Archive | Democracy RSS for this section

El derecho a defender derechos La situación de las defensoras de DH en Mesoamérica

IMG_3630

Scroll down for the English version

En sociedades marcadas por la discriminación y la desigualdad de género, ser defensora de DH significa desafiar las normas y estereotipos culturales que limitan y cuestionan la participación política y social de las mujeres, lo que implica desarrollar esta labor en condiciones desiguales respecto a los hombres así como ser objeto de agresiones. Por lo tanto, asegurar un entorno seguro para que las mujeres puedan ejercer el derecho a defender derechos requiere de un análisis y de medidas concretas con enfoque de género que aborden y reconozcan las condiciones y riesgos que enfrentan.

Es por ello que la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)[1] comenzó a documentar las agresiones. A través de su Registro se han identificado, de enero del 2012 a diciembre del 2014, un total de 1,688 agresiones a mujeres defensoras en El Salvador, Guatemala, Honduras y México: 414 en el año 2012, 512 en 2013 y 762 en 2014; lo que significa un incremento de casi el doble en el número de agresiones registradas  durante el periodo.

Los principales tipos de agresión son:

  • Intimidación y hostigamiento psicológico (21%).
  • Amenazas, advertencias y ultimátum (16%).
  • Calumnias, señalamientos y campañas de desprestigio (9%).
  • Uso excesivo de la fuerza (6%).
  • Detención ilegal y arresto arbitrario (4%).
  • Criminalización y judicialización, (4%).

En total, estos seis tipos de violencia representan 60% de las agresiones sufridas por las defensoras.

Asimismo, registramos 33 asesinatos de defensoras de DH y 39 intentos de asesinato.

En 37% de las agresiones se identificaron componentes de género:

  • Amenazas, advertencias y ultimátums que usan insultos machistas, amenazas de violencia sexual o amenazas a sus familias.
  • Calumnias, señalamientos y/o campañas de desprestigio que utilizan estereotipos de género.
  • Agresiones a organizaciones y defensoras que trabajan por los derechos de las mujeres.

Además, la IM-Defensoras ha documentado que la mayoría de las defensoras no tienen prestaciones laborales, ni cuentan con servicios médicos. Muchas realizan su trabajo sin ninguna retribución económica y tienen que asumir dobles y triples jornadas de trabajo: remunerado, doméstico y de activismo.

Las defensoras que enfrentan más agresiones son las defensoras de la tierra y el territorio (38%), seguidas de las que trabajan por una vida libre de violencia contra las mujeres. Las defensoras que están en mayor riesgo son aquellas que viven en áreas locales[2] y rurales (53.91% y 46.03% respectivamente).

Los actores estatales representan el principal agente responsable de las agresiones (66%). Les siguen las empresas/negocios (22%). Además, cabe destacar que en 5% de los casos las defensoras reciben agresiones de su entorno cercano, tales como familiares e integrantes de su propia organización.

Frente a esta situación, es mucho lo que los Estados y la propia sociedad pueden hacer para prevenir y erradicar estas agresiones. Por ejemplo: reconocer de manera pública el rol fundamental así como la contribución de las defensoras de DH para el avance de la democracia, la igualdad y la paz; erradicar la criminalización y la difamación de que son objeto por parte de los Estados y actores no estatales, implementar mecanismos de protección con enfoque de género o favorecer las redes de protección de defensoras de derechos humanos.

[1] Para mayor información sobre la historia, trabajo, estrategias y productos de la IM-Defensoras: http://www.im-defensoras.org.mx.

[2] Por local nos referimos al área inmediata donde reside la defensora, ya sea local rural o local urbana.

———————————*——————————-

The Right to Defend Rights
The Situation of Women Human Rights Defenders in Mesoamerica

In societies marked by gender discrimination and inequality, being a woman human rights defender means going against cultural norms and stereotypes that limit and question the political and social participation of women. This, in turn, implies that defenders carry out their work in unequal conditions compared to those of men and become targets of of attacks. Consequently, ensuring a safe environment in which women can exercise their right to defend rights requires an analysis and a concrete, gender-sensitive approach that recognizes and deals with the ensuing conditions and risks.

