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El derecho a defender derechos La situación de las defensoras de DH en Mesoamérica

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En sociedades marcadas por la discriminación y la desigualdad de género, ser defensora de DH significa desafiar las normas y estereotipos culturales que limitan y cuestionan la participación política y social de las mujeres, lo que implica desarrollar esta labor en condiciones desiguales respecto a los hombres así como ser objeto de agresiones. Por lo tanto, asegurar un entorno seguro para que las mujeres puedan ejercer el derecho a defender derechos requiere de un análisis y de medidas concretas con enfoque de género que aborden y reconozcan las condiciones y riesgos que enfrentan.

Es por ello que la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)[1] comenzó a documentar las agresiones. A través de su Registro se han identificado, de enero del 2012 a diciembre del 2014, un total de 1,688 agresiones a mujeres defensoras en El Salvador, Guatemala, Honduras y México: 414 en el año 2012, 512 en 2013 y 762 en 2014; lo que significa un incremento de casi el doble en el número de agresiones registradas  durante el periodo.

Los principales tipos de agresión son:

  • Intimidación y hostigamiento psicológico (21%).
  • Amenazas, advertencias y ultimátum (16%).
  • Calumnias, señalamientos y campañas de desprestigio (9%).
  • Uso excesivo de la fuerza (6%).
  • Detención ilegal y arresto arbitrario (4%).
  • Criminalización y judicialización, (4%).

En total, estos seis tipos de violencia representan 60% de las agresiones sufridas por las defensoras.

Asimismo, registramos 33 asesinatos de defensoras de DH y 39 intentos de asesinato.

En 37% de las agresiones se identificaron componentes de género:

  • Amenazas, advertencias y ultimátums que usan insultos machistas, amenazas de violencia sexual o amenazas a sus familias.
  • Calumnias, señalamientos y/o campañas de desprestigio que utilizan estereotipos de género.
  • Agresiones a organizaciones y defensoras que trabajan por los derechos de las mujeres.

Además, la IM-Defensoras ha documentado que la mayoría de las defensoras no tienen prestaciones laborales, ni cuentan con servicios médicos. Muchas realizan su trabajo sin ninguna retribución económica y tienen que asumir dobles y triples jornadas de trabajo: remunerado, doméstico y de activismo.

Las defensoras que enfrentan más agresiones son las defensoras de la tierra y el territorio (38%), seguidas de las que trabajan por una vida libre de violencia contra las mujeres. Las defensoras que están en mayor riesgo son aquellas que viven en áreas locales[2] y rurales (53.91% y 46.03% respectivamente).

Los actores estatales representan el principal agente responsable de las agresiones (66%). Les siguen las empresas/negocios (22%). Además, cabe destacar que en 5% de los casos las defensoras reciben agresiones de su entorno cercano, tales como familiares e integrantes de su propia organización.

Frente a esta situación, es mucho lo que los Estados y la propia sociedad pueden hacer para prevenir y erradicar estas agresiones. Por ejemplo: reconocer de manera pública el rol fundamental así como la contribución de las defensoras de DH para el avance de la democracia, la igualdad y la paz; erradicar la criminalización y la difamación de que son objeto por parte de los Estados y actores no estatales, implementar mecanismos de protección con enfoque de género o favorecer las redes de protección de defensoras de derechos humanos.

[1] Para mayor información sobre la historia, trabajo, estrategias y productos de la IM-Defensoras: http://www.im-defensoras.org.mx.

[2] Por local nos referimos al área inmediata donde reside la defensora, ya sea local rural o local urbana.

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The Right to Defend Rights
The Situation of Women Human Rights Defenders in Mesoamerica

In societies marked by gender discrimination and inequality, being a woman human rights defender means going against cultural norms and stereotypes that limit and question the political and social participation of women. This, in turn, implies that defenders carry out their work in unequal conditions compared to those of men and become targets of of attacks. Consequently, ensuring a safe environment in which women can exercise their right to defend rights requires an analysis and a concrete, gender-sensitive approach that recognizes and deals with the ensuing conditions and risks.

With this in mind, the Mesoamerican Initiative of Women Human Rights Defenders  (IM-Defensoras)[1] documents attacks faced by women defenders in Mexico, Honduras, Guatemala and El Salvador, through the Mesoamerican Registry of Attacks against Women Human Rights Defenders.[2]

In this Registry, from January 2012 to December 2014, a total of 1,688 attacks were identified against women defenders in  El Salvador, Guatemala, Honduras and Mexico: 414 in 2012, 512 in 2013 and 762 in 2014, which indicates that the number of registered attacks almost doubled during the three-year period.

