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Estado de Derecho que garantice la ciudadanía plena de las mujeres

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La democracia en la región se desarrolla en un contexto condicionado por la globalización económica, que en sus efectos es multidimensional, pluricausal y ambivalente. El modelo económico que se ha implantado ha tenido un impacto negativo y de mayor amplitud en las mujeres, al que se suma la persistencia de roles de género que mantienen vigentes las dicotomías público-privado y productivo-reproductivo, impidiendo el pleno ejercicio de derechos humanos y de ciudadanía de la mitad de la población. Adicionalmente, esta democracia convive con los mayores índices de desigualdad social en el mundo, respecto a la distribución de los recursos.

El actual modelo de Estado no está satisfaciendo las demandas e intereses de la mayoría de la ciudadanía, por lo que se le exige reformas para que recupere su accionar como una expresión del ejercicio democrático, de recuperación de las voces de poblaciones históricamente discriminadas, y de garantía de sus derechos. Un Estado que en el marco del reconocimiento pleno de derechos para las mujeres, en igualdad y no discriminación, los garantice con acciones estratégicas en diversos ámbitos que se exponen a continuación:

La violencia de género:

La violencia hacia las mujeres requiere de voluntad política a todos los niveles desde los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como de los gobiernos locales. En el ámbito de la seguridad ciudadana, es evidente la urgencia del cambio del paradigma tradicional, para ir más allá del combate al crimen organizado, desarrollando una perspectiva integral que sea coherente con la complejidad y multicausalidad de la violencia y que incluya los enfoques de desarrollo humano, de seguridad humana, de derechos humanos y de igualdad de género.

Leyes y políticas de no discriminación más vigorosas con presupuestos suficientes:

Si bien los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y las Constituciones establecen las obligaciones estatales para con la igualdad y la no discriminación, la realidad evidencia que éstas persisten y se agravan cuando el género confluye con otros factores como la etnia, la raza, la clase social, la edad, las sexualidades y la decisión sobre el propio cuerpo.

Acceso a la justicia de calidad:

El acceso de las mujeres de los diversos sectores sociales a la justicia debe ser tratado como un derecho humano y estar en las prioridades de los Estados. La erradicación de las prácticas y estereotipos que generan la discriminación y las desigualdades, en razón de género o de identidad étnica-racial, son necesarias tanto en la atención hacia las mujeres como en el trámite y resolución de las denuncias a violaciones de derechos.

Acceso igualitario al trabajo, a la educación y a la salud:

Las vulnerabilidades que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, las dificultades para el acceso a oportunidades de empleo de calidad, las brechas de género en el ingreso en condiciones similares de ocupación y educación, la continuidad de la responsabilidad exclusiva del trabajo doméstico y de cuidado (no remunerado ni reconocido en las cuentas nacionales), presentan varios tipos de desafíos. Entre ellos, los relacionados con políticas de generación de empleo para las mujeres, que favorezcan la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres; la seguridad de acceso a recursos productivos básicos como tierra, tecnología, avales y garantías para respaldar el crédito formal; y la formación profesional y asistencia técnica para el incremento de capacidades y potencialidades de las mujeres en diversos ámbitos.

Se trata de construir Estados más incluyentes y democráticos, que garanticen los derechos de las mujeres, que avancen más allá de la democracia electoral, y que contribuyan a generar igualdad y no discriminación. No puede haber un Estado de Derecho sin igualdad de género; el desarrollo humano y la gobernabilidad democrática requieren el avance de la igualdad y no discriminación, incorporando a su vez un enfoque multicultural, étnico y etáreo. Un Estado de Derecho que garantice la ciudadanía plena de las mujeres es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo en la región.