With this in mind, the Mesoamerican Initiative of Women Human Rights Defenders  (IM-Defensoras)[1] documents attacks faced by women defenders in Mexico, Honduras, Guatemala and El Salvador, through the Mesoamerican Registry of Attacks against Women Human Rights Defenders.[2]

In this Registry, from January 2012 to December 2014, a total of 1,688 attacks were identified against women defenders in  El Salvador, Guatemala, Honduras and Mexico: 414 in 2012, 512 in 2013 and 762 in 2014, which indicates that the number of registered attacks almost doubled during the three-year period.

The six main types of attacks are:

  • Psychological intimidation and harassment (21%).
  • Threats, warnings and ultimatums (16%).
  • Slander, accusations and smear campaigns (9%).
  • Excessive use of force (6%).
  • Illegal detention and arbitrary arrest (4%).
  • Criminalization and prosecution (4%).

Taken as a whole, these six types of violence represent 60% of all attacks suffered by women defenders.

We also registered 32 murders of women human rights defenders and 39 attempted murders.

In 37% of the attacks, gender components could be identified, the most common being:

  • Threats, warning and ultimatums that included macho insults, threats of sexual violence or threats against families.
  • Slander, accusations and/or smear campaigns utilizing gender stereotypes.
  • Attacks against organizations and individual defenders working for women’s rights.

Furthermore, IM-Defensoras has documented the fact that the majority of all women defenders do not have employment benefits or medical services that allow them to treat job-related health problems on time.  Many work without pay and have double or tripe workdays: a paid job, household work and activist activities.

Women defenders facing the most attacks are those who defend land and territory (38%), followed by those who work for a life free of violence against women. The women defenders at greatest risk are those who live in local[3] and rural areas (53.91% and 46.03% respectively).

State actors are the main agents responsible for the attacks (66%). These are followed by agents of companies/businesses (22%). Moreover, it is important to note that in 5% of the cases, women defenders are subject to attacks in their immediate surroundings, which may come from family members or members of their own organizations.

To tackle this situation, there is much that the State and the society itself can do to prevent and put an end to such attacks. They can, for example, publicly recognize the crucial role and contributions made by women human rights defenders in advancing democracy, equality and peace; stop the criminalization and vilification they are subjected to by both State and non-State actors; implement gender-based protective mechanisms; and support protective networks for women human rights defenders.

http://www.im-defensoras.org

[1]For more information on IM-Defensoras’ history, work, strategies and products, see : http://www.im-defensoras.org.mx.

[2]    In  Nicaragua, which was incorporated into the registry system in 2016, research had previously been done on attacks against women defenders and activists. In 2013, those surveyed included 108 women defenders and 113 community defenders participating in focus groups.  Findings showed that the main types of attacks were smear campaigns, verbal attacks and telephone messages; in 18% of the cases, threats and injuries included family members, and in 21%, involved personal or group property.

[3] By “local”, we mean the immediate area in which the defender resides, whether rural or urban.

 

 

Con más mujeres, construimos más paz

MAPPOEA MUJERES APARTADO (1)

En su trabajo de monitoreo y acompañamiento a las políticas de paz en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) incorpora una perspectiva diferencial de género. Dicho enfoque es transversal a todas sus áreas temáticas, así como al apoyo que entrega a las comunidades e instituciones en los territorios desde sus 15 oficinas regionales.

Esta perspectiva de género no sólo contribuye a visibilizar las formas de discriminación y violencia de las que han sido víctima las mujeres colombianas en el marco conflicto armado interno, sino principalmente a destacar su rol como protagonistas en los diferentes escenarios públicos de construcción de paz.

En este sentido, para la Misión es claro que entender el conflicto armado y contribuir a la construcción de paz desde una mirada de género es clave para garantizar procesos sostenibles de verdad, justicia, reparación, equidad y reconciliación en Colombia.

