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La igualdad de género en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva Agenda 2030

ODS

Entre el 25 y 27 de septiembre se llevó a cabo en Nueva York la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, en la que se reunieron los Estados Miembros de la ONU para refrendar la Agenda de Desarrollo post 2015, ahora llamada Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que busca continuar y ampliar el trabajo propuesto en 2000 con los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La Agenda está basada en 17 Objetivos (ODS), metas que buscan erradicar la pobreza, acabar con el hambre, brindar educación a todos los niños y niñas, mejorar los servicios de salud y alcanzar la igualdad de género con 2030 como fecha límite.

Dentro de los objetivos,  existen dos que hacen referencia a la igualdad de género.  El número 5, titulado: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas”, que debe ser el eje de todas las metas. Este objetivo contempla específicamente 9 temas a tratar entre los que se encuentran: acabar con la discriminación; eliminar todas las formas de violencia; eliminar las prácticas nocivas (matrimonio infantil, mutilación genital femenina[1], p.e.); velar por la participación de las mujeres en la vida política, económica y pública; garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva; y aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros.

La existencia de un objetivo específico sobre igualdad de género “indica que la igualdad es una prioridad mundial y ha abierto un espacio para que los Estados Miembros, la sociedad civil y las organizaciones internacionales dialoguen y adopten medidas.”[2] Sin embargo, es innegable que la perspectiva de género afecta y se relaciona directamente con todas las metas propuestas: la pobreza, el hambre, el desplazamiento forzoso o la falta de educación son algunos de los temas que siguen afectando mayoritariamente a las mujeres al constituir más del 50% de la población mundial.[3]

El otro objetivo es el número 10: Reducir las desigualdades cuya meta principal es: “potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.” Una meta en la que el enfoque de género es fundamental, ya que algunas estadísticas indican que a nivel mundial y en comparación con los hombres, las mujeres ganan un 24 por ciento menos que ellos y tienen más posibilidades de ocupar puestos de trabajo vulnerables.[4]

Las mujeres son más propensas a situaciones de desigualdad cuando se les discrimina por motivos de género, por lo que hablar de igualdad e inclusión implica necesariamente reducir la discriminación de género en todos los aspectos que impiden a las mujeres acceder a sus derechos fundamentales y a oportunidades de desarrollo, pues mientras estos se sigan limitando y se siga discriminando a la mujer, es imposible hablar de progreso y desarrollo en cualquier lugar del mundo.

La implementación real de cada uno de estos objetivos y metas requerirá importantes esfuerzos por parte de los Estados, por lo que es importante hacer un seguimiento estricto para velar por su cumplimiento. La ONU propone desagregar las estadísticas de seguimiento por sexo y también por edad, debido a que la desigualdad de género es experimentada de forma diferente por las niñas y mujeres a lo largo de su vida.[5]

Esta especificidad de desagregación era una crítica que se había hecho previamente a los ODM en cuanto a la perspectiva de género, ya que “al centrarse en las medias mundiales y nacionales las metas de los ODM han ocultado las disparidades en los logros conseguidos con respecto a grupos marginales de mujeres y niñas que sufren multiples desigualdades basadas en la edad, los ingresos, la localización, la raza, la etnia, la sexualidad, la discapacidad y otros factores.”[6]

Como puede verse, el desafío que enfrentan los Estados para cumplir estos Objetivos es bastante grande, teniendo en cuenta la especificidad que deben contemplar para tratar cada una de las metas y al mismo tiempo hacer un seguimiento cuidadoso de ellas. Esto requerirá que los Estados destinen suficiente tiempo, esfuerzo y recursos para garantizar un cambio tangible en sus propios países. Es aquí donde las diferentes organizaciones de derechos humanos y organismos intergubernamentales que velan por los derechos de la mujer, como la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM),  juegan un papel importante en el cumplimiento del 5to objetivo para que la lucha por la igualdad de género no se quede solamente en el papel.

Los Objetivos de desarrollo Sostenible están disponibles en: http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-5.html

[1] La mutilación genital femenina es un fenómeno que no solo existe en África, sino también en Gran Bretaña y otros lugares de Europa, en Estados Unidos y otros sitios del continente americano, en Asia, Medio Oriente y otras partes del mundo.

[2] Visión general de la implementación: Convención de Belém do Para, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Agenda Post 2015 y Plataforma de Acción Beijing +20. México, 2014.