 

El derecho a defender derechos La situación de las defensoras de DH en Mesoamérica

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En sociedades marcadas por la discriminación y la desigualdad de género, ser defensora de DH significa desafiar las normas y estereotipos culturales que limitan y cuestionan la participación política y social de las mujeres, lo que implica desarrollar esta labor en condiciones desiguales respecto a los hombres así como ser objeto de agresiones. Por lo tanto, asegurar un entorno seguro para que las mujeres puedan ejercer el derecho a defender derechos requiere de un análisis y de medidas concretas con enfoque de género que aborden y reconozcan las condiciones y riesgos que enfrentan.

Es por ello que la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)[1] comenzó a documentar las agresiones. A través de su Registro se han identificado, de enero del 2012 a diciembre del 2014, un total de 1,688 agresiones a mujeres defensoras en El Salvador, Guatemala, Honduras y México: 414 en el año 2012, 512 en 2013 y 762 en 2014; lo que significa un incremento de casi el doble en el número de agresiones registradas  durante el periodo.

Los principales tipos de agresión son:

  • Intimidación y hostigamiento psicológico (21%).
  • Amenazas, advertencias y ultimátum (16%).
  • Calumnias, señalamientos y campañas de desprestigio (9%).
  • Uso excesivo de la fuerza (6%).
  • Detención ilegal y arresto arbitrario (4%).
  • Criminalización y judicialización, (4%).

En total, estos seis tipos de violencia representan 60% de las agresiones sufridas por las defensoras.

Asimismo, registramos 33 asesinatos de defensoras de DH y 39 intentos de asesinato.

En 37% de las agresiones se identificaron componentes de género:

  • Amenazas, advertencias y ultimátums que usan insultos machistas, amenazas de violencia sexual o amenazas a sus familias.
  • Calumnias, señalamientos y/o campañas de desprestigio que utilizan estereotipos de género.
  • Agresiones a organizaciones y defensoras que trabajan por los derechos de las mujeres.

Además, la IM-Defensoras ha documentado que la mayoría de las defensoras no tienen prestaciones laborales, ni cuentan con servicios médicos. Muchas realizan su trabajo sin ninguna retribución económica y tienen que asumir dobles y triples jornadas de trabajo: remunerado, doméstico y de activismo.

Las defensoras que enfrentan más agresiones son las defensoras de la tierra y el territorio (38%), seguidas de las que trabajan por una vida libre de violencia contra las mujeres. Las defensoras que están en mayor riesgo son aquellas que viven en áreas locales[2] y rurales (53.91% y 46.03% respectivamente).

Los actores estatales representan el principal agente responsable de las agresiones (66%). Les siguen las empresas/negocios (22%). Además, cabe destacar que en 5% de los casos las defensoras reciben agresiones de su entorno cercano, tales como familiares e integrantes de su propia organización.

Frente a esta situación, es mucho lo que los Estados y la propia sociedad pueden hacer para prevenir y erradicar estas agresiones. Por ejemplo: reconocer de manera pública el rol fundamental así como la contribución de las defensoras de DH para el avance de la democracia, la igualdad y la paz; erradicar la criminalización y la difamación de que son objeto por parte de los Estados y actores no estatales, implementar mecanismos de protección con enfoque de género o favorecer las redes de protección de defensoras de derechos humanos.

[1] Para mayor información sobre la historia, trabajo, estrategias y productos de la IM-Defensoras: http://www.im-defensoras.org.mx.

[2] Por local nos referimos al área inmediata donde reside la defensora, ya sea local rural o local urbana.

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The Right to Defend Rights
The Situation of Women Human Rights Defenders in Mesoamerica

In societies marked by gender discrimination and inequality, being a woman human rights defender means going against cultural norms and stereotypes that limit and question the political and social participation of women. This, in turn, implies that defenders carry out their work in unequal conditions compared to those of men and become targets of of attacks. Consequently, ensuring a safe environment in which women can exercise their right to defend rights requires an analysis and a concrete, gender-sensitive approach that recognizes and deals with the ensuing conditions and risks.

