Archive | Violence against women RSS for this section

Estado de Derecho que garantice la ciudadanía plena de las mujeres

inclusion6

La democracia en la región se desarrolla en un contexto condicionado por la globalización económica, que en sus efectos es multidimensional, pluricausal y ambivalente. El modelo económico que se ha implantado ha tenido un impacto negativo y de mayor amplitud en las mujeres, al que se suma la persistencia de roles de género que mantienen vigentes las dicotomías público-privado y productivo-reproductivo, impidiendo el pleno ejercicio de derechos humanos y de ciudadanía de la mitad de la población. Adicionalmente, esta democracia convive con los mayores índices de desigualdad social en el mundo, respecto a la distribución de los recursos.

El actual modelo de Estado no está satisfaciendo las demandas e intereses de la mayoría de la ciudadanía, por lo que se le exige reformas para que recupere su accionar como una expresión del ejercicio democrático, de recuperación de las voces de poblaciones históricamente discriminadas, y de garantía de sus derechos. Un Estado que en el marco del reconocimiento pleno de derechos para las mujeres, en igualdad y no discriminación, los garantice con acciones estratégicas en diversos ámbitos que se exponen a continuación:

La violencia de género:

La violencia hacia las mujeres requiere de voluntad política a todos los niveles desde los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como de los gobiernos locales. En el ámbito de la seguridad ciudadana, es evidente la urgencia del cambio del paradigma tradicional, para ir más allá del combate al crimen organizado, desarrollando una perspectiva integral que sea coherente con la complejidad y multicausalidad de la violencia y que incluya los enfoques de desarrollo humano, de seguridad humana, de derechos humanos y de igualdad de género.

Leyes y políticas de no discriminación más vigorosas con presupuestos suficientes:

Si bien los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y las Constituciones establecen las obligaciones estatales para con la igualdad y la no discriminación, la realidad evidencia que éstas persisten y se agravan cuando el género confluye con otros factores como la etnia, la raza, la clase social, la edad, las sexualidades y la decisión sobre el propio cuerpo.

Acceso a la justicia de calidad:

El acceso de las mujeres de los diversos sectores sociales a la justicia debe ser tratado como un derecho humano y estar en las prioridades de los Estados. La erradicación de las prácticas y estereotipos que generan la discriminación y las desigualdades, en razón de género o de identidad étnica-racial, son necesarias tanto en la atención hacia las mujeres como en el trámite y resolución de las denuncias a violaciones de derechos.

Acceso igualitario al trabajo, a la educación y a la salud:

Las vulnerabilidades que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, las dificultades para el acceso a oportunidades de empleo de calidad, las brechas de género en el ingreso en condiciones similares de ocupación y educación, la continuidad de la responsabilidad exclusiva del trabajo doméstico y de cuidado (no remunerado ni reconocido en las cuentas nacionales), presentan varios tipos de desafíos. Entre ellos, los relacionados con políticas de generación de empleo para las mujeres, que favorezcan la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres; la seguridad de acceso a recursos productivos básicos como tierra, tecnología, avales y garantías para respaldar el crédito formal; y la formación profesional y asistencia técnica para el incremento de capacidades y potencialidades de las mujeres en diversos ámbitos.

Se trata de construir Estados más incluyentes y democráticos, que garanticen los derechos de las mujeres, que avancen más allá de la democracia electoral, y que contribuyan a generar igualdad y no discriminación. No puede haber un Estado de Derecho sin igualdad de género; el desarrollo humano y la gobernabilidad democrática requieren el avance de la igualdad y no discriminación, incorporando a su vez un enfoque multicultural, étnico y etáreo. Un Estado de Derecho que garantice la ciudadanía plena de las mujeres es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo en la región.