Por eso, con ocasión del Día internacional de la Mujer, la MAPP-OEA insta a promover y fortalecer acciones que contribuyan al pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en el territorio colombiano, en especial en la construcción de paz.

Equidad laborar en la MAPP-OEA

A nivel interno, la Misión de Paz adelanta acciones que van en sintonía con la política de igualdad e inclusión liderada por la OEA, y que es ampliamente reconocida por sus Estados Miembros.

En materia laboral, las mujeres representan el 51% del personal de la MAPP-OEA y ocupan el 47% de los puestos de toma de decisiones, que incluye cargos de jefatura, liderazgo temático y responsabilidad de oficinas regionales, entre otros.

Esta paridad se concibe como parte integral de los esfuerzos de estos organismos para avanzar hacia un cambio organizacional que institucionalice una visión de igualdad de género y de derechos humanos en sus políticas, programas, proyectos y prácticas.

Por MAPP-OEA Colombia

Facilitadoras judiciales: Práctica cotidiana de democracia y empoderamiento de la mujer

Facilitadores

Un día en la vida cotidiana de una facilitadora o facilitador judicial es dar consejos de manera voluntaria a hombres y mujeres que se lo soliciten. Ellos y ellas abordan temas sobre derechos humanos, convivencia social, derechos de las mujeres, violencia doméstica, linderos, herencia, pensión alimentaria, etc; en general, temas que favorezcan la convivencia en paz.

Estos consejos son solicitados a estos líderes voluntarios que fueron seleccionados en su comunidad por poseer dos valores: la confianza y credibilidad, valores que brindan igualdad de oportunidades.

Pueden acceder a este cargo tanto hombres como mujeres, amas de casa como veterinarios, agricultores como maestras; todas aquellas personas en quien la comunidad confiaría un problema. Los únicos requisitos para ser facilitador judicial son saber leer y escribir, no tener antecedentes penales y ser mayor de edad.

La vida cotidiana es el espacio inmediato donde se practican las creencias, las costumbres y los valores. Allí se producen y reproducen pautas de convivencia social con naturalidad y sin cuestionamientos. También es allí donde se forman concepciones del mundo y el sentido común.

En la cotidianidad, consultamos sobre nuestros conflictos a aquellos dignos de nuestra confianza. Las mujeres propuestas para ser facilitadores judiciales son en su mayoría amas de casa que velan por el bienestar tanto de su familia, como de la comunidad. Son mujeres que ya brindaban consejos a sus vecinos, ahora lo hacen validadas por la capacitación que les brindan los poderes judiciales, en los 8 países donde se implementa el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados Americano.

El 42% de los 11,193 facilitadores y facilitadoras judiciales es del sexo femenino. Todas fueron seleccionadas en asamblea comunitarias de 40 a 100 personas, propuestas tanto por hombres como mujeres por su confianza y credibilidad. La gente buscaba ecuanimidad, justicia y honradez.

El Juez de Paz hondureño, Dixi Noel Madrid, reconoce haber realizado nombramientos de facilitadores judiciales mujeres en una zona donde impera una cultura machista. En las asambleas se inclinaban por proponer hombres por sus trayectorias en la organización comunitaria pero al momento de consultar por las personas que les generaban más confianza, surgían propuestas de mujeres, equilibrando las oportunidades.

Dentro de este espacio de cotidianidad ciudadana, las personas que son facilitadoras judiciales empiezan a conocer de leyes, normas y derechos que internalizan tanto en sus hogares como en su comunidad, cada vez que brindan un consejo a su familia, sus vecinos o en charlas.

La dinámica de violencia en sus hogares comienza han reconocerse como incorrecta y si alguno de ellos presenta estas situaciones inicia a moldear patrones en busca de prácticas que le permitan la convivencia pacífica en el hogar y la comunidad. Es así como las facilitadoras judiciales que aunque tenga liderazgo presentan una situación de violencia en el hogar, comienzan a hacer valer sus derechos y compartir su experiencia como ejemplo de sus vecinas y vecinos.