With this in mind, the Mesoamerican Initiative of Women Human Rights Defenders  (IM-Defensoras)[1] documents attacks faced by women defenders in Mexico, Honduras, Guatemala and El Salvador, through the Mesoamerican Registry of Attacks against Women Human Rights Defenders.[2]

In this Registry, from January 2012 to December 2014, a total of 1,688 attacks were identified against women defenders in  El Salvador, Guatemala, Honduras and Mexico: 414 in 2012, 512 in 2013 and 762 in 2014, which indicates that the number of registered attacks almost doubled during the three-year period.

The six main types of attacks are:

  • Psychological intimidation and harassment (21%).
  • Threats, warnings and ultimatums (16%).
  • Slander, accusations and smear campaigns (9%).
  • Excessive use of force (6%).
  • Illegal detention and arbitrary arrest (4%).
  • Criminalization and prosecution (4%).

Taken as a whole, these six types of violence represent 60% of all attacks suffered by women defenders.

We also registered 32 murders of women human rights defenders and 39 attempted murders.

In 37% of the attacks, gender components could be identified, the most common being:

  • Threats, warning and ultimatums that included macho insults, threats of sexual violence or threats against families.
  • Slander, accusations and/or smear campaigns utilizing gender stereotypes.
  • Attacks against organizations and individual defenders working for women’s rights.

Furthermore, IM-Defensoras has documented the fact that the majority of all women defenders do not have employment benefits or medical services that allow them to treat job-related health problems on time.  Many work without pay and have double or tripe workdays: a paid job, household work and activist activities.

Women defenders facing the most attacks are those who defend land and territory (38%), followed by those who work for a life free of violence against women. The women defenders at greatest risk are those who live in local[3] and rural areas (53.91% and 46.03% respectively).

State actors are the main agents responsible for the attacks (66%). These are followed by agents of companies/businesses (22%). Moreover, it is important to note that in 5% of the cases, women defenders are subject to attacks in their immediate surroundings, which may come from family members or members of their own organizations.

To tackle this situation, there is much that the State and the society itself can do to prevent and put an end to such attacks. They can, for example, publicly recognize the crucial role and contributions made by women human rights defenders in advancing democracy, equality and peace; stop the criminalization and vilification they are subjected to by both State and non-State actors; implement gender-based protective mechanisms; and support protective networks for women human rights defenders.

http://www.im-defensoras.org

[1]For more information on IM-Defensoras’ history, work, strategies and products, see : http://www.im-defensoras.org.mx.

[2]    In  Nicaragua, which was incorporated into the registry system in 2016, research had previously been done on attacks against women defenders and activists. In 2013, those surveyed included 108 women defenders and 113 community defenders participating in focus groups.  Findings showed that the main types of attacks were smear campaigns, verbal attacks and telephone messages; in 18% of the cases, threats and injuries included family members, and in 21%, involved personal or group property.

[3] By “local”, we mean the immediate area in which the defender resides, whether rural or urban.

 

 

Con más mujeres, construimos más paz

MAPPOEA MUJERES APARTADO (1)

En su trabajo de monitoreo y acompañamiento a las políticas de paz en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) incorpora una perspectiva diferencial de género. Dicho enfoque es transversal a todas sus áreas temáticas, así como al apoyo que entrega a las comunidades e instituciones en los territorios desde sus 15 oficinas regionales.

Esta perspectiva de género no sólo contribuye a visibilizar las formas de discriminación y violencia de las que han sido víctima las mujeres colombianas en el marco conflicto armado interno, sino principalmente a destacar su rol como protagonistas en los diferentes escenarios públicos de construcción de paz.

En este sentido, para la Misión es claro que entender el conflicto armado y contribuir a la construcción de paz desde una mirada de género es clave para garantizar procesos sostenibles de verdad, justicia, reparación, equidad y reconciliación en Colombia.

Por eso, con ocasión del Día internacional de la Mujer, la MAPP-OEA insta a promover y fortalecer acciones que contribuyan al pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en el territorio colombiano, en especial en la construcción de paz.