[3] ONU. Las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Disponible en: http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs

[4] ONU. Las mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Objetivo 10. Disponible en: http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-10-reduced-inequalities

[5] ONU Mujeres. Monitoring Gender Equality And The Empowerment Of Women And Girls In The 2030 Agenda For Sustainable Development: Opportunities And Challenges. Nueva York. 2015.

[6] Visión general de la implementación(…) Op. Cit.

Violencia, Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos

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La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) establece que las diferentes formas de violencia contra las mujeres violan sus derechos y limitan sus libertades, a la vez que impiden el pleno desarrollo de sus capacidades y autonomía y limitan su participación pública, económica, social y política[1].

Existen múltiples conexiones entre la violencia contra las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos:1 i) la autonomía física y reproductiva es esencial para que las mujeres puedan romper ciclos de violencia; ii) la violencia genera violaciones a los derechos reproductivos, tales como los embarazos no deseados, como resultado de la violación, y la transmisión de enfermedades; y iii) las leyes, políticas y prácticas que restringen el acceso de las mujeres a sus derechos reproductivos constituyen una forma de violencia contra las mujeres, tal como lo definió el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, en su informe del 2013[2]

Entre los estándares internacionales e interamericanos existentes sobre derechos sexuales y reproductivos, se destaca la adopción de la “Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos”, emitida por el Comité de Expertas del MESECVI, que busca avanzar en la garantía y protección de los derechos humamos de las mujeres en base a los compromisos adquiridos por los Estados a nivel internacional.

A pesar de estas obligaciones a las que deben responder los Estados, América Latina tiene las leyes y políticas de salud reproductiva más restrictivas en el mundo, desde el acceso a la información hasta la atención a servicios básicos de salud. Asimismo, la violencia sexual es un grave problema en toda la región de Latinoamérica y el Caribe[3].

Según el Centro de Derechos Reproductivos, de acuerdo a los registros oficiales, cada año en las Américas 185.000 mujeres y niñas son violadas. Sin embargo, solo un 11% del total de casos es denunciado. Se estima que la verdadera cifra alcanza 1.680.000 crímenes de violación[4]. Solo ocho países en la región permiten acceso al aborto en casos de violación y dos tienen una prohibición total a la anticoncepción de emergencia.

La violencia afecta la salud sexual y reproductiva de forma indirecta, como los embarazos no deseados, y directa como el embarazo adolescente. La negación del derecho a interrumpir el embarazo es una violencia escondida. Esta negación provoca la realización de abortos clandestinos sin ninguna seguridad médica.

La mortalidad materna y el aborto inseguro son también formas de violencia contra las mujeres e implican un gran desafío para las políticas públicas y el sistema sanitario en América Latina y El Caribe. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la interrupción del embarazo clandestino representa el 15% de la mortalidad materna en los países en desarrollo. 50.000 muertes ocurren cada año a causa de los abortos clandestinos.  Algunos países han logrado reducir los índices de mortalidad materna, luego de haber legalizado el aborto.

La violencia contra las mujeres no es igualitaria a todos los grupos, ya que las adolescentes, las personas marginadas por etnias, indígenas, migrantes, mujeres con VIH y personas LGTBI son aún más discriminadas y vulnerables. La violencia puede incluir violencia física, emocional, psicológica, sexual o económica, y en muchos casos el hogar es el lugar más peligroso para cientos de miles de mujeres en la región. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 38% de los asesinatos de mujeres en las Américas son cometidos por parejas o ex parejas. La cifra de 38% podría ser mayor ya que muchos países no llevan registros sobre la relación entre la víctima y el victimario.

Los Estados ejercen violencia institucional al no reconocer la realización plena de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Para alcanzar el desarrollo y la participación en igualdad de condiciones es necesario que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y puedan controlar sus propias decisiones. La autonomía física es esencial para romper el ciclo de la violencia y para lograr autonomía en otras esferas.

Otro factor importante es el limitado conocimiento de los instrumentos de derechos humanos aplicables a la salud sexual y reproductiva, el creciente rol de parlamentarios y tribunales en decisiones sobre salud sexual y reproductiva, y la ausencia de mecanismos de protección dentro de las defensorías de derechos humanos para visitar servicios de salud.  El Informe 2011 del que fue Relator Especial de las Naciones Unidas, Anand Grover, sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, examinó la interacción entre las leyes penales y otras restricciones jurídicas relativas a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la salud y los desafíos que aún persisten en el camino para lograr una reforma legislativa.