Johana Padilla, Facilitadora judicial de Comayagua, Honduras, fue una mujer que previo a ser facilitadora sufrió de violencia doméstica, salió de esa situación y aun así desconocía sobre sus derechos y las normas de pensión alimentaria. Fue hasta ser nombrada y capacitada como facilitadora judicial que comprendió sus derechos y las responsabilidades de su pareja con sus hijos. Ella manifiesta: “Aprendí sobre mis derechos, a dar charlas y asesorar a más mujeres dándoles mi ejemplo y compartiéndoles las leyes que las protegen.

En esa convivencia diaria, las personas facilitadoras judiciales, hombres y mujeres, internalizan una cultura de respeto a los derechos, oportunidades y participación de la mujer.

Por Cecilia Durán,  Asesora de Comunicación, Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales

La importancia de las políticas de conciliación entre la vida familiar y laboral

hbwithKidsv2

Las políticas dirigidas a conciliar la vida familiar y laboral deben ser integrales, lo que significa que deben de hacerse cargo también de las características integrales de las necesidades. Es imprescindible aplicar un enfoque integrado centrado en la corresponsabilidad social, de modo de marcar las fronteras de intervención del Estado, el mercado y las familias, asignándole al Estado un rol más proactivo en la creación de las facilidades para que hombres y mujeres puedan desarrollar en armonía un trabajo productivo, con la certeza de que su familia está siendo atendida con estándares de calidad aceptables, sin que signifique un gasto excesivo para ellos, ni un agotamiento de uno o de ambos de los trabajadores, con el consiguiente deterioro en su salud.

Deben ser dirigidas tanto a hombres como a mujeres. Si las políticas siguen siendo dirigidas exclusivamente a las mujeres, se sigue reafirmando que son ellas quienes tienen el problema que hay que resolver, porque es su responsabilidad realizar las tareas del hogar y el cuidado de sus miembros. Las políticas deben partir por tanto, del hecho de que trabajadores y trabajadoras necesitan conjugar ambos mundos.

Asimismo, las políticas de conciliación entre la vida familiar y laboral deberían extenderse al sector informal. Es sabido que las trabajadoras informales no tienen cobertura de maternidad ni ninguna otra disposición que facilite la conciliación de la familia y el trabajo, como otro tipo de licencias o cuidado infantil.

Una estrategia empleada para la conciliación es la flexibilidad laboral promovida en muchos países, y que se expresa en la oferta de trabajos a tiempo parcial y temporal. Estas iniciativas han sido un incentivo para el ingreso o retorno de las mujeres al mercado de trabajo después de una ausencia. Este tipo de inserción laboral representa, sin duda, un instrumento importante para evitar su pérdida de contacto con el mercado.

Al respecto, las propuestas para lograr la conciliación entre la vida familiar y laboral están orientadas a:

  1. Promover la ratificación y aplicación del Convenio 156 de la OIT sobre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares.
  2. Promover normativas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar para trabajadores mujeres y hombres con responsabilidades familiares, como el establecimiento o ampliación de las licencias parentales, así como otros permisos de cuidado de hijos, hijas y personas dependientes.
  3. Impulsar y regular políticas que permitan tanto a hombres como mujeres, arreglos flexibles en sus unidades de trabajo.
  4. Fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de políticas y servicios universales de cuidado, basados en la noción de prestación compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los hogares.
  5. Realizar y difundir al sector empresarial, estudios que midan el efecto de las medidas conciliatorias implementadas por las empresas, sobre la productividad de las mismas.
  6. Propiciar la realización de encuestas sobre uso del tiempo para la medición del trabajo no remunerado que efectúan mujeres y hombres y así mostrar la carga global de trabajo de unos y otras para sustentar la formulación de políticas de conciliación.

