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Prevenir,Transformar y Sancionar

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Por Susana Chiarotti, integrante del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (MESECVI).

Los reclamos por parte del movimiento social de mujeres, de políticas o programas para la prevención y sanción de la violencia contra la mujer, así como las respuestas a los mismos, incluyen, generalmente, la criminalización de nuevas figuras consideradas como violencia o el aumento de pena para los delitos ya tipificados.

Tanto las demandas como las soluciones propuestas generan escenarios ambivalentes no exentos de tensiones, especialmente en lo relacionado con el derecho penal. Por un lado, debemos considerar que el derecho es una herramienta que durante siglos fue utilizada con lógicas androcéntricas para resolver asuntos del ámbito público (ya fueran conflictos con el Estado o entre particulares) y a la hora de resolver conflictos del ámbito privado opera como un cubo que se intenta introducir en una esfera.

Por otro, las demandas de movimientos sociales progresistas de sanción y criminalización de determinadas conductas que durante mucho tiempo se consideraron naturales, se cruzan, o corren el peligro de cruzarse, con los reclamos de sectores conservadores que constantemente quieren aumentar el poder punitivo del Estado, especialmente contra sectores sociales desfavorecidos considerados como peligrosos. La paradoja es que sectores feministas radicales, rebeldes y claramente antipatriarcales, terminan a veces confluyendo con grupos conservadores que reclaman “tolerancia cero”, “mano dura”, más penas, más cárceles, y que son el costado  ferozmente neoliberal de nuestra sociedad.

El derecho penal tiene un efecto simbólico fuerte que resulta eficaz a la hora de deslegitimar determinadas conductas. Sin embargo, su utilización produce campos de tensión que probablemente no desaparezcan en los próximos años, pero que debemos identificar para poder manejarnos dentro de ellos sin perder de vista el horizonte de construir sociedades más democráticas e igualitarias.

La mayor visibilidad de los casos de violencia contra las mujeres a través de los medios masivos y  la impunidad generalizada, -con índices que superan el 90% de las denuncias-,  provoca la indignación del movimiento de mujeres y de la población en general. Este malestar generalizado muchas veces se resuelve pidiendo leyes penales más severas. Esto genera un riesgo importante: que las mujeres sean tomadas de excusa para el diseño de políticas represivas cada vez más duras.

Evitar estos riesgos y promover políticas no punitivas de prevención de la violencia sería el objetivo a lograr. Desde el feminismo se trabaja por un cambio cultural que permita garantizar a las mujeres sus derechos como ciudadanas. A la vez, reconocemos que vivimos en una cultura patriarcal[1] que arrastra mandatos milenarios de sujeción y secundarización de las mujeres, mandatos que se traducen muchas veces en hechos y conductas violentos y agresiones a mujeres y niñas[2].

Deconstruir esos mandatos implica diseñar políticas integrales que promuevan una transformación de la cultura desde múltiples espacios. Deberá reformarse la educación desde los primeros años hasta los postgrados, promover códigos de conducta para los medios masivos y las empresas de publicidad, lanzar campañas dirigidas a distintos públicos, ir midiendo y evaluando los cambios de forma permanente, en el empleo, en la calle y en la casa, entre otras tareas. Todo ello requiere tiempo, esfuerzos, dinero.

Reconocemos que es más económico sancionar una ley que castigue de manera grave la vioIencia, pero por un lado, emitir esas leyes sin promover transformaciones estructurales, no es suficiente y por otro, esas leyes  se aplican cuando las mujeres ya murieron o sufrieron daños irreparables.

Violencia, Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos

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La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) establece que las diferentes formas de violencia contra las mujeres violan sus derechos y limitan sus libertades, a la vez que impiden el pleno desarrollo de sus capacidades y autonomía y limitan su participación pública, económica, social y política[1].