 

El derecho a defender derechos La situación de las defensoras de DH en Mesoamérica

IMG_3630

Scroll down for the English version

En sociedades marcadas por la discriminación y la desigualdad de género, ser defensora de DH significa desafiar las normas y estereotipos culturales que limitan y cuestionan la participación política y social de las mujeres, lo que implica desarrollar esta labor en condiciones desiguales respecto a los hombres así como ser objeto de agresiones. Por lo tanto, asegurar un entorno seguro para que las mujeres puedan ejercer el derecho a defender derechos requiere de un análisis y de medidas concretas con enfoque de género que aborden y reconozcan las condiciones y riesgos que enfrentan.

Es por ello que la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)[1] comenzó a documentar las agresiones. A través de su Registro se han identificado, de enero del 2012 a diciembre del 2014, un total de 1,688 agresiones a mujeres defensoras en El Salvador, Guatemala, Honduras y México: 414 en el año 2012, 512 en 2013 y 762 en 2014; lo que significa un incremento de casi el doble en el número de agresiones registradas  durante el periodo.

Los principales tipos de agresión son:

  • Intimidación y hostigamiento psicológico (21%).
  • Amenazas, advertencias y ultimátum (16%).
  • Calumnias, señalamientos y campañas de desprestigio (9%).
  • Uso excesivo de la fuerza (6%).
  • Detención ilegal y arresto arbitrario (4%).
  • Criminalización y judicialización, (4%).

En total, estos seis tipos de violencia representan 60% de las agresiones sufridas por las defensoras.

Asimismo, registramos 33 asesinatos de defensoras de DH y 39 intentos de asesinato.

En 37% de las agresiones se identificaron componentes de género:

  • Amenazas, advertencias y ultimátums que usan insultos machistas, amenazas de violencia sexual o amenazas a sus familias.
  • Calumnias, señalamientos y/o campañas de desprestigio que utilizan estereotipos de género.
  • Agresiones a organizaciones y defensoras que trabajan por los derechos de las mujeres.

Además, la IM-Defensoras ha documentado que la mayoría de las defensoras no tienen prestaciones laborales, ni cuentan con servicios médicos. Muchas realizan su trabajo sin ninguna retribución económica y tienen que asumir dobles y triples jornadas de trabajo: remunerado, doméstico y de activismo.

Las defensoras que enfrentan más agresiones son las defensoras de la tierra y el territorio (38%), seguidas de las que trabajan por una vida libre de violencia contra las mujeres. Las defensoras que están en mayor riesgo son aquellas que viven en áreas locales[2] y rurales (53.91% y 46.03% respectivamente).

Los actores estatales representan el principal agente responsable de las agresiones (66%). Les siguen las empresas/negocios (22%). Además, cabe destacar que en 5% de los casos las defensoras reciben agresiones de su entorno cercano, tales como familiares e integrantes de su propia organización.

Frente a esta situación, es mucho lo que los Estados y la propia sociedad pueden hacer para prevenir y erradicar estas agresiones. Por ejemplo: reconocer de manera pública el rol fundamental así como la contribución de las defensoras de DH para el avance de la democracia, la igualdad y la paz; erradicar la criminalización y la difamación de que son objeto por parte de los Estados y actores no estatales, implementar mecanismos de protección con enfoque de género o favorecer las redes de protección de defensoras de derechos humanos.

[1] Para mayor información sobre la historia, trabajo, estrategias y productos de la IM-Defensoras: http://www.im-defensoras.org.mx.

[2] Por local nos referimos al área inmediata donde reside la defensora, ya sea local rural o local urbana.

———————————*——————————-

The Right to Defend Rights
The Situation of Women Human Rights Defenders in Mesoamerica

In societies marked by gender discrimination and inequality, being a woman human rights defender means going against cultural norms and stereotypes that limit and question the political and social participation of women. This, in turn, implies that defenders carry out their work in unequal conditions compared to those of men and become targets of of attacks. Consequently, ensuring a safe environment in which women can exercise their right to defend rights requires an analysis and a concrete, gender-sensitive approach that recognizes and deals with the ensuing conditions and risks.