La falta de políticas de conciliación trae como resultado importantes costos económicos y humanos. La debilidad o carencia de políticas de conciliación tiene al menos dos dimensiones. Por un lado, la que se expresa en el nivel macro, a través de la subutilización de la fuerza de trabajo femenina, como consecuencia justamente de las dificultades de conciliar la inserción laboral con las responsabilidades de cuidado. Por otro lado, la que se expresa a nivel micro, en el menor rendimiento en el trabajo y el consecuente menor nivel de productividad, resultante de la tensión sufrida por las y los trabajadores, en el esfuerzo por conciliar ambos aspectos de la vida.

Extraído de la publicación CIM/OEA Avance de la igualdad de género en el marco del trabajo decente disponible en este enlace

Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento en las Américas

SG

Por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en la apertura de la Mesa Redonda “Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento en las Américas, 2 de febrero de 2016, Washington, D.C.

Foto cortesía, Juan Manuel Herrera, OEA

Esta es una de las situaciones más injustas en el continente. Las mujeres encarceladas por delitos de drogas entre el 2006 y el 2011 se ha duplicado . Estos delitos representan las principales causas de encarcelamiento de mujeres. Los enormes costos humanos de las políticas punitivas y su impacto desproporcionado sobre las mujeres y sus familias hacen impostergable desarrollar nuevas políticas, y programas que logren eliminar o al menos, mitigar, estas devastadoras consecuencias.

Amigas y amigos

Después de 50 años de la llamada “guerra contra las drogas”, se ha generado un consenso tendiente a repensar la política mundial de drogas, dándose inicio a un proceso de diálogo sobre cómo fomentar una política integral y humana frente a este tema, que coloque el respeto de los derechos humanos como eje central.

En este contexto, un número cada vez mayor de países ha iniciado reformas de sus leyes y políticas públicas para, por un lado, reducir la demanda y la producción de sustancias ilícitas y, por otro, proveer una mejor respuesta a las personas que se encuentran involucradas en la comercialización de estas sustancias.

Ya se han dado algunos pasos, desde la regulación del mercado de la marihuana en Uruguay, hasta la reducción de sentencias para mujeres encarceladas por crímenes relacionados con las drogas en Costa Rica.

Estas reformas han ido de la mano de un proceso de diálogo a nivel interamericano e internacional sobre cómo reinventar el régimen internacional para la fiscalización de las drogas que, pese a la evidencia sobre la inefectividad que todavía presenta un modelo prohibitivo y punitivo, que contribuye a la militarización de nuestra seguridad, la sobrepoblación de las cárceles y el deterioro general de nuestras sociedades. Y esto con la mujer como epicentro y como principal víctima del sistema imperante.

El uso predominante del derecho penal para contrarrestar la producción, la distribución, el tráfico y, en muchos casos, el consumo de drogas, ha recaído principalmente en los eslabones más débiles de la cadena, que comúnmente constituyen infractores menores provenientes de sectores de alta vulnerabilidad, para quienes el encarcelamiento sólo sirve para exacerbar las condiciones de exclusión social.

El Reporte Técnico en Alternativas al Encarcelamiento para Delitos Relacionadas con las Drogas, publicado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA (CICAD) en abril de 2015, evidencia un claro aumento en el hemisferio de la población encarcelada por delitos de drogas, relacionado con un incremento de la duración de las penas y de conductas criminalizadas asociadas a las drogas.

El reporte indica que “la tendencia de las políticas antidroga en la región está dirigida al uso máximo del derecho penal”.

Un análisis de esta situación desde un enfoque de género – que es el propósito de este evento – da cuenta del aumento de la penalización y los efectos negativos colaterales de esas políticas en las familias y sociedades.

El informe “Mujeres y Drogas en las Américas: un diagnóstico de política en construcción”, publicado en marzo de 2014 por la Comisión Interamericana de la Mujer (CIM), destaca que “un promedio estimado del 70 por ciento de las mujeres reclusas en las Américas – muchas de ellas cabezas de familia – se encuentran en la cárcel debido a delitos no violentos de micro-tráfico de drogas”.

