Buenas prácticas: Herramientas poderosas para erradicar la violencia contra las mujeres

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Por primera vez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) estableció el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. El marco jurídico internacional en torno a los derechos de las mujeres y la igualdad de género abarca una amplia serie de acuerdos, proporcionando la base de una respuesta efectiva. Mientras América Latina y el Caribe es la región que ha alcanzado más progreso en el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres, estos avances todavía no se han traducido en un real ejercicio de los derechos de las mujeres – en particular su derecho a vivir libres de violencia.

Uno de los elementos más innovadores que ha avanzado la CIM en los últimos años es la creación de diferentes espacios de cooperación, de conocimiento y de intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas. En Buenos Aires en septiembre de 2013, se organizó un primer encuentro donde intercambiamos información sobre buenas prácticas en la justicia de género y la respuesta ante la violencia contra las mujeres, incluyendo experiencias de diversos sectores como la policía, la fiscalía, la corte suprema, el poder ejecutivo, la sociedad civil y la comunidad internacional. En mayo de 2014, se realizó en colaboración con el Gobierno del Estado de Hidalgo, en Pachuca, un foro de intercambio de buenas prácticas en la prevención de la violencia, con miras a llenar esa brecha en nuestra respuesta a la violencia, que hasta ahora se ha enfocado más en los temas de sanción y atención. En Medellín en 2015, se organizó otro encuentro de intercambio de buenas prácticas en la justicia de género.

El 26 y 27 de julio de este año, nuevamente con la colaboración del Gobierno del Estado de Hidalgo y otras instituciones y organizaciones convocantes, la CIM organizó el “Intercambio de Buenas Practicas: Desafíos y Nuevos Retos para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.” El evento incluyó las experiencias de diversos sectores como ministerios gubernamentales, cortes de justicia, sociedad civil, movimiento de mujeres y la comunidad internacional, quienes compartieron sus esfuerzos en esta materia. El encuentro abarcó diversos temas como la protección de los derechos de las mujeres en los sistemas internacional e interamericano, la medición de la violencia contra las mujeres, las nuevas masculinidades, la diversidad entre mujeres, el rol de los medios, el acceso a la justicia, defensoras de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos, entre otros.

Las prácticas compartidas durante todos estos encuentros se publican en la Plataforma de la Convención de Belém do Pará: http://www.BelemdoPara.org. Este espacio reúne información sobre los avances y desafíos en materia de la erradicación de la violencia contra las mujeres, así como buenas prácticas y lecciones aprendidas para avanzar hacia el pleno derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Colabora con este esfuerzo y envíanos una buena práctica!

Estado de Derecho que garantice la ciudadanía plena de las mujeres

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La democracia en la región se desarrolla en un contexto condicionado por la globalización económica, que en sus efectos es multidimensional, pluricausal y ambivalente. El modelo económico que se ha implantado ha tenido un impacto negativo y de mayor amplitud en las mujeres, al que se suma la persistencia de roles de género que mantienen vigentes las dicotomías público-privado y productivo-reproductivo, impidiendo el pleno ejercicio de derechos humanos y de ciudadanía de la mitad de la población. Adicionalmente, esta democracia convive con los mayores índices de desigualdad social en el mundo, respecto a la distribución de los recursos.

El actual modelo de Estado no está satisfaciendo las demandas e intereses de la mayoría de la ciudadanía, por lo que se le exige reformas para que recupere su accionar como una expresión del ejercicio democrático, de recuperación de las voces de poblaciones históricamente discriminadas, y de garantía de sus derechos. Un Estado que en el marco del reconocimiento pleno de derechos para las mujeres, en igualdad y no discriminación, los garantice con acciones estratégicas en diversos ámbitos que se exponen a continuación:

La violencia de género:

La violencia hacia las mujeres requiere de voluntad política a todos los niveles desde los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como de los gobiernos locales. En el ámbito de la seguridad ciudadana, es evidente la urgencia del cambio del paradigma tradicional, para ir más allá del combate al crimen organizado, desarrollando una perspectiva integral que sea coherente con la complejidad y multicausalidad de la violencia y que incluya los enfoques de desarrollo humano, de seguridad humana, de derechos humanos y de igualdad de género.

Leyes y políticas de no discriminación más vigorosas con presupuestos suficientes:

Si bien los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y las Constituciones establecen las obligaciones estatales para con la igualdad y la no discriminación, la realidad evidencia que éstas persisten y se agravan cuando el género confluye con otros factores como la etnia, la raza, la clase social, la edad, las sexualidades y la decisión sobre el propio cuerpo.