Existen múltiples conexiones entre la violencia contra las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos:1 i) la autonomía física y reproductiva es esencial para que las mujeres puedan romper ciclos de violencia; ii) la violencia genera violaciones a los derechos reproductivos, tales como los embarazos no deseados, como resultado de la violación, y la transmisión de enfermedades; y iii) las leyes, políticas y prácticas que restringen el acceso de las mujeres a sus derechos reproductivos constituyen una forma de violencia contra las mujeres, tal como lo definió el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, en su informe del 2013[2]

Entre los estándares internacionales e interamericanos existentes sobre derechos sexuales y reproductivos, se destaca la adopción de la “Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos”, emitida por el Comité de Expertas del MESECVI, que busca avanzar en la garantía y protección de los derechos humamos de las mujeres en base a los compromisos adquiridos por los Estados a nivel internacional.

A pesar de estas obligaciones a las que deben responder los Estados, América Latina tiene las leyes y políticas de salud reproductiva más restrictivas en el mundo, desde el acceso a la información hasta la atención a servicios básicos de salud. Asimismo, la violencia sexual es un grave problema en toda la región de Latinoamérica y el Caribe[3].

Según el Centro de Derechos Reproductivos, de acuerdo a los registros oficiales, cada año en las Américas 185.000 mujeres y niñas son violadas. Sin embargo, solo un 11% del total de casos es denunciado. Se estima que la verdadera cifra alcanza 1.680.000 crímenes de violación[4]. Solo ocho países en la región permiten acceso al aborto en casos de violación y dos tienen una prohibición total a la anticoncepción de emergencia.

La violencia afecta la salud sexual y reproductiva de forma indirecta, como los embarazos no deseados, y directa como el embarazo adolescente. La negación del derecho a interrumpir el embarazo es una violencia escondida. Esta negación provoca la realización de abortos clandestinos sin ninguna seguridad médica.

La mortalidad materna y el aborto inseguro son también formas de violencia contra las mujeres e implican un gran desafío para las políticas públicas y el sistema sanitario en América Latina y El Caribe. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la interrupción del embarazo clandestino representa el 15% de la mortalidad materna en los países en desarrollo. 50.000 muertes ocurren cada año a causa de los abortos clandestinos.  Algunos países han logrado reducir los índices de mortalidad materna, luego de haber legalizado el aborto.

La violencia contra las mujeres no es igualitaria a todos los grupos, ya que las adolescentes, las personas marginadas por etnias, indígenas, migrantes, mujeres con VIH y personas LGTBI son aún más discriminadas y vulnerables. La violencia puede incluir violencia física, emocional, psicológica, sexual o económica, y en muchos casos el hogar es el lugar más peligroso para cientos de miles de mujeres en la región. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 38% de los asesinatos de mujeres en las Américas son cometidos por parejas o ex parejas. La cifra de 38% podría ser mayor ya que muchos países no llevan registros sobre la relación entre la víctima y el victimario.

Los Estados ejercen violencia institucional al no reconocer la realización plena de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Para alcanzar el desarrollo y la participación en igualdad de condiciones es necesario que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y puedan controlar sus propias decisiones. La autonomía física es esencial para romper el ciclo de la violencia y para lograr autonomía en otras esferas.

Otro factor importante es el limitado conocimiento de los instrumentos de derechos humanos aplicables a la salud sexual y reproductiva, el creciente rol de parlamentarios y tribunales en decisiones sobre salud sexual y reproductiva, y la ausencia de mecanismos de protección dentro de las defensorías de derechos humanos para visitar servicios de salud.  El Informe 2011 del que fue Relator Especial de las Naciones Unidas, Anand Grover, sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, examinó la interacción entre las leyes penales y otras restricciones jurídicas relativas a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la salud y los desafíos que aún persisten en el camino para lograr una reforma legislativa.