With this in mind, the Mesoamerican Initiative of Women Human Rights Defenders  (IM-Defensoras)[1] documents attacks faced by women defenders in Mexico, Honduras, Guatemala and El Salvador, through the Mesoamerican Registry of Attacks against Women Human Rights Defenders.[2]

In this Registry, from January 2012 to December 2014, a total of 1,688 attacks were identified against women defenders in  El Salvador, Guatemala, Honduras and Mexico: 414 in 2012, 512 in 2013 and 762 in 2014, which indicates that the number of registered attacks almost doubled during the three-year period.

The six main types of attacks are:

  • Psychological intimidation and harassment (21%).
  • Threats, warnings and ultimatums (16%).
  • Slander, accusations and smear campaigns (9%).
  • Excessive use of force (6%).
  • Illegal detention and arbitrary arrest (4%).
  • Criminalization and prosecution (4%).

Taken as a whole, these six types of violence represent 60% of all attacks suffered by women defenders.

We also registered 32 murders of women human rights defenders and 39 attempted murders.

In 37% of the attacks, gender components could be identified, the most common being:

  • Threats, warning and ultimatums that included macho insults, threats of sexual violence or threats against families.
  • Slander, accusations and/or smear campaigns utilizing gender stereotypes.
  • Attacks against organizations and individual defenders working for women’s rights.

Furthermore, IM-Defensoras has documented the fact that the majority of all women defenders do not have employment benefits or medical services that allow them to treat job-related health problems on time.  Many work without pay and have double or tripe workdays: a paid job, household work and activist activities.

Women defenders facing the most attacks are those who defend land and territory (38%), followed by those who work for a life free of violence against women. The women defenders at greatest risk are those who live in local[3] and rural areas (53.91% and 46.03% respectively).

State actors are the main agents responsible for the attacks (66%). These are followed by agents of companies/businesses (22%). Moreover, it is important to note that in 5% of the cases, women defenders are subject to attacks in their immediate surroundings, which may come from family members or members of their own organizations.

To tackle this situation, there is much that the State and the society itself can do to prevent and put an end to such attacks. They can, for example, publicly recognize the crucial role and contributions made by women human rights defenders in advancing democracy, equality and peace; stop the criminalization and vilification they are subjected to by both State and non-State actors; implement gender-based protective mechanisms; and support protective networks for women human rights defenders.

http://www.im-defensoras.org

[1]For more information on IM-Defensoras’ history, work, strategies and products, see : http://www.im-defensoras.org.mx.

[2]    In  Nicaragua, which was incorporated into the registry system in 2016, research had previously been done on attacks against women defenders and activists. In 2013, those surveyed included 108 women defenders and 113 community defenders participating in focus groups.  Findings showed that the main types of attacks were smear campaigns, verbal attacks and telephone messages; in 18% of the cases, threats and injuries included family members, and in 21%, involved personal or group property.

[3] By “local”, we mean the immediate area in which the defender resides, whether rural or urban.

 

 

Democracia Paritaria, una meta lejos de alcanzar

9159150647_1d9a25d3a1_b

Por Patricia Pérez  @pazciudadania
Directora ILAPyC – Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía.

Aunque suene raro, o tal vez no podamos creerlo, vivimos en el continente que hasta el fin del año 2015, contaba  con la mayor cantidad de mujeres jefas de Estado (5) y el mayor porcentaje de ministras (22.9%) y parlamentarias (25.7%). La media mundial está en el 21.9%. Son datos de junio de 2014. Aun así, estamos muy lejos de la paridad al 50%.

¿Por qué digo que estamos lejos de la democracia paritaria? Veamos ejemplos regionales.

Argentina, por ejemplo, luego de las últimas elecciones de 2015, llega a 5 mujeres gobernadoras sobre 24 distritos.

Los Documentos y posiciones que impulsa Onu Mujeres advierten: “El parlamento es fundamental para lograr la armonización legislativa de compromisos internacionales para que la legislación promueva la igualdad de género” Así de claro lo recomienda ONU Mujeres. La participación parlamentaria de la mujer toma importancia estratégica para sostener en agenda acciones de equidad.