Acceso a la justicia de calidad:

El acceso de las mujeres de los diversos sectores sociales a la justicia debe ser tratado como un derecho humano y estar en las prioridades de los Estados. La erradicación de las prácticas y estereotipos que generan la discriminación y las desigualdades, en razón de género o de identidad étnica-racial, son necesarias tanto en la atención hacia las mujeres como en el trámite y resolución de las denuncias a violaciones de derechos.

Acceso igualitario al trabajo, a la educación y a la salud:

Las vulnerabilidades que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, las dificultades para el acceso a oportunidades de empleo de calidad, las brechas de género en el ingreso en condiciones similares de ocupación y educación, la continuidad de la responsabilidad exclusiva del trabajo doméstico y de cuidado (no remunerado ni reconocido en las cuentas nacionales), presentan varios tipos de desafíos. Entre ellos, los relacionados con políticas de generación de empleo para las mujeres, que favorezcan la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres; la seguridad de acceso a recursos productivos básicos como tierra, tecnología, avales y garantías para respaldar el crédito formal; y la formación profesional y asistencia técnica para el incremento de capacidades y potencialidades de las mujeres en diversos ámbitos.

Se trata de construir Estados más incluyentes y democráticos, que garanticen los derechos de las mujeres, que avancen más allá de la democracia electoral, y que contribuyan a generar igualdad y no discriminación. No puede haber un Estado de Derecho sin igualdad de género; el desarrollo humano y la gobernabilidad democrática requieren el avance de la igualdad y no discriminación, incorporando a su vez un enfoque multicultural, étnico y etáreo. Un Estado de Derecho que garantice la ciudadanía plena de las mujeres es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo en la región.

 

Igualdad y autonomía para el pleno ejercicio de los derechos económicos de las mujeres

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A pesar de una mayor inserción de las mujeres en el mercado laboral, aún persisten una serie de barreras que impiden la plena realización de sus derechos económicos. Las mujeres siguen teniendo una menor tasa relativa de participación en el empleo, una mayor incidencia de desempleo, mayor participación en distintas formas de precariedad laboral, menor ingreso promedio en condiciones similares de ocupación y educación, un acceso limitado a la propiedad y a la herencia, a la tierra y al crédito y al acceso y control sobre recursos y servicios.[1] Todo esto significa que las mujeres no derivan los mismos beneficios ni la misma autonomía o independencia económica de su participación en el empleo productivo que los hombres.

Aunque la recuperación económica de la región ha producido una reactivación del empleo asalariado, se mantiene la tendencia al aumento del tiempo parcial, del trabajo por cuenta propia y, en general, del empleo en la economía informal.  Un informe de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) indica que, en el mundo en vías de desarrollo, las mujeres representan 60% o más de la fuerza laboral en la economía informal.[2] Las mujeres tienden a acceder a la economía informal porque este trabajo les permite mayor flexibilidad en la conciliación de su trabajo productivo con sus responsabilidades domésticas y de cuidado. Pero esta mayor flexibilidad también conlleva mayor precariedad en el trabajo, menos ingresos, menos o ningún beneficio y mayor probabilidad de acoso o explotación.[3]

Gran parte de la fuerza de trabajo de mujeres se ubica preferentemente en las ocupaciones por cuenta propia de baja productividad o en el servicio doméstico de los hogares, donde nueve de cada diez ocupados carecen de acceso a la seguridad social (OIT, 2009). Se destaca la persistencia de la segregación de género por ramas de actividad y ocupaciones, lo que hace que las mujeres estén sobrerepresentadas en los sectores económicos de menor productividad, status e ingreso.  La segregación también opera de manera vertical en el mercado laboral donde las mujeres ocupan principalmente puestos de menor jerarquía.

Asimismo, la discriminación salarial de las mujeres persiste. En la actualidad, el ingreso laboral de las mujeres representa entre el 60% y el 90% del ingreso medio de los hombres[4].  A esto se suma las barreras que enfrentan las mujeres en el acceso al crédito y a otros recursos financieros para poner en marcha y hacer crecer sus negocios.

 Uno de los obstáculos más importantes para la plena inclusión económica, social y política de las mujeres es, por un lado, la no valoración social y económica del trabajo doméstico no remunerado y del cuidado y, por otro lado, el hecho de que las mujeres siguen siendo casi exclusivamente las responsables de este trabajo.  Esto denota la ausencia de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida familiar, así como la deficiencia del Estado y del sector privado en cuanto a la creación de una infraestructura de cuidado funcional y sostenible, lo que hace que toda la carga derivada del derecho a ser cuidado se ha concentrado en las mujeres.