La autonomía reproductiva es un derecho que los Estados están obligados a respetar y garantizar. Las mujeres tienen el derecho a decidir, ejercer y controlar su sexualidad y su función reproductiva en condiciones de igualdad con los hombres y libres de discriminación, prejuicios y violencia. La vulneración de estos derechos es violencia. Los Estados deben profundizar esfuerzos para fortalecer la legislación, la reglamentación y las políticas públicas y garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva para que las mujeres desarrollen sus capacidades y ejerzan su autonomía de manera plena, al igual que los hombres.

Extraído del informe “Diálogo sobre Violencia, Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos” organizado por la CIM, Salón de las Américas, OEA, Washington, DC, el 19 de junio de 2015. Disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Informe-DDSSRR-ES-Jun.29.pdf

[1]Centro de Derechos Reproductivos (2015). “Violencia contra las mujeres y derechos reproductivos en las Américas,” disponible en: http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/(ES)%20Advocacy%20Doc%20for%20OAS%20Convening.pdf

[2] Consejo de Derechos Humanos (2013). Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez (A/HRC/22/53), disponible en: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx

[3] Violencia sexual en Latinoamérica y El Caribe: Análisis de datos secundarios. Disponible en http://www.oas.org/dsp/documentos/Observatorio/violencia_sexual_la_y_caribe_2.pdf

[4] Centro de Derechos Reproductivos (2015). “Violencia contra las mujeres y derechos reproductivos en las Américas,” disponible en: http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/(ES)%20Advocacy%20Doc%20for%20OAS%20Convening.pdf

Hacia la elaboración de una Ley Modelo para Prevenir, Sancionar y Atender la Violencia Política contra las Mujeres

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Cada vez que las mujeres avanzan en términos de su participación en un ámbito determinado – la política o la economía, por ejemplo – surgen nuevas formas de discriminación y violencia contra ellas. Estas nuevas formas de violencia pueden ser sutiles y poco visibles, o abiertas y llevadas a cabo con impunidad – y para nosotras es imprescindible nombrar y tipificarlas para empezar a formular una respuesta adecuada, desde un enfoque de derechos humanos.

En este sentido, la CIM ha propiciado un debate hemisférico sobre este creciente fenómeno del acoso y de la violencia contra mujeres que tratan de ejercer sus derechos en el ámbito político – fenómeno que está siendo resaltado por cada vez más mujeres parlamentarias, concejalas, alcaldesas, gobernadoras, ministras, juezas y hasta Jefas de Estado.

Este diálogo ha destacado la necesidad de una respuesta – hemisférica, fuerte e integral – con base en la cual la CIM está en proceso de elaborar un proyecto de Ley Modelo para Prevenir, Sancionar y Atender la Violencia Política contra las Mujeres.

Esa Ley Modelo, elaborada primero con base en el marco jurídico vigente a nivel internacional, incluyendo tanto la CEDAW como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y segundo, a partir de las experiencias existentes de países como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú, servirá como herramienta para guiar la tipificación, la atención y la sanción de la violencia política a nivel nacional. El debate sobre la elaboración de esta ley se basa en las manifestaciones y el alcance de la violencia política, en particular:

  1. El hecho de que la violencia política contra las mujeres se extiende paralelamente al incremento del número de mujeres en la política;
  1. Que hay mayor incidencia de violencia política en los ámbitos sub-nacionales, donde las mujeres están menos visibles, y por ende más desprotegidas que en el ámbito nacional;
  1. Que las políticas para eliminar la violencia política deben incluir la responsabilidad de los partidos políticos;
  1. El papel fundamental de las instituciones y tribunales electorales para la tutela de los derechos políticos y la eliminación de la violencia política; y
  1. La importancia de que las mujeres en puestos de poder apoyen e impulsen estas iniciativas.

Se debatieron los contenidos básicos de la Ley Modelo, en particular:

  1. El concepto, sobre si utilizar “acoso” o “violencia”, quién define la violencia, si ésta se define en función del sujeto activo o del sujeto pasivo, y sobre la necesidad de incluir la diversidad de las mujeres como un componente clave;
  1. Las vías y los tipos de sanciones que se podrían aplicar. Se coincidió en que las vías no son excluyentes y que deben ser las propias mujeres las que elijan la vía que prefieran seguir
  1. El tema de la impunidad fue subrayado como un requerimiento insoslayable – porque independientemente de la Ley que se ponga en un papel, si no se implementa – si no se sancionan de manera efectiva la violencia política – los derechos políticos de las mujeres nunca serán una realidad.

