political parties may wish to devise targets in terms of numbers and deadlines for the inclusion of women as candidates for political office.

Correspondingly there will need to be vigorous recruitment efforts and training programs for women, especially as women have typically been more reticent in running for office for a variety of reasons.

Whereas men often feel naturally suited and are more inclined to run for office, there is the need for urgent and greater efforts by political parties to create the climate and conditions for more women to feel empowered and inclined to seek elected office.

In addition to political parties fostering gender equality within its own ranks, they must help to foster a climate of inclusion and tolerance at the local and national levels.

More women will run for office if there is a greater sense of equality within the national culture and women feel less intimidated and marginalized.

In this regard political parties must be more robust in challenging the offensive and abusive language directed toward women in public discourse.

Remaining silent sends a message.  A non-response is so often a thunderous response.  Moreover, it cannot mostly be women in public life addressing violence against women and gender equality.

We urgently need the voices of men generally and men in politics and public life in the promotion of a greater culture of respect for women within political parties and throughout national life.

Political parties must also be at the forefront of refashioning and constructing the architecture of equality, i.e. promoting laws, programs, systems, and opportunities for women to be more involved in decision-making at the highest level and to better address political violence against women

 

 

La arquitectura político electoral y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres 

 

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Alejandra Mora, Ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica y Presidenta de la CIM da la bienvenida a la audiencia durante la Mesa Redonda sobre violencia política, 25 de febrero de 2015. 

Una de las características más marcadas de las democracias latinoamericanas y caribeñas de finales del siglo XX ha sido el fortalecimiento de las elecciones competitivas, así como de la justicia electoral y de la legislación electoral. En términos generales puede decirse que se logrado un nivel alto de credibilidad en que los resultados de las elecciones reflejan la voluntad ciudadana. Las excepciones en cuanto a credibilidad son pocas, pero cuando existen, sin duda alguna constituye un grave problema para la democracia regional.

Las mujeres políticas y las feministas participaron activamente en este complejo proceso de construcción de sistemas electorales, demandando mecanismos efectivos que permitiesen aumentar la representación política de las mujeres y en general su acceso a cargos electivos. Fueron las mujeres argentinas quienes con su pionera Ley de Cupo de 1991, abrieron la posibilidad de incorporar acciones positivas (cuotas) a la regulación electoral por ley.

Las cuotas mínimas de participación de las mujeres, al igual que las cuotas mínimas y máximas para ambos sexos, se enmarcan en el artículo 4 de la CEDAW y son medidas especiales temporales para acelerar la igualdad de facto. Tanto la regulación como sus efectos, han sido muy dispares en los países de la región que las adoptaron por ley: desde casi un 40% en países como Argentina y Costa Rica, hasta menos del 10% en países como Brasil y Paraguay. Los procesos de aprobación y de puesta en práctica han sido extremadamente complejos  y hasta tramposos que devolvían ese escaño conquistado por una mujer a un hombre.

La política de cuotas ha sido, definitivamente, uno de los grandes aportes del movimiento de mujeres a los sistemas electorales en la búsqueda de una mayor participación política de las mujeres. Este puede considerarse el gran mecanismo en las últimas décadas, para la igualdad y el mejoramiento del acceso de las mujeres a los cargos políticos y a la vida pública. Ahora bien, del mecanismo temporal, se está planteando la participación igualitaria de mujeres y hombres en los espacios de poder: la democracia paritaria.

Si bien las cuotas mínimas continúan proponiéndose para situaciones de desigualdad, en la actualidad, la paridad es el horizonte para la región. Sin embargo, la democracia paritaria continúa siendo un concepto ajeno para los partidos, permitiendo que la exclusión rija sus criterios de funcionamiento y acción política. Para que se produzcan cambios se necesita cambiar la visión patriarcal tan arraigada que se base en el poder es fundamentalmente un asunto de hombres y que puede compartirse sólo “un poco” con las mujeres (a las que se subestima en sus capacidades), además de las acciones de incumplimiento y evasión de las normas.

Es en ese intersticio donde surgen situaciones como el acoso político, una forma de violencia de género que se refiere a acciones contra mujeres que se postulan o ejercen representación política, que puede tomar diversas formas: intimidación, descalificación, manipulación, hostigamiento e inclusive, la violencia psicológica o física.

La celebración del vigésimo aniversario de la adopción de la Convención de Belém do Pará durante 2014 nos llevó a reconocer que los derechos políticos de las mujeres no estarán plenamente garantizados hasta que la violencia y el acoso político estén cabalmente sancionados, se aplique justicia a los perpetradores de esta violencia y se repare a las mujeres en condición de violencia política.