Equidad laborar en la MAPP-OEA

A nivel interno, la Misión de Paz adelanta acciones que van en sintonía con la política de igualdad e inclusión liderada por la OEA, y que es ampliamente reconocida por sus Estados Miembros.

En materia laboral, las mujeres representan el 51% del personal de la MAPP-OEA y ocupan el 47% de los puestos de toma de decisiones, que incluye cargos de jefatura, liderazgo temático y responsabilidad de oficinas regionales, entre otros.

Esta paridad se concibe como parte integral de los esfuerzos de estos organismos para avanzar hacia un cambio organizacional que institucionalice una visión de igualdad de género y de derechos humanos en sus políticas, programas, proyectos y prácticas.

Por MAPP-OEA Colombia

Facilitadoras judiciales: Práctica cotidiana de democracia y empoderamiento de la mujer

Facilitadores

Un día en la vida cotidiana de una facilitadora o facilitador judicial es dar consejos de manera voluntaria a hombres y mujeres que se lo soliciten. Ellos y ellas abordan temas sobre derechos humanos, convivencia social, derechos de las mujeres, violencia doméstica, linderos, herencia, pensión alimentaria, etc; en general, temas que favorezcan la convivencia en paz.

Estos consejos son solicitados a estos líderes voluntarios que fueron seleccionados en su comunidad por poseer dos valores: la confianza y credibilidad, valores que brindan igualdad de oportunidades.

Pueden acceder a este cargo tanto hombres como mujeres, amas de casa como veterinarios, agricultores como maestras; todas aquellas personas en quien la comunidad confiaría un problema. Los únicos requisitos para ser facilitador judicial son saber leer y escribir, no tener antecedentes penales y ser mayor de edad.

La vida cotidiana es el espacio inmediato donde se practican las creencias, las costumbres y los valores. Allí se producen y reproducen pautas de convivencia social con naturalidad y sin cuestionamientos. También es allí donde se forman concepciones del mundo y el sentido común.

En la cotidianidad, consultamos sobre nuestros conflictos a aquellos dignos de nuestra confianza. Las mujeres propuestas para ser facilitadores judiciales son en su mayoría amas de casa que velan por el bienestar tanto de su familia, como de la comunidad. Son mujeres que ya brindaban consejos a sus vecinos, ahora lo hacen validadas por la capacitación que les brindan los poderes judiciales, en los 8 países donde se implementa el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados Americano.

El 42% de los 11,193 facilitadores y facilitadoras judiciales es del sexo femenino. Todas fueron seleccionadas en asamblea comunitarias de 40 a 100 personas, propuestas tanto por hombres como mujeres por su confianza y credibilidad. La gente buscaba ecuanimidad, justicia y honradez.

El Juez de Paz hondureño, Dixi Noel Madrid, reconoce haber realizado nombramientos de facilitadores judiciales mujeres en una zona donde impera una cultura machista. En las asambleas se inclinaban por proponer hombres por sus trayectorias en la organización comunitaria pero al momento de consultar por las personas que les generaban más confianza, surgían propuestas de mujeres, equilibrando las oportunidades.

Dentro de este espacio de cotidianidad ciudadana, las personas que son facilitadoras judiciales empiezan a conocer de leyes, normas y derechos que internalizan tanto en sus hogares como en su comunidad, cada vez que brindan un consejo a su familia, sus vecinos o en charlas.

La dinámica de violencia en sus hogares comienza han reconocerse como incorrecta y si alguno de ellos presenta estas situaciones inicia a moldear patrones en busca de prácticas que le permitan la convivencia pacífica en el hogar y la comunidad. Es así como las facilitadoras judiciales que aunque tenga liderazgo presentan una situación de violencia en el hogar, comienzan a hacer valer sus derechos y compartir su experiencia como ejemplo de sus vecinas y vecinos.