La autonomía reproductiva es un derecho que los Estados están obligados a respetar y garantizar. Las mujeres tienen el derecho a decidir, ejercer y controlar su sexualidad y su función reproductiva en condiciones de igualdad con los hombres y libres de discriminación, prejuicios y violencia. La vulneración de estos derechos es violencia. Los Estados deben profundizar esfuerzos para fortalecer la legislación, la reglamentación y las políticas públicas y garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva para que las mujeres desarrollen sus capacidades y ejerzan su autonomía de manera plena, al igual que los hombres.

Extraído del informe “Diálogo sobre Violencia, Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos” organizado por la CIM, Salón de las Américas, OEA, Washington, DC, el 19 de junio de 2015. Disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Informe-DDSSRR-ES-Jun.29.pdf

[1]Centro de Derechos Reproductivos (2015). “Violencia contra las mujeres y derechos reproductivos en las Américas,” disponible en: http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/(ES)%20Advocacy%20Doc%20for%20OAS%20Convening.pdf

[2] Consejo de Derechos Humanos (2013). Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez (A/HRC/22/53), disponible en: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx

[3] Violencia sexual en Latinoamérica y El Caribe: Análisis de datos secundarios. Disponible en http://www.oas.org/dsp/documentos/Observatorio/violencia_sexual_la_y_caribe_2.pdf

[4] Centro de Derechos Reproductivos (2015). “Violencia contra las mujeres y derechos reproductivos en las Américas,” disponible en: http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/(ES)%20Advocacy%20Doc%20for%20OAS%20Convening.pdf

La desigualdad y sus múltiples dimensiones

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La desigualdad y sus múltiples dimensiones es un desafío que deben abordar los Estados considerando la relación entre activos económicos y no económicos, y la relación entre desigualdad y discriminación. Las desigualdades no sólo se remiten a recursos y bienes, también a las diferencias respecto a las oportunidades y posibilidades en el ámbito social, político, económico y cultural y afectan de manera diferenciada a las mujeres.

En América Latina y el Caribe hay expectativas respecto del horizonte democrático que se ha abierto en este siglo, pero también existe preocupación sobre la sostenibilidad de las vías de desarrollo, las recurrentes crisis de gobernabilidad y la intensificación de conflictos sociales. La mayor parte de los países han optado por el endeudamiento o basan su crecimiento en el alza de precios de minerales, sin haber puesto en marcha las reestructuraciones productivas necesarias.

En el 2008 la pobreza alcanzó a un 33% de la población de la región, incluyendo un 12,9% de pobreza extrema, lo que corresponde a 180 millones de personas[1]; si bien algunos países han reducido sus niveles de pobreza (como Costa Rica, Perú y Uruguay), en otros aumentaron (como Bolivia, Guatemala y México). Adicionalmente, se reprodujeron las desigualdades de ingreso y de oportunidades, conviviendo con sistemas fiscales poco redistributivos, lo que evidencia la escasa capacidad de los Estados para cobrar impuestos y transferir ingresos a los hogares de más bajos ingresos[2].

La información disponible muestra la persistencia de la feminización de la pobreza. En la medida en que las mujeres tienen un acceso restringido al mercado laboral y, en general, a los recursos económicos, aumenta su dependencia y vulnerabilidad. Según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de CEPAL[3], en el año 2009, el 31,8% de las mujeres no tenían ingresos propios, porcentaje que se reduce a 12,6% para los hombres. En el año 2010, vivían en situación de pobreza  118 mujeres por cada 100 hombres. Los hogares encabezados por mujeres han ido en aumento, pasando del 22% en 1990 al 31% en el 2008[4].

Existe además gran preocupación por los altos índices de embarazo adolescente, ya que la información existente demuestra que a mayor pobreza, mayores posibilidades de un embarazo adolescente no deseado[5]. En general, las mujeres enfrentan un déficit de atención en salud y carencia de información respecto a sus derechos sexuales y reproductivos, lo que se agudiza en las zonas rurales y de población indígena.

La heterogeneidad que presenta la región con respecto a los índices de Desarrollo Humano y de Desigualdad de Género e indicadores relacionados, puede apreciarse en el cuadro al final de este artículo[6].