Hasta ahora la violencia política ha sido poco documentada y menos abordada desde una perspectiva jurídica y de políticas públicas, pero no por esto haya dejado de existir.  Desde la CIM celebramos el 25 de febrero una Reunión de Expertas sobre “La Violencia Política contra las Mujeres: Un desafío hemisférico,” en la que se plantearon los lineamientos fundamentales para la formulación de una Ley Modelo sobre la Violencia y el Acoso Político, con base en los avances de la región en países como Bolivia, que en mayo de 2012 aprobó una ley específica contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres.  La CIM, a través del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará  (MESECVI) se ha comprometido en abordar el tema de la violencia política a fin de que las mujeres puedan ejercer libremente sus derechos políticos.

Extraído de la publicación de la CIM: La ciudadanía de las mujeres en las democracias de las Américas: http://www.oas.org/es/cim/docs/CiudadaniaMujeresDemocracia-Web.pdf

 

La CIM participa en encuentro de ONU “Las Mujeres en el Poder y la toma de decisiones: Construyendo un mundo diferente”

 

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La Secretaria Ejecutiva de la CIM, Carmen Moreno, participó, junto a más de 50 mujeres líderes, en la reunión internacional de alto nivel “Las mujeres en el poder y la toma de decisiones: Construyendo un mundo diferente”, organizada por ONU Mujeres y el Gobierno de Chile el 27 y 28 de febrero en Santiago, Chile .

La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet encabezó el encuentro. También participó en su inauguración el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

La reunión permitió reflexionar sobre los avances a 20 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing, en septiembre de 1995, en la que 189 gobiernos suscribieron la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que impulsó la adopción de una serie de medidas a favor de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres.

En su discurso, Carmen Moreno resaltó que “La plena inclusión política de las mujeres no es solamente una cuestión de igualdad numérica o de representatividad formal, sino que las mujeres representan una real posibilidad de cambio en el quehacer diario de nuestros sistemas políticos, y de su relevancia en la vida de toda la población”.  “Las mujeres en la política cuestionan y cambian los procesos de toma de decisiones, de asignación de recursos, y de ejercicio del poder”, añadió.

Si bien se observan avances significativos a lo largo de estos 20 años, como por ejemplo, la posición de liderazgo que logró América Latina como la región con el promedio más alto de mujeres parlamentarias (25,7%) y en donde más países han instituido cuotas de género y/o adoptado la paridad, estos avances han sido más limitados que los que se incluyen en la Plataforma de Acción de Beijing.

“A pesar de los compromisos y de las medidas adoptadas, los esfuerzos de los Estados encaminados para su realización siguen siendo limitados y las mujeres siguen enfrentando grandes barreras en base a la discriminación y la desigualdad de género que limitan el ejercicio de sus derechos, sobre todo sus derechos políticos”, destacó la Secretaria Ejecutiva de la CIM”. Resaltó además la importancia de superar la política de cuotas y avanzar hacia la paridad de género en toda la institucionalidad del Estado, lograr una distribución equitativa de poder dentro de los partidos políticos y acceso igualitario a financiamiento electoral.

La Secretaria Ejecutiva de la CIM hizo énfasis también en el permanente apoyo que brinda la CIM a los Estados en el cumplimiento de los compromisos vinculantes como la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y otros acuerdos como la Carta Democrática Interamericana y la Plataforma de Acción de Beijing y señaló el esfuerzo reciente de la Comisión en el establecimiento una matriz de indicadores del ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales de las mujeres validada a nivel hemisférico a través de una serie de talleres, la que formará la base fundamental de la labor de la Comisión en los próximos años.

Asimismo, indicó la importancia que se sancionen la violencia y el acoso político para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. La CIM incluyó el tema de la violencia política en la labor del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). El 25 de febrero celebró una Reunión de Expertas sobre “La Violencia Política contra las Mujeres: Un desafío hemisférico,” para plantear los lineamientos fundamentales de una Ley Modelo sobre la Violencia y el Acoso Político, en base a los avances de la región en países como Bolivia, Costa Rica, México y Perú.

Al concluir su discurso, Carmen Moreno enfatizó que: ” La participación igualitaria y sustantiva de las mujeres en la toma de decisiones, la asignación de recursos y el ejercicio del poder son imprescindibles para ir construyendo Estados que garanticen vidas libres de violencia, el acceso a la justicia de calidad, al trabajo, la educación y la salud y que contribuyan, con su acción, a contrarrestar y eliminar las fuertes desigualdades que están poniendo en jaque el desarrollo humano y económico de la región”.
En la foto, de izquierda a derecha, Carmen Moreno, Secretaria Ejecutiva de la CIM; Aminata Touré, ex Primera Ministra de Senegal; Ertharin Cousin, Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos 

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