La democracia paritaria debe impulsar un equilibrio social entre hombres y mujeres en el que ambos asuman responsabilidades compartidas, generando espacios de igualdad sin las violencias cotidianas a las que son sometidas millones de mujeres.

Pensar en avances resulta difícil, cuando el maltrato, la crueldad, el asesinato se enseñorean sobre las mujeres aquí y en el mundo. Karina Abregú, quemada viva por su marido Gustavo Albornoz en una localidad de la Provincia de Buenos Aires llamada  Morón, sufre desde 2013 casi en soledad y decidió hacerse oír.

En el año 2014, el Observatorio de Género de la defensoría del Pueblo de Panamá, advirtió sobre el avance del femicidio y la escasa reacción de la sociedad política en particular sobre este tema.

Almudena Grandes narró en El País Semanal, revista dominical del Diario El País de España, la historia de Caddy Adzuba, una heroína que recorre el mundo con la historia sin fin que sus coterráneas padecen en la llamada República Democrática del Congo, donde hay dolores interminables en una guerra sorda entablada en los cuerpos de mujeres sometidas a violencias inimaginables.

¿Cómo hablar en lugares así de democracia paritaria? ¿Cómo hablar de algo en esa tremenda soledad?

Cuenta Almudena Grandes algo que quizás explique el silencio sobre la brutalidad: Congo tiene los mayores yacimientos de coltán del mundo y las empresas de telefonía radicadas en los limpios y democráticos países civilizados están dispuestas a conseguirlo como sea. Se pueden hacer smartphones sin coltán, pero para las grandes compañías, la guerra en el Congo resulta más competitiva que la innovación tecnológica.  Como vemos, se entremezclan intereses económicos, viejos atavismos de dominación y poder de Género y escasa voluntad de cambio que viene desde el fondo de la historia y le hace creer a millones de mujeres en el mundo, que existe un “orden natural” donde ellos mandan e imponen sus ideas y nosotras obedecemos.

Para que haya una democracia paritaria posible hace falta una firme decisión política y desterrar la hipocresía.

 

 

Prevenir,Transformar y Sancionar

Folleto-BelemdoPara-ES-WEB-1
Por Susana Chiarotti, integrante del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (MESECVI).

Los reclamos por parte del movimiento social de mujeres, de políticas o programas para la prevención y sanción de la violencia contra la mujer, así como las respuestas a los mismos, incluyen, generalmente, la criminalización de nuevas figuras consideradas como violencia o el aumento de pena para los delitos ya tipificados.

Tanto las demandas como las soluciones propuestas generan escenarios ambivalentes no exentos de tensiones, especialmente en lo relacionado con el derecho penal. Por un lado, debemos considerar que el derecho es una herramienta que durante siglos fue utilizada con lógicas androcéntricas para resolver asuntos del ámbito público (ya fueran conflictos con el Estado o entre particulares) y a la hora de resolver conflictos del ámbito privado opera como un cubo que se intenta introducir en una esfera.

Por otro, las demandas de movimientos sociales progresistas de sanción y criminalización de determinadas conductas que durante mucho tiempo se consideraron naturales, se cruzan, o corren el peligro de cruzarse, con los reclamos de sectores conservadores que constantemente quieren aumentar el poder punitivo del Estado, especialmente contra sectores sociales desfavorecidos considerados como peligrosos. La paradoja es que sectores feministas radicales, rebeldes y claramente antipatriarcales, terminan a veces confluyendo con grupos conservadores que reclaman “tolerancia cero”, “mano dura”, más penas, más cárceles, y que son el costado  ferozmente neoliberal de nuestra sociedad.

El derecho penal tiene un efecto simbólico fuerte que resulta eficaz a la hora de deslegitimar determinadas conductas. Sin embargo, su utilización produce campos de tensión que probablemente no desaparezcan en los próximos años, pero que debemos identificar para poder manejarnos dentro de ellos sin perder de vista el horizonte de construir sociedades más democráticas e igualitarias.