Avanzar en la elaboración de esta Ley Modelo constituye el primer paso para que las mujeres de la región ejerzan sus derechos políticos libres de violencia.

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ENGLISH

Draft Model Law to Prevent, Punish and Address Political Violence against Women

As the number of women participating in a particular sphere- such as politics or the economy-   increases, new types of violence and discrimination against them tend to emerge. These new types of violence can be subtle and hardly visible, or easily noticeable and carried out with impunity. For the CIM it is fundamental to name and typify them in order to provide an appropriate response from a perspective of human rights.

Therefore, the CIM has initiated a hemispheric debate on the growing phenomenon of harassment and violence against women who are exercising their rights in the political sphere- a phenomenon increasingly referred to by women parliamentarians, women councilors, mayors, governors, ministers, judges and even by women Heads of State.

This debate has addressed the need for a hemispheric, strong and integral response. Based on this need the CIM is developing a draft Model Law to Prevent, Punish and Address Political Violence against Women.

The Model Law, which is based, on the one hand, on the current international juridical framework (including CEDAW and the Inter-American Convention to Prevent, Punish and Eradicate Violence against Women) and, on the other hand, on the current experiences of countries like Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Mexico and Peru, attempts to serve as a guiding tool for the typification, response to and punishment of political violence at the national level.  The debate on this law is based on manifestations and the scope of political violence, in particular:

  1. The fact that political violence against women increases in parallel with the number of women in politics;
  2. The greater incidence of political violence at sub-national level, in which women are less visible and consequently less protected than at the national level;
  3. That policies to eliminate political violence must include the responsibility of political parties;
  1. The fundamental role of electoral institutions and tribunals for the protection of political rights and the elimination of political violence; and
  2. The relevance that women in positions of power support and encourage these initiatives.

The contents of the Model Law that were debated:

  1. The concept itself, if “harassment” or “violence” should be used, who defines violence, if violence should be defined in terms of the active or passive subject and the need to include women’s diversity as a key component;
  2. The processes and the type of sanctions that could be implemented. They concluded that processes should not be mutually exclusive and that women themselves should choose the process they prefer and finally
  3. Impunity was highlighted as a main issue – regardless of the law being written, if it is not implemented- if political violence is not effectively punished- women’s political rights will never be a reality.

Advancing the Draft Model Law to Prevent, Punish and Address Political Violence against Women is the first step to the exercise of women’s political rights free from violence.

La arquitectura político electoral y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres 

 

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Alejandra Mora, Ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica y Presidenta de la CIM da la bienvenida a la audiencia durante la Mesa Redonda sobre violencia política, 25 de febrero de 2015. 

Una de las características más marcadas de las democracias latinoamericanas y caribeñas de finales del siglo XX ha sido el fortalecimiento de las elecciones competitivas, así como de la justicia electoral y de la legislación electoral. En términos generales puede decirse que se logrado un nivel alto de credibilidad en que los resultados de las elecciones reflejan la voluntad ciudadana. Las excepciones en cuanto a credibilidad son pocas, pero cuando existen, sin duda alguna constituye un grave problema para la democracia regional.

Las mujeres políticas y las feministas participaron activamente en este complejo proceso de construcción de sistemas electorales, demandando mecanismos efectivos que permitiesen aumentar la representación política de las mujeres y en general su acceso a cargos electivos. Fueron las mujeres argentinas quienes con su pionera Ley de Cupo de 1991, abrieron la posibilidad de incorporar acciones positivas (cuotas) a la regulación electoral por ley.