Si se analizan las brechas de género en el ingreso (referidas a los ingresos diferenciales entre hombres y mujeres en condiciones similares de ocupación y educación) en la región como conjunto, se aprecian las diferencias: en el 2002, las mujeres percibían entre 58% y 77% menos de lo que percibían los hombres. Esta brecha se profundiza al confluir el género y la etnia, por ejemplo: en Perú, un estudio realizado en 2010 que explora la relación entre ingresos, ocupación y lengua materna, concluye que los hombres cuya lengua materna es el castellano tienen ingresos 53% mayores que las mujeres; en el caso de trabajadores cuya lengua materna es nativa (quechua, aymara y lenguas amazónicas), los hombres obtienen ingresos 64% mayores que las mujeres (Garavito, 2011)[7].

La desigualdad y la discriminación se acentúan en ciertos ámbitos laborales, donde además confluyen el género y la etnia, como es el caso del trabajo doméstico; en muchos países (como Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala y Perú), éste es realizado por mujeres indígenas o afrodescendientes, en condiciones precarias o con un trato más de servidumbre que de relación laboral. En Brasil, por ejemplo, un 40% de las mujeres negras o mestizas trabaja en el servicio doméstico y solo un 15% de las mujeres blancas lo hace. En ese mismo país, los datos muestran que el 37% de las mujeres negras son la fuente primaria de ingresos de sus familias, mientras sólo un 12% de mujeres blancas están en esa situación; asimismo, las mujeres negras perciben mensualmente en promedio, un tercio menos del promedio mensual que reciben las mujeres blancas jefas de familia (Peredo, 2004)[8]. Evidentemente, existe un “núcleo duro” de exclusión donde confluyen pobreza, etnicidad y género.

La discriminación étnico-racial afecta a hombres y a mujeres, pero su impacto diferencial es mayor para las mujeres; esta discriminación, en la actualidad, se reproduce asociada a la marginalidad y la pobreza (por ejemplo, datos de la región para el período 1997-2007[9] indican que la mendicidad de la población afrodescendiente e indígena, es muy superior a la del resto de la población), dando lugar a una cadena de jerarquizaciones y exclusiones eslabonadas de las que forman parte las mujeres. Ese tipo de discriminación tiene raíces coloniales y se fundamenta en la convicción de la superioridad de la raza blanca y europea. Como afirma Peredo (2004), las culturas dominantes intentan uniformizar-civilizar a los diferentes grupos étnicos, a la vez que negarles sus derechos.

Tal como consigna la CEDAW, los Estados tienen la obligación de garantizar “por todos los medios apropiados y sin dilaciones” la eliminación de la discriminación contra las mujeres y su igualdad de jure y de facto, así como “asegurar por la ley u otros medios apropiados la realización práctica de este principio” (art. 1, 2 y 3).

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[1] 56. CEPAL (2009b) citado en Mones (2010:9)

[2] . Sobre el tema, la FAO señala que en el 2006, América Latina y el Caribe tenían una carga tributaria promedio de 18,2%, mientras que la de la Unión Europea era de 39,8%.(FAO. Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina y el Caribe. 2009)

[3] Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de CEPAL (http://www.cepal.org/oig/)

[4] 59. PNUD con base en datos de 2009 de CEPAL (www.americalatinagenera.org).

[5] Rodríguez Vignoli, Jorge. Reproducción adolescente y desigualdades en América Latina y el Caribe: un llamado a la reflexión y a la acción. OIJ, CELADE, CEPAL y UNFPA. Chile. 2008.

[6] PNUD. Informe de desarrollo humano 2011. Sostenibilidad y equidad: un mejor futuro para todos. 2011.

[7] Garavito, Cecilia. “Desigualdad en los ingresos: género y lengua materna”. En: León Castillo, Janina e Iguíñiz Echeverría, Javier (editores). Desigualdad distributiva en el Perú: dimensiones. Pontificia Universidad Católica, Fondo Editorial. Lima, Perú, 2011

[8] Peredo, Elizabeth. Una aproximación a la problemática de género y etnicidad en América Latina. CEPAL. Chile. 2004.

[9] CEPAL y Latinobarómetro. América Latina frente al espejo. Dimensiones objetivas y subjetivas de la inequidad social y el bienestar en la región. 2010.

Artículo extraído de la publicación de la CIM: “La Ciudadanía de las Mujeres en las Democracias de las Américas”

Solo 8 países de América tienen ley integral contra la violencia

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Extraído del artículo publicado por CIMACNOTICIAS el 1 de febrero de 2015

Los Estados de América Latina y el Caribe mantienen incumplidas las recomendaciones emitidas en 2012 por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI), en materia de feminicidio, y salud sexual y reproductiva.