La mayor visibilidad de los casos de violencia contra las mujeres a través de los medios masivos y  la impunidad generalizada, -con índices que superan el 90% de las denuncias-,  provoca la indignación del movimiento de mujeres y de la población en general. Este malestar generalizado muchas veces se resuelve pidiendo leyes penales más severas. Esto genera un riesgo importante: que las mujeres sean tomadas de excusa para el diseño de políticas represivas cada vez más duras.

Evitar estos riesgos y promover políticas no punitivas de prevención de la violencia sería el objetivo a lograr. Desde el feminismo se trabaja por un cambio cultural que permita garantizar a las mujeres sus derechos como ciudadanas. A la vez, reconocemos que vivimos en una cultura patriarcal[1] que arrastra mandatos milenarios de sujeción y secundarización de las mujeres, mandatos que se traducen muchas veces en hechos y conductas violentos y agresiones a mujeres y niñas[2].

Deconstruir esos mandatos implica diseñar políticas integrales que promuevan una transformación de la cultura desde múltiples espacios. Deberá reformarse la educación desde los primeros años hasta los postgrados, promover códigos de conducta para los medios masivos y las empresas de publicidad, lanzar campañas dirigidas a distintos públicos, ir midiendo y evaluando los cambios de forma permanente, en el empleo, en la calle y en la casa, entre otras tareas. Todo ello requiere tiempo, esfuerzos, dinero.

Reconocemos que es más económico sancionar una ley que castigue de manera grave la vioIencia, pero por un lado, emitir esas leyes sin promover transformaciones estructurales, no es suficiente y por otro, esas leyes  se aplican cuando las mujeres ya murieron o sufrieron daños irreparables.

Erradicar la violencia contra la mujer en América no es imposible

luzpmejia

Foto: Rafael Yohai

La transformación cultural profunda respecto al sistema patriarcal que construyó la sociedad sobre la idea de superioridad de los hombres sobre las mujeres aún no se ha producido. Si bien ha aumentado en la región un discurso de condena pública frente a las diferentes violencias contra las mujeres, ese discurso aún es insuficiente, esporádico y casuístico, y las políticas públicas que acompañan esta condena siguen siendo temporales y en muchos casos poco estructurales. Por supuesto, la región tiene diferentes niveles. Hay estados con mayores índices de violencia contra las mujeres. La región americana es la que tiene una mayor brecha entre reconocimiento de derechos y realidad efectiva del ejercicio de nuestros derechos como mujeres.

Frente a este problema las medidas de prevención quizás son las más desafiantes para la región. La mayoría de nuestros países ha desarrollado legislaciones, planes nacionales, estructuras para atender los casos. Sin embargo, la mayoría de quienes trabajan en ellos no están preparados para recibirlos y generar procesos efectivos de seguimiento de las denuncias. La mayoría de mujeres que muere víctima de sus parejas ha acudido previamente a alguna instancia en búsqueda de ayuda. La muerte violenta de mujeres por parte de sus parejas o ex parejas suele ser una crónica anunciada y parte del drama de estos casos es que ya más de un organismo tenía conocimiento de la situación que vivía la víctima. La muerte violenta de mujeres, el femicidio o el feminicidio opera en contextos de impunidad en toda la región porque los procesos de transformación cultural aún son incipientes. Las mujeres aún llegan y denuncian a organismos que ponen en duda su palabra, que piden testigos, que cuestionan su comportamiento. Ellas no confían en los sistemas de protección ni en los sistemas de justicia diseñados para atender la violencia, por lo que aún queda mucho camino por recorrer.

En los países con más causas tramitadas y resueltas en casos de femicidios, como Costa Rica, se ha disminuido el índice de femicidios, pero no así el índice de otros tipos de violencia previa a éste. Igualmente en países que han desarrollado esquemas de protección más efectivos se disminuye el femicidio pero aumentan los intentos. Es decir, no es que se disminuyó la violencia, es que se desplegaron mejores herramientas de protección.