Las cuotas mínimas de participación de las mujeres, al igual que las cuotas mínimas y máximas para ambos sexos, se enmarcan en el artículo 4 de la CEDAW y son medidas especiales temporales para acelerar la igualdad de facto. Tanto la regulación como sus efectos, han sido muy dispares en los países de la región que las adoptaron por ley: desde casi un 40% en países como Argentina y Costa Rica, hasta menos del 10% en países como Brasil y Paraguay. Los procesos de aprobación y de puesta en práctica han sido extremadamente complejos  y hasta tramposos que devolvían ese escaño conquistado por una mujer a un hombre.

La política de cuotas ha sido, definitivamente, uno de los grandes aportes del movimiento de mujeres a los sistemas electorales en la búsqueda de una mayor participación política de las mujeres. Este puede considerarse el gran mecanismo en las últimas décadas, para la igualdad y el mejoramiento del acceso de las mujeres a los cargos políticos y a la vida pública. Ahora bien, del mecanismo temporal, se está planteando la participación igualitaria de mujeres y hombres en los espacios de poder: la democracia paritaria.

Si bien las cuotas mínimas continúan proponiéndose para situaciones de desigualdad, en la actualidad, la paridad es el horizonte para la región. Sin embargo, la democracia paritaria continúa siendo un concepto ajeno para los partidos, permitiendo que la exclusión rija sus criterios de funcionamiento y acción política. Para que se produzcan cambios se necesita cambiar la visión patriarcal tan arraigada que se base en el poder es fundamentalmente un asunto de hombres y que puede compartirse sólo “un poco” con las mujeres (a las que se subestima en sus capacidades), además de las acciones de incumplimiento y evasión de las normas.

Es en ese intersticio donde surgen situaciones como el acoso político, una forma de violencia de género que se refiere a acciones contra mujeres que se postulan o ejercen representación política, que puede tomar diversas formas: intimidación, descalificación, manipulación, hostigamiento e inclusive, la violencia psicológica o física.

La celebración del vigésimo aniversario de la adopción de la Convención de Belém do Pará durante 2014 nos llevó a reconocer que los derechos políticos de las mujeres no estarán plenamente garantizados hasta que la violencia y el acoso político estén cabalmente sancionados, se aplique justicia a los perpetradores de esta violencia y se repare a las mujeres en condición de violencia política.

Hasta ahora la violencia política ha sido poco documentada y menos abordada desde una perspectiva jurídica y de políticas públicas, pero no por esto haya dejado de existir.  Desde la CIM celebramos el 25 de febrero una Reunión de Expertas sobre “La Violencia Política contra las Mujeres: Un desafío hemisférico,” en la que se plantearon los lineamientos fundamentales para la formulación de una Ley Modelo sobre la Violencia y el Acoso Político, con base en los avances de la región en países como Bolivia, que en mayo de 2012 aprobó una ley específica contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres.  La CIM, a través del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará  (MESECVI) se ha comprometido en abordar el tema de la violencia política a fin de que las mujeres puedan ejercer libremente sus derechos políticos.

Extraído de la publicación de la CIM: La ciudadanía de las mujeres en las democracias de las Américas: http://www.oas.org/es/cim/docs/CiudadaniaMujeresDemocracia-Web.pdf

 

La CIM participa en encuentro de ONU “Las Mujeres en el Poder y la toma de decisiones: Construyendo un mundo diferente”

 

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La Secretaria Ejecutiva de la CIM, Carmen Moreno, participó, junto a más de 50 mujeres líderes, en la reunión internacional de alto nivel “Las mujeres en el poder y la toma de decisiones: Construyendo un mundo diferente”, organizada por ONU Mujeres y el Gobierno de Chile el 27 y 28 de febrero en Santiago, Chile .

La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet encabezó el encuentro. También participó en su inauguración el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

La reunión permitió reflexionar sobre los avances a 20 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing, en septiembre de 1995, en la que 189 gobiernos suscribieron la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que impulsó la adopción de una serie de medidas a favor de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres.