El 24 y 25 de mayo de este año, las Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA se reunieron en Lima para identificar las oportunidades y los obstáculos a la participación y el liderazgo de las mujeres en todos los niveles de la economía – desde las mujeres trabajadoras en la economía informal hasta las mujeres en la dirección de empresas públicas y privadas.

En la Declaración de Lima, adoptada por esta Asamblea, los Estados se responsabilizan a: garantizar la igualdad y autonomía en el ejercicio de los derechos económicos de las mujeres; mejorar las condiciones de trabajo para las mujeres trabajadoras en toda su diversidad; reducir las brechas de desigualdad que afectan a las mujeres trabajadoras, incluyendo las emprendedoras y empresarias; visibilizar y valorar el trabajo no remunerado en la economía y adoptar medidas para que el cuidado sea asumido como una corresponsabilidad social del Estado y el sector privado, así como de los hombres y las mujeres.

Fomentar el pleno ejercicio de los derechos económicos de las mujeres y la igualdad de género nos ayudará a avanzar en la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Las economías inclusivas permiten un mayor crecimiento y generan beneficios para todas y todos. Es responsabilidad de los Estados garantizar la igualdad y autonomía en el ejercicio de los derechos económicos de las mujeres para el beneficio de la región.

Texto completo de la Declaración de Lima

[1] CIM e IDEA. (2013) La ciudadanía de las mujeres en las democracias de las Américas. Washington, DC: Comision Interamericana de Mujeres, Organización de los Estados Americanos e Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, p. 37, http://www.oas.org/es/cim/docs/CiudadaniaMujeresDemocracia-Web.pdf

[2] OIT (2014). Mujeres y hombres en la economía informal: Un retrato estadístico, Segunda Edición  [Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture, Second Edition]. Ginebra: Organización Internacional de Trabajo, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—stat/documents/publication/wcms_234413.pdf

[3] CIM (2011). Avance de la igualdad de género en el marco del trabajo decente. Washington, DC: Comision Interamericana de Mujeres, Organización de los Estados Americanos, p. 29, http://www.oas.org/es/CIM/docs/AvanceGeneroTrabajoDecente-SP[Final-Web].pdf

[4] Idem

El derecho a defender derechos La situación de las defensoras de DH en Mesoamérica

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En sociedades marcadas por la discriminación y la desigualdad de género, ser defensora de DH significa desafiar las normas y estereotipos culturales que limitan y cuestionan la participación política y social de las mujeres, lo que implica desarrollar esta labor en condiciones desiguales respecto a los hombres así como ser objeto de agresiones. Por lo tanto, asegurar un entorno seguro para que las mujeres puedan ejercer el derecho a defender derechos requiere de un análisis y de medidas concretas con enfoque de género que aborden y reconozcan las condiciones y riesgos que enfrentan.

Es por ello que la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)[1] comenzó a documentar las agresiones. A través de su Registro se han identificado, de enero del 2012 a diciembre del 2014, un total de 1,688 agresiones a mujeres defensoras en El Salvador, Guatemala, Honduras y México: 414 en el año 2012, 512 en 2013 y 762 en 2014; lo que significa un incremento de casi el doble en el número de agresiones registradas  durante el periodo.

Los principales tipos de agresión son:

  • Intimidación y hostigamiento psicológico (21%).
  • Amenazas, advertencias y ultimátum (16%).
  • Calumnias, señalamientos y campañas de desprestigio (9%).
  • Uso excesivo de la fuerza (6%).
  • Detención ilegal y arresto arbitrario (4%).
  • Criminalización y judicialización, (4%).

En total, estos seis tipos de violencia representan 60% de las agresiones sufridas por las defensoras.

Asimismo, registramos 33 asesinatos de defensoras de DH y 39 intentos de asesinato.

En 37% de las agresiones se identificaron componentes de género:

  • Amenazas, advertencias y ultimátums que usan insultos machistas, amenazas de violencia sexual o amenazas a sus familias.
  • Calumnias, señalamientos y/o campañas de desprestigio que utilizan estereotipos de género.
  • Agresiones a organizaciones y defensoras que trabajan por los derechos de las mujeres.