Ello se desprende del “Segundo Informe de Seguimiento a la implementación de las Recomendaciones del Comité de Expertas del Mesecvi” -publicado ayer-, y que da cuenta de que “todavía queda mucho camino por recorrer para hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.

Cabe recordar que el Mesecvi tiene como propósito promover la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada en Belém do Pará, Brasil, en 1994.

En 2012, al encontrar que los objetivos de la convención “no se estaban cumpliendo”, el Comité de Expertas emitió 42 recomendaciones a los Estados firmantes del tratado hemisférico, agrupadas en seis ámbitos: legislación; planes nacionales; acceso a la justicia; servicios especializados; presupuesto; e información y estadísticas.

Al medir los avances de las naciones en el cumplimiento de tales recomendaciones, el Comité reconoce que si bien los Estados “tienen un alto grado de compromiso para reconocer formalmente la violencia contra las mujeres como hechos sancionables en la legislación penal y otro tipo de normativas”, algunos de ellos aún no reconocen legalmente todos los tipos de violencia que enfrentan las mujeres.

De acuerdo con el análisis, todos los países sancionan la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres en su marco legislativo, aunque algunos sólo la castigan en el ámbito privado.

La gran mayoría (25 Estados) sanciona la violencia patrimonial o económica, con excepción de siete países (Antigua y Barbuda, Chile, Ecuador, Haití, Jamaica, Paraguay y Santa Lucía).

El 75 por ciento de las naciones no cuenta con leyes integrales de violencia contra las mujeres, que abarquen todos los tipos y ámbitos de violencia (sólo ocho de los 32 países del continente americano cuentan con una ley integral).

A ello se añade que la prohibición de la “mediación” entre víctimas de violencia y sus agresores aún no está contenida en los códigos penales y de procedimientos penales de cada nación, y únicamente 18 países penalizan la violación sexual en el matrimonio.

Un punto de preocupación para el Comité es que sólo siete Estados han tipificado el feminicidio en sus códigos penales o legislaciones, aunque cada uno define el delito de forma difer1ente. Para leer el texto completo, haz clic aquí.

El MESECVI realiza visita de asistencia técnica en Colombia

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El MESECVI realiza visita de asistencia técnica y se reúne con representantes del Poder Judicial y ONGs en Colombia

El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), encabezado por Luz Patricia Mejía Guerrero, Secretaria Técnica del Mecanismo, realizó una visita oficial a Bogotá, Colombia del 26 al 30 de enero de 2015.

El 26 y 27 de enero el MESECVI realizó el Taller sobre el Sistema de Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)”, el cual buscó apoyar las capacidades técnicas de todos los actores y actoras que participan en el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en Colombia. La visita contó con la participación de Carmen Sylvain, Embajadora de Canadá en Colombia; Martha Ordoñez, Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer; Natalia Gherardi, Facilitadora Principal; Flor María Díaz, Presidenta del Comité de Expertas y Experta titular de Colombia ante el MESECVI; representantes de 18 entidades del Estado y diversas organizaciones de la sociedad civil.

En esta ocasión, el MESECVI presentó la Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Este documento pretende servir como herramienta para fortalecer el conocimiento, la interpretación y la aplicación de la Convención en los Estados Parte.

Posteriormente, el MESECVI tuvo un encuentro con organizaciones no gubernamentales (ONGs) de defensa de los derechos de las mujeres. La reunión tuvo como propósito presentar el Mecanismo y su funcionamiento, informar sobre posibles formas de participación y relación entre ONG´s con el MESECVI; y presentar la “Guía para la aplicación de la Convención de Belém do Pará”.  La actividad contó con la presencia de 22 organizaciones tales como la Casa de la Mujer, Profamilia Colombia, Centro de Derechos Reproductivos, Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), Católicas por el derecho a decidir, DeJusticia, ASSALUD, SISMA Mujer, Women’s Link, Clínica Jurídica PAIIS, Comisión Colombiana de Juristas, Universidad de los Andes, Universidad Externado de Colombia, y expertos/as en género.

Con el apoyo de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, la Secretaria Técnica del MESECVI se reunió con representantes del Poder Judicial; relatores y relatoras; Magistrados Auxiliares de Altas Cortes de Colombia (Corte Suprema, Corte Constitucional y Consejo de Estado); y bajo la coordinación y el apoyo de la Dirección Nacional de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación, con representantes de la oficina de Gestión y Cooperación Técnica, de la oficina de Dirección Nacional de Políticas Públicas (oficina de Género) y de la Oficina de Asuntos Constitucionales, con el objetivo de introducir el trabajo sobre el monitoreo de indicadores de acceso a la justicia, presentarles los avances del MESECVI en relación al sector de justicia para el Estado colombiano, y debatir sobre las iniciativas para fortalecer el acceso de las mujeres y niñas en las Américas para el 2015 – 2016.