Johana Padilla, Facilitadora judicial de Comayagua, Honduras, fue una mujer que previo a ser facilitadora sufrió de violencia doméstica, salió de esa situación y aun así desconocía sobre sus derechos y las normas de pensión alimentaria. Fue hasta ser nombrada y capacitada como facilitadora judicial que comprendió sus derechos y las responsabilidades de su pareja con sus hijos. Ella manifiesta: “Aprendí sobre mis derechos, a dar charlas y asesorar a más mujeres dándoles mi ejemplo y compartiéndoles las leyes que las protegen.

En esa convivencia diaria, las personas facilitadoras judiciales, hombres y mujeres, internalizan una cultura de respeto a los derechos, oportunidades y participación de la mujer.

Por Cecilia Durán,  Asesora de Comunicación, Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales

The importance of policies for reconciling workplace and family responsibilities

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Policies aimed at reconciling workplace and family responsibilities need to be comprehensive in scope, meaning they should speak to integral characteristics of needs in that regard. Accordingly, implementing a comprehensive approach that focuses on social co-responsibility is essential, so as to establish the areas of government, market, and family action, whereas the State would have a more proactive role in establishing the necessary facilities to ensure that men and women can perform productive work knowing that their families are being cared for in accordance with acceptable quality standards without workers having to bear an excessive financial burden for such care, and without exhausting one or both workers with the corresponding health impacts.

These policies should be aimed at both men and women. If such polices continue to be directed exclusively at women, it implies that the responsibility for solving the problem lies with women, and that if falls to women alone to tend to household chores and care for the members of their households. Consequently, these policies should be based on the fact that both working men and women need help reconciling the responsibilities of workplace and family life.

Moreover, policies aimed at reconciling the responsibilities of work and family life should also be extended to include the informal sector of the economy. It is well known that women working in the informal economy do not have maternity coverage or any other benefits to help them reconcile their work and family responsibilities, such as leave from work or childcare.

One work-life reconciliation strategy many countries have employed is flexible schedules in the workplace, allowing people to work on either a part-time or temporary basis. These initiatives have served as an incentive for women to enter the labor market or return after leaving a job. Undoubtedly, this type of labor market insertion alternative is an important tool for preventing women from losing contact with the market.

Proposals for reconciling between workplace and family responsibilities are geared toward:

  1. Promoting ratification and implementation of ILO Convention 156 on workers with family responsibilities.
    b) Promoting regulations to facilitate a balance between workplace and family responsibilities for working women and men, as well as establishing or increasing family parental leave, as well as other modalities for the care of children and dependent persons.
  2. Promoting and regulating policies that make it possible for both men and women to have flexible work schedules.
  3. Promoting the development and strengthening of universal care policies and services, based on the idea shared responsibility for the provision of such services between the State, the private sector, civil society, and households.
  4. Carrying out studies that measure the impact of work-life balance mechanisms implemented by companies and the productivity associated with the same.
  5. Promoting time-use surveys in order to measure unpaid work performed by women and men, and thereby show the overall work burden by sex, with a view to developing work-life balance policies.

Failure in reconciling work and family responsibilities results in important economic and human costs. A weakness or absence of policies aimed at reconciling a balance between family and work life impacts in at least two dimensions. The first is expressed at the macro level, and is the impact of under-utilizing the female workforce, as a direct consequence of difficulties in reconciling workplace and care-giving responsibilities in the home. The second is expressed at the micro level, in the form of decreased performance and the resulting lower degree of productivity, owing to the stress suffered by working men and women as they attempt to reconcile the demands of work and family life.

Extracted from ” Advancing Gender Equality in the context of Decent Work” available here

 

La importancia de las políticas de conciliación entre la vida familiar y laboral

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Las políticas dirigidas a conciliar la vida familiar y laboral deben ser integrales, lo que significa que deben de hacerse cargo también de las características integrales de las necesidades. Es imprescindible aplicar un enfoque integrado centrado en la corresponsabilidad social, de modo de marcar las fronteras de intervención del Estado, el mercado y las familias, asignándole al Estado un rol más proactivo en la creación de las facilidades para que hombres y mujeres puedan desarrollar en armonía un trabajo productivo, con la certeza de que su familia está siendo atendida con estándares de calidad aceptables, sin que signifique un gasto excesivo para ellos, ni un agotamiento de uno o de ambos de los trabajadores, con el consiguiente deterioro en su salud.