Sin embargo, no sólo las leyes o los tribunales son la solución. Los presupuestos destinados a atender el fenómeno de violencia contra las mujeres tienen que aumentarse y dirigirse a procesos permanentes y estructurales de transformación cultural en todos los ámbitos de nuestras sociedades. Un hombre que asesina a su pareja o a su ex pareja cree que tiene un poder disciplinario sobre ella que le permite llegar a ese extremo, pero una sociedad que no es eficiente en la condena lanza el mensaje de que esa acción es correcta promoviendo por omisión la continuidad de este flagelo.

En ese sentido, cabe que anotar que los medios de comunicación son parte esencial del proceso. Tienen un papel de promoción de derechos de las mujeres, así como de la importancia de su papel en nuestra sociedad. Al mismo tiempo, deben condenar los discursos que masifican y reproducen las ideas de subordinación de las mujeres, que profundizan las causas de la violencia y la discriminación. Lamentablemente, nuestra región sigue teniendo los más altos índices de reproducción de roles y estereotipos que alimentan esta violencia.

Desafortunadamente, los países de América no entran en el listado de países con menos índices de violencia. Países como los escandinavos, que manejan menores índices de violencia, tienen el tema de la reproducción de roles estereotipados altamente resueltos. La educación igualitaria empieza desde los primeros años de vida y la respuesta de la justicia es efectiva desde el primer momento en que las mujeres se acercan a pedir ayuda. Eso aún no lo hemos logrado en nuestros países.

Erradicar la violencia contra las mujeres no es imposible, pero requiere multiplicar los esfuerzos que se están haciendo, que aún son insuficientes. La experiencia reciente de países de la región como el caso de Argentina en que la sociedad masiva salió a cuestionar la violencia contra las mujeres ha sido muy importante. Claramente los resultados inmediatos no son aún esperanzadores pero una sociedad que condena colectivamente la violencia contra las mujeres es una sociedad que va en el camino correcto.

Extraído de la entrevista “La transformación cultural profunda aún no se produjo” realizada a Luz Patricia Mejía, Secretaria Técnica del MESECVI por Mariana Carbajal y publicada en el diario Página 12. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-284132-2015-10-19.html

Violencia, Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos

adolescente

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) establece que las diferentes formas de violencia contra las mujeres violan sus derechos y limitan sus libertades, a la vez que impiden el pleno desarrollo de sus capacidades y autonomía y limitan su participación pública, económica, social y política[1].

Existen múltiples conexiones entre la violencia contra las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos:1 i) la autonomía física y reproductiva es esencial para que las mujeres puedan romper ciclos de violencia; ii) la violencia genera violaciones a los derechos reproductivos, tales como los embarazos no deseados, como resultado de la violación, y la transmisión de enfermedades; y iii) las leyes, políticas y prácticas que restringen el acceso de las mujeres a sus derechos reproductivos constituyen una forma de violencia contra las mujeres, tal como lo definió el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, en su informe del 2013[2]

Entre los estándares internacionales e interamericanos existentes sobre derechos sexuales y reproductivos, se destaca la adopción de la “Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos”, emitida por el Comité de Expertas del MESECVI, que busca avanzar en la garantía y protección de los derechos humamos de las mujeres en base a los compromisos adquiridos por los Estados a nivel internacional.

A pesar de estas obligaciones a las que deben responder los Estados, América Latina tiene las leyes y políticas de salud reproductiva más restrictivas en el mundo, desde el acceso a la información hasta la atención a servicios básicos de salud. Asimismo, la violencia sexual es un grave problema en toda la región de Latinoamérica y el Caribe[3].