El informe evidencia también que la mayoría de las mujeres involucradas en el negocio de las drogas lo están al más bajo nivel de la cadena, en la distribución y el micro-tráfico – sea como vendedoras, mulas o transportadoras de drogas – y provienen de situaciones de marginación, de violencia social y/o doméstica: “Son jóvenes, pobres, analfabetas y con muy poca escolaridad, madres solteras, responsables por el cuidado de sus hijas e hijos y de otros miembros de su familia”.

La publicación que vamos a presentar durante esta mesa redonda “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una guía para la reforma de políticas en América Latina,” ofrece una hoja de ruta para la reforma de políticas públicas en materia de drogas desde un enfoque de género y de derechos humanos.

Elaborada por WOLA, IDPC, de Justicia y la CIM, con el apoyo de Open Society Foundation, esta Guía pretende ser un primer paso en un largo camino que incluirá, a futuro, un trabajo multidisciplinario entre socios de los gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad civil para aterrizar y dar seguimiento a las recomendaciones formuladas en esta Guía.

Así se podrá proporcionar a las mujeres involucradas en el mundo de las drogas alternativas humanas y sostenibles que privilegien el respeto de sus derechos humanos. Este camino a recorrer no sólo es justo moralmente, es también el más eficiente que pueda recorrer nuestra sociedad.

Democracia Paritaria, una meta lejos de alcanzar

9159150647_1d9a25d3a1_b

Por Patricia Pérez  @pazciudadania
Directora ILAPyC – Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía.

Aunque suene raro, o tal vez no podamos creerlo, vivimos en el continente que hasta el fin del año 2015, contaba  con la mayor cantidad de mujeres jefas de Estado (5) y el mayor porcentaje de ministras (22.9%) y parlamentarias (25.7%). La media mundial está en el 21.9%. Son datos de junio de 2014. Aun así, estamos muy lejos de la paridad al 50%.

¿Por qué digo que estamos lejos de la democracia paritaria? Veamos ejemplos regionales.

Argentina, por ejemplo, luego de las últimas elecciones de 2015, llega a 5 mujeres gobernadoras sobre 24 distritos.

Los Documentos y posiciones que impulsa Onu Mujeres advierten: “El parlamento es fundamental para lograr la armonización legislativa de compromisos internacionales para que la legislación promueva la igualdad de género” Así de claro lo recomienda ONU Mujeres. La participación parlamentaria de la mujer toma importancia estratégica para sostener en agenda acciones de equidad.

La democracia paritaria debe impulsar un equilibrio social entre hombres y mujeres en el que ambos asuman responsabilidades compartidas, generando espacios de igualdad sin las violencias cotidianas a las que son sometidas millones de mujeres.

Pensar en avances resulta difícil, cuando el maltrato, la crueldad, el asesinato se enseñorean sobre las mujeres aquí y en el mundo. Karina Abregú, quemada viva por su marido Gustavo Albornoz en una localidad de la Provincia de Buenos Aires llamada  Morón, sufre desde 2013 casi en soledad y decidió hacerse oír.

En el año 2014, el Observatorio de Género de la defensoría del Pueblo de Panamá, advirtió sobre el avance del femicidio y la escasa reacción de la sociedad política en particular sobre este tema.

Almudena Grandes narró en El País Semanal, revista dominical del Diario El País de España, la historia de Caddy Adzuba, una heroína que recorre el mundo con la historia sin fin que sus coterráneas padecen en la llamada República Democrática del Congo, donde hay dolores interminables en una guerra sorda entablada en los cuerpos de mujeres sometidas a violencias inimaginables.

¿Cómo hablar en lugares así de democracia paritaria? ¿Cómo hablar de algo en esa tremenda soledad?

Cuenta Almudena Grandes algo que quizás explique el silencio sobre la brutalidad: Congo tiene los mayores yacimientos de coltán del mundo y las empresas de telefonía radicadas en los limpios y democráticos países civilizados están dispuestas a conseguirlo como sea. Se pueden hacer smartphones sin coltán, pero para las grandes compañías, la guerra en el Congo resulta más competitiva que la innovación tecnológica.  Como vemos, se entremezclan intereses económicos, viejos atavismos de dominación y poder de Género y escasa voluntad de cambio que viene desde el fondo de la historia y le hace creer a millones de mujeres en el mundo, que existe un “orden natural” donde ellos mandan e imponen sus ideas y nosotras obedecemos.