Además, la IM-Defensoras ha documentado que la mayoría de las defensoras no tienen prestaciones laborales, ni cuentan con servicios médicos. Muchas realizan su trabajo sin ninguna retribución económica y tienen que asumir dobles y triples jornadas de trabajo: remunerado, doméstico y de activismo.

Las defensoras que enfrentan más agresiones son las defensoras de la tierra y el territorio (38%), seguidas de las que trabajan por una vida libre de violencia contra las mujeres. Las defensoras que están en mayor riesgo son aquellas que viven en áreas locales[2] y rurales (53.91% y 46.03% respectivamente).

Los actores estatales representan el principal agente responsable de las agresiones (66%). Les siguen las empresas/negocios (22%). Además, cabe destacar que en 5% de los casos las defensoras reciben agresiones de su entorno cercano, tales como familiares e integrantes de su propia organización.

Frente a esta situación, es mucho lo que los Estados y la propia sociedad pueden hacer para prevenir y erradicar estas agresiones. Por ejemplo: reconocer de manera pública el rol fundamental así como la contribución de las defensoras de DH para el avance de la democracia, la igualdad y la paz; erradicar la criminalización y la difamación de que son objeto por parte de los Estados y actores no estatales, implementar mecanismos de protección con enfoque de género o favorecer las redes de protección de defensoras de derechos humanos.

[1] Para mayor información sobre la historia, trabajo, estrategias y productos de la IM-Defensoras: http://www.im-defensoras.org.mx.

[2] Por local nos referimos al área inmediata donde reside la defensora, ya sea local rural o local urbana.

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The Right to Defend Rights
The Situation of Women Human Rights Defenders in Mesoamerica

In societies marked by gender discrimination and inequality, being a woman human rights defender means going against cultural norms and stereotypes that limit and question the political and social participation of women. This, in turn, implies that defenders carry out their work in unequal conditions compared to those of men and become targets of of attacks. Consequently, ensuring a safe environment in which women can exercise their right to defend rights requires an analysis and a concrete, gender-sensitive approach that recognizes and deals with the ensuing conditions and risks.

With this in mind, the Mesoamerican Initiative of Women Human Rights Defenders  (IM-Defensoras)[1] documents attacks faced by women defenders in Mexico, Honduras, Guatemala and El Salvador, through the Mesoamerican Registry of Attacks against Women Human Rights Defenders.[2]

In this Registry, from January 2012 to December 2014, a total of 1,688 attacks were identified against women defenders in  El Salvador, Guatemala, Honduras and Mexico: 414 in 2012, 512 in 2013 and 762 in 2014, which indicates that the number of registered attacks almost doubled during the three-year period.

The six main types of attacks are:

  • Psychological intimidation and harassment (21%).
  • Threats, warnings and ultimatums (16%).
  • Slander, accusations and smear campaigns (9%).
  • Excessive use of force (6%).
  • Illegal detention and arbitrary arrest (4%).
  • Criminalization and prosecution (4%).

Taken as a whole, these six types of violence represent 60% of all attacks suffered by women defenders.

We also registered 32 murders of women human rights defenders and 39 attempted murders.

In 37% of the attacks, gender components could be identified, the most common being:

  • Threats, warning and ultimatums that included macho insults, threats of sexual violence or threats against families.
  • Slander, accusations and/or smear campaigns utilizing gender stereotypes.
  • Attacks against organizations and individual defenders working for women’s rights.

Furthermore, IM-Defensoras has documented the fact that the majority of all women defenders do not have employment benefits or medical services that allow them to treat job-related health problems on time.  Many work without pay and have double or tripe workdays: a paid job, household work and activist activities.

Women defenders facing the most attacks are those who defend land and territory (38%), followed by those who work for a life free of violence against women. The women defenders at greatest risk are those who live in local[3] and rural areas (53.91% and 46.03% respectively).

State actors are the main agents responsible for the attacks (66%). These are followed by agents of companies/businesses (22%). Moreover, it is important to note that in 5% of the cases, women defenders are subject to attacks in their immediate surroundings, which may come from family members or members of their own organizations.

To tackle this situation, there is much that the State and the society itself can do to prevent and put an end to such attacks. They can, for example, publicly recognize the crucial role and contributions made by women human rights defenders in advancing democracy, equality and peace; stop the criminalization and vilification they are subjected to by both State and non-State actors; implement gender-based protective mechanisms; and support protective networks for women human rights defenders.

http://www.im-defensoras.org

[1]For more information on IM-Defensoras’ history, work, strategies and products, see : http://www.im-defensoras.org.mx.