Según el Centro de Derechos Reproductivos, de acuerdo a los registros oficiales, cada año en las Américas 185.000 mujeres y niñas son violadas. Sin embargo, solo un 11% del total de casos es denunciado. Se estima que la verdadera cifra alcanza 1.680.000 crímenes de violación[4]. Solo ocho países en la región permiten acceso al aborto en casos de violación y dos tienen una prohibición total a la anticoncepción de emergencia.

La violencia afecta la salud sexual y reproductiva de forma indirecta, como los embarazos no deseados, y directa como el embarazo adolescente. La negación del derecho a interrumpir el embarazo es una violencia escondida. Esta negación provoca la realización de abortos clandestinos sin ninguna seguridad médica.

La mortalidad materna y el aborto inseguro son también formas de violencia contra las mujeres e implican un gran desafío para las políticas públicas y el sistema sanitario en América Latina y El Caribe. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la interrupción del embarazo clandestino representa el 15% de la mortalidad materna en los países en desarrollo. 50.000 muertes ocurren cada año a causa de los abortos clandestinos.  Algunos países han logrado reducir los índices de mortalidad materna, luego de haber legalizado el aborto.

La violencia contra las mujeres no es igualitaria a todos los grupos, ya que las adolescentes, las personas marginadas por etnias, indígenas, migrantes, mujeres con VIH y personas LGTBI son aún más discriminadas y vulnerables. La violencia puede incluir violencia física, emocional, psicológica, sexual o económica, y en muchos casos el hogar es el lugar más peligroso para cientos de miles de mujeres en la región. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 38% de los asesinatos de mujeres en las Américas son cometidos por parejas o ex parejas. La cifra de 38% podría ser mayor ya que muchos países no llevan registros sobre la relación entre la víctima y el victimario.

Los Estados ejercen violencia institucional al no reconocer la realización plena de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Para alcanzar el desarrollo y la participación en igualdad de condiciones es necesario que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y puedan controlar sus propias decisiones. La autonomía física es esencial para romper el ciclo de la violencia y para lograr autonomía en otras esferas.

Otro factor importante es el limitado conocimiento de los instrumentos de derechos humanos aplicables a la salud sexual y reproductiva, el creciente rol de parlamentarios y tribunales en decisiones sobre salud sexual y reproductiva, y la ausencia de mecanismos de protección dentro de las defensorías de derechos humanos para visitar servicios de salud.  El Informe 2011 del que fue Relator Especial de las Naciones Unidas, Anand Grover, sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, examinó la interacción entre las leyes penales y otras restricciones jurídicas relativas a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la salud y los desafíos que aún persisten en el camino para lograr una reforma legislativa.

La autonomía reproductiva es un derecho que los Estados están obligados a respetar y garantizar. Las mujeres tienen el derecho a decidir, ejercer y controlar su sexualidad y su función reproductiva en condiciones de igualdad con los hombres y libres de discriminación, prejuicios y violencia. La vulneración de estos derechos es violencia. Los Estados deben profundizar esfuerzos para fortalecer la legislación, la reglamentación y las políticas públicas y garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva para que las mujeres desarrollen sus capacidades y ejerzan su autonomía de manera plena, al igual que los hombres.

Extraído del informe “Diálogo sobre Violencia, Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos” organizado por la CIM, Salón de las Américas, OEA, Washington, DC, el 19 de junio de 2015. Disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Informe-DDSSRR-ES-Jun.29.pdf

[1]Centro de Derechos Reproductivos (2015). “Violencia contra las mujeres y derechos reproductivos en las Américas,” disponible en: http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/(ES)%20Advocacy%20Doc%20for%20OAS%20Convening.pdf

[2] Consejo de Derechos Humanos (2013). Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez (A/HRC/22/53), disponible en: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx

[3] Violencia sexual en Latinoamérica y El Caribe: Análisis de datos secundarios. Disponible en http://www.oas.org/dsp/documentos/Observatorio/violencia_sexual_la_y_caribe_2.pdf

[4] Centro de Derechos Reproductivos (2015). “Violencia contra las mujeres y derechos reproductivos en las Américas,” disponible en: http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/(ES)%20Advocacy%20Doc%20for%20OAS%20Convening.pdf

La Inclusión Social de Mujeres Encarceladas Por Delitos De Drogas

drogas

Sistemas de discriminación y exclusión también operan en el mundo de las drogas. Las mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas son jóvenes, de bajo nivel socioeconómico y de escolarización y juegan un rol protagónico en el mantenimiento de sus familias. En muchos casos son jefas de hogar, y mujeres solteras con hijas e hijos menores.