Para que haya una democracia paritaria posible hace falta una firme decisión política y desterrar la hipocresía.

 

 

Prevenir,Transformar y Sancionar

Folleto-BelemdoPara-ES-WEB-1
Por Susana Chiarotti, integrante del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (MESECVI).

Los reclamos por parte del movimiento social de mujeres, de políticas o programas para la prevención y sanción de la violencia contra la mujer, así como las respuestas a los mismos, incluyen, generalmente, la criminalización de nuevas figuras consideradas como violencia o el aumento de pena para los delitos ya tipificados.

Tanto las demandas como las soluciones propuestas generan escenarios ambivalentes no exentos de tensiones, especialmente en lo relacionado con el derecho penal. Por un lado, debemos considerar que el derecho es una herramienta que durante siglos fue utilizada con lógicas androcéntricas para resolver asuntos del ámbito público (ya fueran conflictos con el Estado o entre particulares) y a la hora de resolver conflictos del ámbito privado opera como un cubo que se intenta introducir en una esfera.

Por otro, las demandas de movimientos sociales progresistas de sanción y criminalización de determinadas conductas que durante mucho tiempo se consideraron naturales, se cruzan, o corren el peligro de cruzarse, con los reclamos de sectores conservadores que constantemente quieren aumentar el poder punitivo del Estado, especialmente contra sectores sociales desfavorecidos considerados como peligrosos. La paradoja es que sectores feministas radicales, rebeldes y claramente antipatriarcales, terminan a veces confluyendo con grupos conservadores que reclaman “tolerancia cero”, “mano dura”, más penas, más cárceles, y que son el costado  ferozmente neoliberal de nuestra sociedad.

El derecho penal tiene un efecto simbólico fuerte que resulta eficaz a la hora de deslegitimar determinadas conductas. Sin embargo, su utilización produce campos de tensión que probablemente no desaparezcan en los próximos años, pero que debemos identificar para poder manejarnos dentro de ellos sin perder de vista el horizonte de construir sociedades más democráticas e igualitarias.

La mayor visibilidad de los casos de violencia contra las mujeres a través de los medios masivos y  la impunidad generalizada, -con índices que superan el 90% de las denuncias-,  provoca la indignación del movimiento de mujeres y de la población en general. Este malestar generalizado muchas veces se resuelve pidiendo leyes penales más severas. Esto genera un riesgo importante: que las mujeres sean tomadas de excusa para el diseño de políticas represivas cada vez más duras.

Evitar estos riesgos y promover políticas no punitivas de prevención de la violencia sería el objetivo a lograr. Desde el feminismo se trabaja por un cambio cultural que permita garantizar a las mujeres sus derechos como ciudadanas. A la vez, reconocemos que vivimos en una cultura patriarcal[1] que arrastra mandatos milenarios de sujeción y secundarización de las mujeres, mandatos que se traducen muchas veces en hechos y conductas violentos y agresiones a mujeres y niñas[2].

Deconstruir esos mandatos implica diseñar políticas integrales que promuevan una transformación de la cultura desde múltiples espacios. Deberá reformarse la educación desde los primeros años hasta los postgrados, promover códigos de conducta para los medios masivos y las empresas de publicidad, lanzar campañas dirigidas a distintos públicos, ir midiendo y evaluando los cambios de forma permanente, en el empleo, en la calle y en la casa, entre otras tareas. Todo ello requiere tiempo, esfuerzos, dinero.

Reconocemos que es más económico sancionar una ley que castigue de manera grave la vioIencia, pero por un lado, emitir esas leyes sin promover transformaciones estructurales, no es suficiente y por otro, esas leyes  se aplican cuando las mujeres ya murieron o sufrieron daños irreparables.