Deben ser dirigidas tanto a hombres como a mujeres. Si las políticas siguen siendo dirigidas exclusivamente a las mujeres, se sigue reafirmando que son ellas quienes tienen el problema que hay que resolver, porque es su responsabilidad realizar las tareas del hogar y el cuidado de sus miembros. Las políticas deben partir por tanto, del hecho de que trabajadores y trabajadoras necesitan conjugar ambos mundos.

Asimismo, las políticas de conciliación entre la vida familiar y laboral deberían extenderse al sector informal. Es sabido que las trabajadoras informales no tienen cobertura de maternidad ni ninguna otra disposición que facilite la conciliación de la familia y el trabajo, como otro tipo de licencias o cuidado infantil.

Una estrategia empleada para la conciliación es la flexibilidad laboral promovida en muchos países, y que se expresa en la oferta de trabajos a tiempo parcial y temporal. Estas iniciativas han sido un incentivo para el ingreso o retorno de las mujeres al mercado de trabajo después de una ausencia. Este tipo de inserción laboral representa, sin duda, un instrumento importante para evitar su pérdida de contacto con el mercado.

Al respecto, las propuestas para lograr la conciliación entre la vida familiar y laboral están orientadas a:

  1. Promover la ratificación y aplicación del Convenio 156 de la OIT sobre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares.
  2. Promover normativas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar para trabajadores mujeres y hombres con responsabilidades familiares, como el establecimiento o ampliación de las licencias parentales, así como otros permisos de cuidado de hijos, hijas y personas dependientes.
  3. Impulsar y regular políticas que permitan tanto a hombres como mujeres, arreglos flexibles en sus unidades de trabajo.
  4. Fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de políticas y servicios universales de cuidado, basados en la noción de prestación compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los hogares.
  5. Realizar y difundir al sector empresarial, estudios que midan el efecto de las medidas conciliatorias implementadas por las empresas, sobre la productividad de las mismas.
  6. Propiciar la realización de encuestas sobre uso del tiempo para la medición del trabajo no remunerado que efectúan mujeres y hombres y así mostrar la carga global de trabajo de unos y otras para sustentar la formulación de políticas de conciliación.

La falta de políticas de conciliación trae como resultado importantes costos económicos y humanos. La debilidad o carencia de políticas de conciliación tiene al menos dos dimensiones. Por un lado, la que se expresa en el nivel macro, a través de la subutilización de la fuerza de trabajo femenina, como consecuencia justamente de las dificultades de conciliar la inserción laboral con las responsabilidades de cuidado. Por otro lado, la que se expresa a nivel micro, en el menor rendimiento en el trabajo y el consecuente menor nivel de productividad, resultante de la tensión sufrida por las y los trabajadores, en el esfuerzo por conciliar ambos aspectos de la vida.

Extraído de la publicación CIM/OEA Avance de la igualdad de género en el marco del trabajo decente disponible en este enlace

Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento en las Américas

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Por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en la apertura de la Mesa Redonda “Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento en las Américas, 2 de febrero de 2016, Washington, D.C.

Foto cortesía, Juan Manuel Herrera, OEA

Esta es una de las situaciones más injustas en el continente. Las mujeres encarceladas por delitos de drogas entre el 2006 y el 2011 se ha duplicado . Estos delitos representan las principales causas de encarcelamiento de mujeres. Los enormes costos humanos de las políticas punitivas y su impacto desproporcionado sobre las mujeres y sus familias hacen impostergable desarrollar nuevas políticas, y programas que logren eliminar o al menos, mitigar, estas devastadoras consecuencias.