En su discurso, Carmen Moreno resaltó que “La plena inclusión política de las mujeres no es solamente una cuestión de igualdad numérica o de representatividad formal, sino que las mujeres representan una real posibilidad de cambio en el quehacer diario de nuestros sistemas políticos, y de su relevancia en la vida de toda la población”.  “Las mujeres en la política cuestionan y cambian los procesos de toma de decisiones, de asignación de recursos, y de ejercicio del poder”, añadió.

Si bien se observan avances significativos a lo largo de estos 20 años, como por ejemplo, la posición de liderazgo que logró América Latina como la región con el promedio más alto de mujeres parlamentarias (25,7%) y en donde más países han instituido cuotas de género y/o adoptado la paridad, estos avances han sido más limitados que los que se incluyen en la Plataforma de Acción de Beijing.

“A pesar de los compromisos y de las medidas adoptadas, los esfuerzos de los Estados encaminados para su realización siguen siendo limitados y las mujeres siguen enfrentando grandes barreras en base a la discriminación y la desigualdad de género que limitan el ejercicio de sus derechos, sobre todo sus derechos políticos”, destacó la Secretaria Ejecutiva de la CIM”. Resaltó además la importancia de superar la política de cuotas y avanzar hacia la paridad de género en toda la institucionalidad del Estado, lograr una distribución equitativa de poder dentro de los partidos políticos y acceso igualitario a financiamiento electoral.

La Secretaria Ejecutiva de la CIM hizo énfasis también en el permanente apoyo que brinda la CIM a los Estados en el cumplimiento de los compromisos vinculantes como la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y otros acuerdos como la Carta Democrática Interamericana y la Plataforma de Acción de Beijing y señaló el esfuerzo reciente de la Comisión en el establecimiento una matriz de indicadores del ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales, culturales de las mujeres validada a nivel hemisférico a través de una serie de talleres, la que formará la base fundamental de la labor de la Comisión en los próximos años.

Asimismo, indicó la importancia que se sancionen la violencia y el acoso político para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. La CIM incluyó el tema de la violencia política en la labor del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). El 25 de febrero celebró una Reunión de Expertas sobre “La Violencia Política contra las Mujeres: Un desafío hemisférico,” para plantear los lineamientos fundamentales de una Ley Modelo sobre la Violencia y el Acoso Político, en base a los avances de la región en países como Bolivia, Costa Rica, México y Perú.

Al concluir su discurso, Carmen Moreno enfatizó que: ” La participación igualitaria y sustantiva de las mujeres en la toma de decisiones, la asignación de recursos y el ejercicio del poder son imprescindibles para ir construyendo Estados que garanticen vidas libres de violencia, el acceso a la justicia de calidad, al trabajo, la educación y la salud y que contribuyan, con su acción, a contrarrestar y eliminar las fuertes desigualdades que están poniendo en jaque el desarrollo humano y económico de la región”.
En la foto, de izquierda a derecha, Carmen Moreno, Secretaria Ejecutiva de la CIM; Aminata Touré, ex Primera Ministra de Senegal; Ertharin Cousin, Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos 

Proposals for the “Delete Virtual Violence” contest | Propuestas del Concurso “Borremos la Violencia Virtual”

A continuación les presentamos las fotos/afiches/collages/videos de las campañas elaboradas por los participantes del Concurso de la CIM “Borremos la Violencia Virtual“, cuyos ganadoras/es serán anunciados el próximo 9 de marzo de 2015.

Below you will find the photos/posters/collages/videos of the campaigns developed by the participants of the CIM Contest “Delete Virtual Violence“. The winners will be announced on March 9th, 2015.