[2]    In  Nicaragua, which was incorporated into the registry system in 2016, research had previously been done on attacks against women defenders and activists. In 2013, those surveyed included 108 women defenders and 113 community defenders participating in focus groups.  Findings showed that the main types of attacks were smear campaigns, verbal attacks and telephone messages; in 18% of the cases, threats and injuries included family members, and in 21%, involved personal or group property.

[3] By “local”, we mean the immediate area in which the defender resides, whether rural or urban.

 

 

Con más mujeres, construimos más paz

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En su trabajo de monitoreo y acompañamiento a las políticas de paz en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) incorpora una perspectiva diferencial de género. Dicho enfoque es transversal a todas sus áreas temáticas, así como al apoyo que entrega a las comunidades e instituciones en los territorios desde sus 15 oficinas regionales.

Esta perspectiva de género no sólo contribuye a visibilizar las formas de discriminación y violencia de las que han sido víctima las mujeres colombianas en el marco conflicto armado interno, sino principalmente a destacar su rol como protagonistas en los diferentes escenarios públicos de construcción de paz.

En este sentido, para la Misión es claro que entender el conflicto armado y contribuir a la construcción de paz desde una mirada de género es clave para garantizar procesos sostenibles de verdad, justicia, reparación, equidad y reconciliación en Colombia.

Por eso, con ocasión del Día internacional de la Mujer, la MAPP-OEA insta a promover y fortalecer acciones que contribuyan al pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en el territorio colombiano, en especial en la construcción de paz.

Equidad laborar en la MAPP-OEA

A nivel interno, la Misión de Paz adelanta acciones que van en sintonía con la política de igualdad e inclusión liderada por la OEA, y que es ampliamente reconocida por sus Estados Miembros.

En materia laboral, las mujeres representan el 51% del personal de la MAPP-OEA y ocupan el 47% de los puestos de toma de decisiones, que incluye cargos de jefatura, liderazgo temático y responsabilidad de oficinas regionales, entre otros.

Esta paridad se concibe como parte integral de los esfuerzos de estos organismos para avanzar hacia un cambio organizacional que institucionalice una visión de igualdad de género y de derechos humanos en sus políticas, programas, proyectos y prácticas.

Por MAPP-OEA Colombia

Facilitadoras judiciales: Práctica cotidiana de democracia y empoderamiento de la mujer

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Un día en la vida cotidiana de una facilitadora o facilitador judicial es dar consejos de manera voluntaria a hombres y mujeres que se lo soliciten. Ellos y ellas abordan temas sobre derechos humanos, convivencia social, derechos de las mujeres, violencia doméstica, linderos, herencia, pensión alimentaria, etc; en general, temas que favorezcan la convivencia en paz.

Estos consejos son solicitados a estos líderes voluntarios que fueron seleccionados en su comunidad por poseer dos valores: la confianza y credibilidad, valores que brindan igualdad de oportunidades.

Pueden acceder a este cargo tanto hombres como mujeres, amas de casa como veterinarios, agricultores como maestras; todas aquellas personas en quien la comunidad confiaría un problema. Los únicos requisitos para ser facilitador judicial son saber leer y escribir, no tener antecedentes penales y ser mayor de edad.

La vida cotidiana es el espacio inmediato donde se practican las creencias, las costumbres y los valores. Allí se producen y reproducen pautas de convivencia social con naturalidad y sin cuestionamientos. También es allí donde se forman concepciones del mundo y el sentido común.

En la cotidianidad, consultamos sobre nuestros conflictos a aquellos dignos de nuestra confianza. Las mujeres propuestas para ser facilitadores judiciales son en su mayoría amas de casa que velan por el bienestar tanto de su familia, como de la comunidad. Son mujeres que ya brindaban consejos a sus vecinos, ahora lo hacen validadas por la capacitación que les brindan los poderes judiciales, en los 8 países donde se implementa el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados Americano.

El 42% de los 11,193 facilitadores y facilitadoras judiciales es del sexo femenino. Todas fueron seleccionadas en asamblea comunitarias de 40 a 100 personas, propuestas tanto por hombres como mujeres por su confianza y credibilidad. La gente buscaba ecuanimidad, justicia y honradez.

El Juez de Paz hondureño, Dixi Noel Madrid, reconoce haber realizado nombramientos de facilitadores judiciales mujeres en una zona donde impera una cultura machista. En las asambleas se inclinaban por proponer hombres por sus trayectorias en la organización comunitaria pero al momento de consultar por las personas que les generaban más confianza, surgían propuestas de mujeres, equilibrando las oportunidades.