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Derechos sexuales y reproductivos: Una deuda pendiente

Los derechos sexuales son los que tienen que ver con la expresión y la forma diversa que las personas eligen vivir y expresar/ejercer su sexualidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), éstos incluyen el derecho de todas las personas, libres de coerción, discriminación y violencia al mayor estándar posible de salud en relación con la sexualidad, incluyendo el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; buscar, recibir e impartir información en relación a la sexualidad; educación sexual; respeto por la integridad corporal; elección de pareja; decidir ser o no ser sexualmente activo; relaciones sexuales consensuadas; matrimonio consensuado; entre otros.

En 2004, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Salud se refería a los derechos sexuales señalando que “incluyen el derecho de las personas a expresar su orientación sexual con el debido respeto al bienestar, sin temor a la persecución o cualquier interferencia por parte de la sociedad”. Se destacó, además, la necesidad de definir formalmente conceptos como el adulterio, la violación de mujeres, hombres y personas trans, la discriminación contra las personas que se dedican al trabajo sexual o las violaciones a los derechos de quienes se definen como gays, lesbianas, intersex o transgénero.

Por su parte, los derechos reproductivos hacen alusión a lograr procesos reproductivos lo más libre posibles de coerción, discriminación y/o violencia. En contraposición a los derechos sexuales, los derechos reproductivos tienen un mayor recorrido en el marco legal internacional. En la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), se los definió basados en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos; el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos; a disponer de la información y de los medios para ello; y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. En la Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing, en 1995, se avanzó en la definición de estos derechos, pero focalizados en las mujeres y sin contemplar la diversidad de identidades de género dentro de las personas de sexo femenino.

Mediante el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que se generó en el marco de la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizada en 2013 por la  Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL), los Estados reafirmaron que “la laicicidad del Estado es fundamental para el pleno ejercicio de los derechos humanos” e instaron a los Estados a modificar las normas sobre interrupción voluntaria del embarazo y, en aquellos países en que el aborto es legal, a garantizar servicios de aborto seguros.

Este Consenso marca un avance importante, al que se suman otros logros, especialmente en América Latina. Uruguay este año fue el primer país en despenalizar de manera completa el aborto. En Argentina, Canadá y Uruguay ya se reconoce formalmente el matrimonio entre parejas del mismo sexo. En el marco de la OEA, la adopción de varias resoluciones sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género, así como de la pionera Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (A-69) ha sentado las bases para el pleno reconocimiento de los derechos sexuales de todas las personas

Sin embargo, a pesar de estos avances, los desafíos al pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos son muchos, y a la capacidad de todas las personas de ejercer estos derechos libres de discriminación y violencia sigue siendo sumamente limitada.

Necesitamos fortalecer la implementación de los compromisos ya adquiridos y avanzar en temas como el aborto legal y seguro, la educación sexual integral, la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes y el respeto a la opción sexual e identidad de género, entre otros. En este sentido, la CIM ha establecido una matriz de indicadores del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en las Américas, para apoyar y fortalecer la promoción y el monitoreo de estos derechos como parte fundamental del conjunto de derechos básicos, así como para incrementar la visibilidad de su continua violación como un obstáculo al plenos desarrollo y participación de las mujeres.

Asimismo, durante la XI Reunión del Comité de Expertas del  Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) que tuvo lugar el 18 y 19 de septiembre en Uruguay las expertas emitieron una Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos mediante la cual recomiendan a los Estados promover la modificación y transformación de las prácticas culturales y consuetudinarias, que son la raíz de la violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes y sancionar este tipo de conductas para garantizar los derechos humanos de las mujeres y contribuir al efectivo cumplimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. Galería Fotográfica.

En 2014 se cumplen los 20 años de la aprobación del Programa de Acción de la IV Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y culmina el proceso de revisión de cumplimiento de las metas: “Cairo+20”. El proceso de revisión se lleva a cabo solo un año antes de que venza el plazo para el cumplimiento de los Objetivos del Mileno y en medio de la negociación de la nueva agenda post-2015, lo que representa una oportunidad para vincular ambos procesos y posicionar los derechos sexuales y reproductivos en la nueva agenda.