The six main types of attacks are:

  • Psychological intimidation and harassment (21%).
  • Threats, warnings and ultimatums (16%).
  • Slander, accusations and smear campaigns (9%).
  • Excessive use of force (6%).
  • Illegal detention and arbitrary arrest (4%).
  • Criminalization and prosecution (4%).

Taken as a whole, these six types of violence represent 60% of all attacks suffered by women defenders.

We also registered 32 murders of women human rights defenders and 39 attempted murders.

In 37% of the attacks, gender components could be identified, the most common being:

  • Threats, warning and ultimatums that included macho insults, threats of sexual violence or threats against families.
  • Slander, accusations and/or smear campaigns utilizing gender stereotypes.
  • Attacks against organizations and individual defenders working for women’s rights.

Furthermore, IM-Defensoras has documented the fact that the majority of all women defenders do not have employment benefits or medical services that allow them to treat job-related health problems on time.  Many work without pay and have double or tripe workdays: a paid job, household work and activist activities.

Women defenders facing the most attacks are those who defend land and territory (38%), followed by those who work for a life free of violence against women. The women defenders at greatest risk are those who live in local[3] and rural areas (53.91% and 46.03% respectively).

State actors are the main agents responsible for the attacks (66%). These are followed by agents of companies/businesses (22%). Moreover, it is important to note that in 5% of the cases, women defenders are subject to attacks in their immediate surroundings, which may come from family members or members of their own organizations.

To tackle this situation, there is much that the State and the society itself can do to prevent and put an end to such attacks. They can, for example, publicly recognize the crucial role and contributions made by women human rights defenders in advancing democracy, equality and peace; stop the criminalization and vilification they are subjected to by both State and non-State actors; implement gender-based protective mechanisms; and support protective networks for women human rights defenders.

http://www.im-defensoras.org

[1]For more information on IM-Defensoras’ history, work, strategies and products, see : http://www.im-defensoras.org.mx.

[2]    In  Nicaragua, which was incorporated into the registry system in 2016, research had previously been done on attacks against women defenders and activists. In 2013, those surveyed included 108 women defenders and 113 community defenders participating in focus groups.  Findings showed that the main types of attacks were smear campaigns, verbal attacks and telephone messages; in 18% of the cases, threats and injuries included family members, and in 21%, involved personal or group property.

[3] By “local”, we mean the immediate area in which the defender resides, whether rural or urban.

 

 

Con más mujeres, construimos más paz

MAPPOEA MUJERES APARTADO (1)

En su trabajo de monitoreo y acompañamiento a las políticas de paz en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) incorpora una perspectiva diferencial de género. Dicho enfoque es transversal a todas sus áreas temáticas, así como al apoyo que entrega a las comunidades e instituciones en los territorios desde sus 15 oficinas regionales.

Esta perspectiva de género no sólo contribuye a visibilizar las formas de discriminación y violencia de las que han sido víctima las mujeres colombianas en el marco conflicto armado interno, sino principalmente a destacar su rol como protagonistas en los diferentes escenarios públicos de construcción de paz.

En este sentido, para la Misión es claro que entender el conflicto armado y contribuir a la construcción de paz desde una mirada de género es clave para garantizar procesos sostenibles de verdad, justicia, reparación, equidad y reconciliación en Colombia.

Por eso, con ocasión del Día internacional de la Mujer, la MAPP-OEA insta a promover y fortalecer acciones que contribuyan al pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en el territorio colombiano, en especial en la construcción de paz.

Equidad laborar en la MAPP-OEA

A nivel interno, la Misión de Paz adelanta acciones que van en sintonía con la política de igualdad e inclusión liderada por la OEA, y que es ampliamente reconocida por sus Estados Miembros.

En materia laboral, las mujeres representan el 51% del personal de la MAPP-OEA y ocupan el 47% de los puestos de toma de decisiones, que incluye cargos de jefatura, liderazgo temático y responsabilidad de oficinas regionales, entre otros.

Esta paridad se concibe como parte integral de los esfuerzos de estos organismos para avanzar hacia un cambio organizacional que institucionalice una visión de igualdad de género y de derechos humanos en sus políticas, programas, proyectos y prácticas.

Por MAPP-OEA Colombia

Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento en las Américas

SG

Por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en la apertura de la Mesa Redonda “Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento en las Américas, 2 de febrero de 2016, Washington, D.C.