Alejandro Juarez

Alejandro Juarez

Alma Gregoria Borrar la Violencia Virtual

Alma Gregoria Xocua Peralta

Angel-Romero-UCV

Ángel David Romero Ávila Propuesta 1

Angel-Romero-UCV propuesta 2
Ángel David Romero Ávila Propuesta 2

Carla-Diaz-Cyberbullying2

Carla Diaz

Dayanna Castro Farro AFICHE

Dayanna Castro Farro

Deborah Hartmann campaña borremos la violencia virtual

Deborah Hartmann y Marianella Domínguez

ERICK-GINES

Erick Andrés Gines Corral

Irving Mauricio

Irving Mauricio Natividad Flores

Johanna-Villasmil

Johanna Villsamil

Jose Maria Ladino

José María Ladino Lopez

Linda Rosales Ramirez BorremosLaViolenciaVirtual

Linda Ramirez Rosales

POSESIÓN

Luis Manuel Fernández Martínez

Posesión 

RECLUSIÓN

Reclusión 

SILENCIO

Silencio

Maria Fernanda Salazar #womenagainstviolence #virtualviolence #CIM

María Fernanda Salazar

Nadinka Flores basta de violencia virtual

Nadiezhda Flores

NeivaHernandezVenezuela-Borra la violenciaVirtual

Neiva Hernández

Orlando Arroz

Orlando Delgadillo Franco

Rayo Shirley kizoa collage

Rayo Shirley Martinez Bolaños

Tania-Quintana-Let-parents-know

Tania Quintana Rentería

VIDEOS

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Enlace a la propuesta video de la Red Juvenil de Mujeres Chocoanas

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Enlace a la propuesta video de Vanessa Alfaro Alarcon

videoViolenciaVirtual

Enlace a la propuesta video de Luisa Fernanda Enriquez Vela

Solo 8 países de América tienen ley integral contra la violencia

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Extraído del artículo publicado por CIMACNOTICIAS el 1 de febrero de 2015

Los Estados de América Latina y el Caribe mantienen incumplidas las recomendaciones emitidas en 2012 por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI), en materia de feminicidio, y salud sexual y reproductiva.

Ello se desprende del “Segundo Informe de Seguimiento a la implementación de las Recomendaciones del Comité de Expertas del Mesecvi” -publicado ayer-, y que da cuenta de que “todavía queda mucho camino por recorrer para hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.

Cabe recordar que el Mesecvi tiene como propósito promover la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada en Belém do Pará, Brasil, en 1994.

En 2012, al encontrar que los objetivos de la convención “no se estaban cumpliendo”, el Comité de Expertas emitió 42 recomendaciones a los Estados firmantes del tratado hemisférico, agrupadas en seis ámbitos: legislación; planes nacionales; acceso a la justicia; servicios especializados; presupuesto; e información y estadísticas.

Al medir los avances de las naciones en el cumplimiento de tales recomendaciones, el Comité reconoce que si bien los Estados “tienen un alto grado de compromiso para reconocer formalmente la violencia contra las mujeres como hechos sancionables en la legislación penal y otro tipo de normativas”, algunos de ellos aún no reconocen legalmente todos los tipos de violencia que enfrentan las mujeres.

De acuerdo con el análisis, todos los países sancionan la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres en su marco legislativo, aunque algunos sólo la castigan en el ámbito privado.

La gran mayoría (25 Estados) sanciona la violencia patrimonial o económica, con excepción de siete países (Antigua y Barbuda, Chile, Ecuador, Haití, Jamaica, Paraguay y Santa Lucía).

El 75 por ciento de las naciones no cuenta con leyes integrales de violencia contra las mujeres, que abarquen todos los tipos y ámbitos de violencia (sólo ocho de los 32 países del continente americano cuentan con una ley integral).

A ello se añade que la prohibición de la “mediación” entre víctimas de violencia y sus agresores aún no está contenida en los códigos penales y de procedimientos penales de cada nación, y únicamente 18 países penalizan la violación sexual en el matrimonio.

Un punto de preocupación para el Comité es que sólo siete Estados han tipificado el feminicidio en sus códigos penales o legislaciones, aunque cada uno define el delito de forma difer1ente. Para leer el texto completo, haz clic aquí.