Dentro de este espacio de cotidianidad ciudadana, las personas que son facilitadoras judiciales empiezan a conocer de leyes, normas y derechos que internalizan tanto en sus hogares como en su comunidad, cada vez que brindan un consejo a su familia, sus vecinos o en charlas.

La dinámica de violencia en sus hogares comienza han reconocerse como incorrecta y si alguno de ellos presenta estas situaciones inicia a moldear patrones en busca de prácticas que le permitan la convivencia pacífica en el hogar y la comunidad. Es así como las facilitadoras judiciales que aunque tenga liderazgo presentan una situación de violencia en el hogar, comienzan a hacer valer sus derechos y compartir su experiencia como ejemplo de sus vecinas y vecinos.

Johana Padilla, Facilitadora judicial de Comayagua, Honduras, fue una mujer que previo a ser facilitadora sufrió de violencia doméstica, salió de esa situación y aun así desconocía sobre sus derechos y las normas de pensión alimentaria. Fue hasta ser nombrada y capacitada como facilitadora judicial que comprendió sus derechos y las responsabilidades de su pareja con sus hijos. Ella manifiesta: “Aprendí sobre mis derechos, a dar charlas y asesorar a más mujeres dándoles mi ejemplo y compartiéndoles las leyes que las protegen.

En esa convivencia diaria, las personas facilitadoras judiciales, hombres y mujeres, internalizan una cultura de respeto a los derechos, oportunidades y participación de la mujer.

Por Cecilia Durán,  Asesora de Comunicación, Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales

The importance of policies for reconciling workplace and family responsibilities

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Policies aimed at reconciling workplace and family responsibilities need to be comprehensive in scope, meaning they should speak to integral characteristics of needs in that regard. Accordingly, implementing a comprehensive approach that focuses on social co-responsibility is essential, so as to establish the areas of government, market, and family action, whereas the State would have a more proactive role in establishing the necessary facilities to ensure that men and women can perform productive work knowing that their families are being cared for in accordance with acceptable quality standards without workers having to bear an excessive financial burden for such care, and without exhausting one or both workers with the corresponding health impacts.

These policies should be aimed at both men and women. If such polices continue to be directed exclusively at women, it implies that the responsibility for solving the problem lies with women, and that if falls to women alone to tend to household chores and care for the members of their households. Consequently, these policies should be based on the fact that both working men and women need help reconciling the responsibilities of workplace and family life.

Moreover, policies aimed at reconciling the responsibilities of work and family life should also be extended to include the informal sector of the economy. It is well known that women working in the informal economy do not have maternity coverage or any other benefits to help them reconcile their work and family responsibilities, such as leave from work or childcare.

One work-life reconciliation strategy many countries have employed is flexible schedules in the workplace, allowing people to work on either a part-time or temporary basis. These initiatives have served as an incentive for women to enter the labor market or return after leaving a job. Undoubtedly, this type of labor market insertion alternative is an important tool for preventing women from losing contact with the market.

Proposals for reconciling between workplace and family responsibilities are geared toward:

  1. Promoting ratification and implementation of ILO Convention 156 on workers with family responsibilities.
    b) Promoting regulations to facilitate a balance between workplace and family responsibilities for working women and men, as well as establishing or increasing family parental leave, as well as other modalities for the care of children and dependent persons.
  2. Promoting and regulating policies that make it possible for both men and women to have flexible work schedules.
  3. Promoting the development and strengthening of universal care policies and services, based on the idea shared responsibility for the provision of such services between the State, the private sector, civil society, and households.
  4. Carrying out studies that measure the impact of work-life balance mechanisms implemented by companies and the productivity associated with the same.
  5. Promoting time-use surveys in order to measure unpaid work performed by women and men, and thereby show the overall work burden by sex, with a view to developing work-life balance policies.

Failure in reconciling work and family responsibilities results in important economic and human costs. A weakness or absence of policies aimed at reconciling a balance between family and work life impacts in at least two dimensions. The first is expressed at the macro level, and is the impact of under-utilizing the female workforce, as a direct consequence of difficulties in reconciling workplace and care-giving responsibilities in the home. The second is expressed at the micro level, in the form of decreased performance and the resulting lower degree of productivity, owing to the stress suffered by working men and women as they attempt to reconcile the demands of work and family life.

Extracted from ” Advancing Gender Equality in the context of Decent Work” available here