Foto cortesía, Juan Manuel Herrera, OEA

Esta es una de las situaciones más injustas en el continente. Las mujeres encarceladas por delitos de drogas entre el 2006 y el 2011 se ha duplicado . Estos delitos representan las principales causas de encarcelamiento de mujeres. Los enormes costos humanos de las políticas punitivas y su impacto desproporcionado sobre las mujeres y sus familias hacen impostergable desarrollar nuevas políticas, y programas que logren eliminar o al menos, mitigar, estas devastadoras consecuencias.

Amigas y amigos

Después de 50 años de la llamada “guerra contra las drogas”, se ha generado un consenso tendiente a repensar la política mundial de drogas, dándose inicio a un proceso de diálogo sobre cómo fomentar una política integral y humana frente a este tema, que coloque el respeto de los derechos humanos como eje central.

En este contexto, un número cada vez mayor de países ha iniciado reformas de sus leyes y políticas públicas para, por un lado, reducir la demanda y la producción de sustancias ilícitas y, por otro, proveer una mejor respuesta a las personas que se encuentran involucradas en la comercialización de estas sustancias.

Ya se han dado algunos pasos, desde la regulación del mercado de la marihuana en Uruguay, hasta la reducción de sentencias para mujeres encarceladas por crímenes relacionados con las drogas en Costa Rica.

Estas reformas han ido de la mano de un proceso de diálogo a nivel interamericano e internacional sobre cómo reinventar el régimen internacional para la fiscalización de las drogas que, pese a la evidencia sobre la inefectividad que todavía presenta un modelo prohibitivo y punitivo, que contribuye a la militarización de nuestra seguridad, la sobrepoblación de las cárceles y el deterioro general de nuestras sociedades. Y esto con la mujer como epicentro y como principal víctima del sistema imperante.

El uso predominante del derecho penal para contrarrestar la producción, la distribución, el tráfico y, en muchos casos, el consumo de drogas, ha recaído principalmente en los eslabones más débiles de la cadena, que comúnmente constituyen infractores menores provenientes de sectores de alta vulnerabilidad, para quienes el encarcelamiento sólo sirve para exacerbar las condiciones de exclusión social.

El Reporte Técnico en Alternativas al Encarcelamiento para Delitos Relacionadas con las Drogas, publicado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA (CICAD) en abril de 2015, evidencia un claro aumento en el hemisferio de la población encarcelada por delitos de drogas, relacionado con un incremento de la duración de las penas y de conductas criminalizadas asociadas a las drogas.

El reporte indica que “la tendencia de las políticas antidroga en la región está dirigida al uso máximo del derecho penal”.

Un análisis de esta situación desde un enfoque de género – que es el propósito de este evento – da cuenta del aumento de la penalización y los efectos negativos colaterales de esas políticas en las familias y sociedades.

El informe “Mujeres y Drogas en las Américas: un diagnóstico de política en construcción”, publicado en marzo de 2014 por la Comisión Interamericana de la Mujer (CIM), destaca que “un promedio estimado del 70 por ciento de las mujeres reclusas en las Américas – muchas de ellas cabezas de familia – se encuentran en la cárcel debido a delitos no violentos de micro-tráfico de drogas”.

El informe evidencia también que la mayoría de las mujeres involucradas en el negocio de las drogas lo están al más bajo nivel de la cadena, en la distribución y el micro-tráfico – sea como vendedoras, mulas o transportadoras de drogas – y provienen de situaciones de marginación, de violencia social y/o doméstica: “Son jóvenes, pobres, analfabetas y con muy poca escolaridad, madres solteras, responsables por el cuidado de sus hijas e hijos y de otros miembros de su familia”.

La publicación que vamos a presentar durante esta mesa redonda “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una guía para la reforma de políticas en América Latina,” ofrece una hoja de ruta para la reforma de políticas públicas en materia de drogas desde un enfoque de género y de derechos humanos.

Elaborada por WOLA, IDPC, de Justicia y la CIM, con el apoyo de Open Society Foundation, esta Guía pretende ser un primer paso en un largo camino que incluirá, a futuro, un trabajo multidisciplinario entre socios de los gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad civil para aterrizar y dar seguimiento a las recomendaciones formuladas en esta Guía.

Así se podrá proporcionar a las mujeres involucradas en el mundo de las drogas alternativas humanas y sostenibles que privilegien el respeto de sus derechos humanos. Este camino a recorrer no sólo es justo moralmente, es también el más eficiente que pueda recorrer nuestra sociedad.

Prevenir,Transformar y Sancionar

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Por Susana Chiarotti, integrante del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (MESECVI).