Amigas y amigos

Después de 50 años de la llamada “guerra contra las drogas”, se ha generado un consenso tendiente a repensar la política mundial de drogas, dándose inicio a un proceso de diálogo sobre cómo fomentar una política integral y humana frente a este tema, que coloque el respeto de los derechos humanos como eje central.

En este contexto, un número cada vez mayor de países ha iniciado reformas de sus leyes y políticas públicas para, por un lado, reducir la demanda y la producción de sustancias ilícitas y, por otro, proveer una mejor respuesta a las personas que se encuentran involucradas en la comercialización de estas sustancias.

Ya se han dado algunos pasos, desde la regulación del mercado de la marihuana en Uruguay, hasta la reducción de sentencias para mujeres encarceladas por crímenes relacionados con las drogas en Costa Rica.

Estas reformas han ido de la mano de un proceso de diálogo a nivel interamericano e internacional sobre cómo reinventar el régimen internacional para la fiscalización de las drogas que, pese a la evidencia sobre la inefectividad que todavía presenta un modelo prohibitivo y punitivo, que contribuye a la militarización de nuestra seguridad, la sobrepoblación de las cárceles y el deterioro general de nuestras sociedades. Y esto con la mujer como epicentro y como principal víctima del sistema imperante.

El uso predominante del derecho penal para contrarrestar la producción, la distribución, el tráfico y, en muchos casos, el consumo de drogas, ha recaído principalmente en los eslabones más débiles de la cadena, que comúnmente constituyen infractores menores provenientes de sectores de alta vulnerabilidad, para quienes el encarcelamiento sólo sirve para exacerbar las condiciones de exclusión social.

El Reporte Técnico en Alternativas al Encarcelamiento para Delitos Relacionadas con las Drogas, publicado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA (CICAD) en abril de 2015, evidencia un claro aumento en el hemisferio de la población encarcelada por delitos de drogas, relacionado con un incremento de la duración de las penas y de conductas criminalizadas asociadas a las drogas.

El reporte indica que “la tendencia de las políticas antidroga en la región está dirigida al uso máximo del derecho penal”.

Un análisis de esta situación desde un enfoque de género – que es el propósito de este evento – da cuenta del aumento de la penalización y los efectos negativos colaterales de esas políticas en las familias y sociedades.

El informe “Mujeres y Drogas en las Américas: un diagnóstico de política en construcción”, publicado en marzo de 2014 por la Comisión Interamericana de la Mujer (CIM), destaca que “un promedio estimado del 70 por ciento de las mujeres reclusas en las Américas – muchas de ellas cabezas de familia – se encuentran en la cárcel debido a delitos no violentos de micro-tráfico de drogas”.

El informe evidencia también que la mayoría de las mujeres involucradas en el negocio de las drogas lo están al más bajo nivel de la cadena, en la distribución y el micro-tráfico – sea como vendedoras, mulas o transportadoras de drogas – y provienen de situaciones de marginación, de violencia social y/o doméstica: “Son jóvenes, pobres, analfabetas y con muy poca escolaridad, madres solteras, responsables por el cuidado de sus hijas e hijos y de otros miembros de su familia”.

La publicación que vamos a presentar durante esta mesa redonda “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una guía para la reforma de políticas en América Latina,” ofrece una hoja de ruta para la reforma de políticas públicas en materia de drogas desde un enfoque de género y de derechos humanos.

Elaborada por WOLA, IDPC, de Justicia y la CIM, con el apoyo de Open Society Foundation, esta Guía pretende ser un primer paso en un largo camino que incluirá, a futuro, un trabajo multidisciplinario entre socios de los gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad civil para aterrizar y dar seguimiento a las recomendaciones formuladas en esta Guía.

Así se podrá proporcionar a las mujeres involucradas en el mundo de las drogas alternativas humanas y sostenibles que privilegien el respeto de sus derechos humanos. Este camino a recorrer no sólo es justo moralmente, es también el más eficiente que pueda recorrer nuestra sociedad.