Los reclamos por parte del movimiento social de mujeres, de políticas o programas para la prevención y sanción de la violencia contra la mujer, así como las respuestas a los mismos, incluyen, generalmente, la criminalización de nuevas figuras consideradas como violencia o el aumento de pena para los delitos ya tipificados.

Tanto las demandas como las soluciones propuestas generan escenarios ambivalentes no exentos de tensiones, especialmente en lo relacionado con el derecho penal. Por un lado, debemos considerar que el derecho es una herramienta que durante siglos fue utilizada con lógicas androcéntricas para resolver asuntos del ámbito público (ya fueran conflictos con el Estado o entre particulares) y a la hora de resolver conflictos del ámbito privado opera como un cubo que se intenta introducir en una esfera.

Por otro, las demandas de movimientos sociales progresistas de sanción y criminalización de determinadas conductas que durante mucho tiempo se consideraron naturales, se cruzan, o corren el peligro de cruzarse, con los reclamos de sectores conservadores que constantemente quieren aumentar el poder punitivo del Estado, especialmente contra sectores sociales desfavorecidos considerados como peligrosos. La paradoja es que sectores feministas radicales, rebeldes y claramente antipatriarcales, terminan a veces confluyendo con grupos conservadores que reclaman “tolerancia cero”, “mano dura”, más penas, más cárceles, y que son el costado  ferozmente neoliberal de nuestra sociedad.

El derecho penal tiene un efecto simbólico fuerte que resulta eficaz a la hora de deslegitimar determinadas conductas. Sin embargo, su utilización produce campos de tensión que probablemente no desaparezcan en los próximos años, pero que debemos identificar para poder manejarnos dentro de ellos sin perder de vista el horizonte de construir sociedades más democráticas e igualitarias.

La mayor visibilidad de los casos de violencia contra las mujeres a través de los medios masivos y  la impunidad generalizada, -con índices que superan el 90% de las denuncias-,  provoca la indignación del movimiento de mujeres y de la población en general. Este malestar generalizado muchas veces se resuelve pidiendo leyes penales más severas. Esto genera un riesgo importante: que las mujeres sean tomadas de excusa para el diseño de políticas represivas cada vez más duras.

Evitar estos riesgos y promover políticas no punitivas de prevención de la violencia sería el objetivo a lograr. Desde el feminismo se trabaja por un cambio cultural que permita garantizar a las mujeres sus derechos como ciudadanas. A la vez, reconocemos que vivimos en una cultura patriarcal[1] que arrastra mandatos milenarios de sujeción y secundarización de las mujeres, mandatos que se traducen muchas veces en hechos y conductas violentos y agresiones a mujeres y niñas[2].

Deconstruir esos mandatos implica diseñar políticas integrales que promuevan una transformación de la cultura desde múltiples espacios. Deberá reformarse la educación desde los primeros años hasta los postgrados, promover códigos de conducta para los medios masivos y las empresas de publicidad, lanzar campañas dirigidas a distintos públicos, ir midiendo y evaluando los cambios de forma permanente, en el empleo, en la calle y en la casa, entre otras tareas. Todo ello requiere tiempo, esfuerzos, dinero.

Reconocemos que es más económico sancionar una ley que castigue de manera grave la vioIencia, pero por un lado, emitir esas leyes sin promover transformaciones estructurales, no es suficiente y por otro, esas leyes  se aplican cuando las mujeres ya murieron o sufrieron daños irreparables.

La Inclusión Social de Mujeres Encarceladas Por Delitos De Drogas

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Sistemas de discriminación y exclusión también operan en el mundo de las drogas. Las mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas son jóvenes, de bajo nivel socioeconómico y de escolarización y juegan un rol protagónico en el mantenimiento de sus familias. En muchos casos son jefas de hogar, y mujeres solteras con hijas e hijos menores.

El diseño de políticas públicas efectivas para la inclusión social de estas mujeres desde una perspectiva de género constituye un importante desafío que enfrenta la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), que en el 2014 publicó un diagnóstico donde revela que la mayoría de las mujeres privadas de libertad en la región lo están por delitos relacionados con las drogas: 80 por ciento en Ecuador, entre 30 y 60 por ciento en México, 64 por ciento en Costa Rica y 75 por ciento en Sao Paulo, Brasil para ofrecer solo algunos ejemplos.

En general, estas mujeres parten de condiciones de pobreza y de exclusión social donde carecen de oportunidades en la economía formal y en la capacitación laboral y recurren al microtráfico ante una situación de necesidad económica.  Una vez que ingresan, tienden a quedarse en los eslabones más bajos del mercadeo y son detenidas por distintas razones: por posesión; por introducir pequeñas cantidades a los centros penales y por participar en el microtráfico como resultado de coerción o violencia de parte de personas conocidas y desconocidas, entre otras razones. Muchas mujeres que cometen estos delitos lo hacen a cambio de una remuneración y de manera consciente.

Es importante entender la complejidad y la interrelación de factores detrás de la participación de las mujeres en el mundo de las drogas. La exclusión social de estas mujeres pone límites sobre su autonomía y su capacidad de decidir. La aplicación de un enfoque de inclusión social a cualquier análisis de la justicia penal en casos de mujeres detenidas por delitos de drogas es esencial. Hasta ahora, el enfoque ha sido de criminalización y aplicación de medidas punitivas desproporcionadas.

Las necesidades y la situación en la que se encuentran estas mujeres son generalmente invisibilizadas e ignoradas. Sufren una triple condena cuando son criminalizadas por el Estado: i) del lado jurídico ii) del lado social y; iii) del lado económico que les dificulta obtener trabajo posterior a su reclusión. El encarcelamiento de madres puede implicar que hijos menores nazcan y/o vivan en la cárcel con sus madres – y sean testigos del abuso carcelario. Asimismo, el abuso doméstico, el aislamiento de sus familias y la estigmatización social caracterizada como un impacto diferenciado de roles tradicionales de género son otros factores que afectan a estas mujeres.

No se ha logrado identificar e implementar estrategias de prevención basadas en medios de vida sostenibles. Se ignora cómo abordar, desde un enfoque de género, derechos humanos, e inclusión social, una reforma judicial – que incluya  el análisis de sentencias desproporcionadas, las alternativas al encarcelamiento para delitos no violentos, la rehabilitación de personas que han sido presas y la identificación de oportunidades post prisión. Un abordaje más efectivo de la inclusión social en el período post-encarcelamiento y la reconstrucción de la identidad y el sentido de pertenencia de estas mujeres es vital para mejorar los procesos de integración socio-laboral y superar las barreras para la inserción social.

El diseño e implementación de políticas públicas que posibiliten el pleno ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo de todas las mujeres es prioritario para la CIM.  Esto incluye responder desde un enfoque integral y de género a la realidad que enfrentan las mujeres encarceladas y aquellas que han cumplido sentencias por delitos de drogas, teniendo en cuenta como componente principal sus necesidades y sus derechos.

Extraído del artículo de la CIM sobre la inclusión social de mujeres encarceladas

Baje la publicación de la CIM; “Mujeres y drogas en las Américas: Un diagnóstico en construcción”

Visite la página Web de la CIM sobre mujeres y drogas

Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres Involucradas en la Seguridad de Grandes Eventos

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Las mujeres están en su mayoría excluidas de la discusión, formulación e implementación de políticas y programas de seguridad. Según datos del Departamento de las Naciones Unidas para Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DPTO., abril de 2011), de 14,669 oficiales de policía participando en 17 misiones de paz, sólo el 9.7% son mujeres. La falta de consideración de las necesidades de seguridad de las mujeres, por un lado, y su ausencia de los espacios de toma de decisiones y de acción en lo que se refiere a la seguridad, por otro lado, significa que la política de seguridad de la mayoría de los países de la región ignora a más del 50% de la población de estos países.

La incorporación de una perspectiva de derechos y de igualdad de género en la promoción y la protección de la seguridad es esencial para asegurar que las mujeres gocen de esta seguridad de una manera plena e igualitaria.

Del 10 al 12 de marzo 2014, en Ottawa, Canadá, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA, a través de su Secretaría Ejecutiva, participó en la sesión de apertura y desarrollo del  “Taller Regional para el Mejoramiento de las Capacidades de las Mujeres Involucradas en la Seguridad de Grandes Eventos” y en la apertura de la “Reunión Anual de los Puntos Focales Nacionales de Seguridad de Grandes Eventos”, organizados por el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA y el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), en el marco del IPO Américas.

Durante el primer evento, oficiales mujeres de las Fuerzas Policiales de la región, abordaron como parte de sus discusiones, los desafíos que enfrentan para mejorar su participación en estas instituciones, incluyendo a nivel de toma de decisiones; la persistente cultura patriarcal; y la necesidad de contar con capacitación específica para aspirar a puestos a los que no tienen acceso, así como a medidas que ayuden a conciliar su vida laboral y familiar.

Las conclusiones fueron presentadas por una representante a los Puntos Focales Nacionales de Seguridad de Grandes Eventos, durante la apertura de su reunión el 12 de marzo.

La Secretaría Ejecutiva de la CIM estuvo representada en ambos eventos por la Especialista María Celina Conte.