El diseño de políticas públicas efectivas para la inclusión social de estas mujeres desde una perspectiva de género constituye un importante desafío que enfrenta la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), que en el 2014 publicó un diagnóstico donde revela que la mayoría de las mujeres privadas de libertad en la región lo están por delitos relacionados con las drogas: 80 por ciento en Ecuador, entre 30 y 60 por ciento en México, 64 por ciento en Costa Rica y 75 por ciento en Sao Paulo, Brasil para ofrecer solo algunos ejemplos.

En general, estas mujeres parten de condiciones de pobreza y de exclusión social donde carecen de oportunidades en la economía formal y en la capacitación laboral y recurren al microtráfico ante una situación de necesidad económica.  Una vez que ingresan, tienden a quedarse en los eslabones más bajos del mercadeo y son detenidas por distintas razones: por posesión; por introducir pequeñas cantidades a los centros penales y por participar en el microtráfico como resultado de coerción o violencia de parte de personas conocidas y desconocidas, entre otras razones. Muchas mujeres que cometen estos delitos lo hacen a cambio de una remuneración y de manera consciente.

Es importante entender la complejidad y la interrelación de factores detrás de la participación de las mujeres en el mundo de las drogas. La exclusión social de estas mujeres pone límites sobre su autonomía y su capacidad de decidir. La aplicación de un enfoque de inclusión social a cualquier análisis de la justicia penal en casos de mujeres detenidas por delitos de drogas es esencial. Hasta ahora, el enfoque ha sido de criminalización y aplicación de medidas punitivas desproporcionadas.

Las necesidades y la situación en la que se encuentran estas mujeres son generalmente invisibilizadas e ignoradas. Sufren una triple condena cuando son criminalizadas por el Estado: i) del lado jurídico ii) del lado social y; iii) del lado económico que les dificulta obtener trabajo posterior a su reclusión. El encarcelamiento de madres puede implicar que hijos menores nazcan y/o vivan en la cárcel con sus madres – y sean testigos del abuso carcelario. Asimismo, el abuso doméstico, el aislamiento de sus familias y la estigmatización social caracterizada como un impacto diferenciado de roles tradicionales de género son otros factores que afectan a estas mujeres.

No se ha logrado identificar e implementar estrategias de prevención basadas en medios de vida sostenibles. Se ignora cómo abordar, desde un enfoque de género, derechos humanos, e inclusión social, una reforma judicial – que incluya  el análisis de sentencias desproporcionadas, las alternativas al encarcelamiento para delitos no violentos, la rehabilitación de personas que han sido presas y la identificación de oportunidades post prisión. Un abordaje más efectivo de la inclusión social en el período post-encarcelamiento y la reconstrucción de la identidad y el sentido de pertenencia de estas mujeres es vital para mejorar los procesos de integración socio-laboral y superar las barreras para la inserción social.

El diseño e implementación de políticas públicas que posibiliten el pleno ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo de todas las mujeres es prioritario para la CIM.  Esto incluye responder desde un enfoque integral y de género a la realidad que enfrentan las mujeres encarceladas y aquellas que han cumplido sentencias por delitos de drogas, teniendo en cuenta como componente principal sus necesidades y sus derechos.

Extraído del artículo de la CIM sobre la inclusión social de mujeres encarceladas

Baje la publicación de la CIM; “Mujeres y drogas en las Américas: Un diagnóstico en construcción”

Visite la página Web de la CIM sobre mujeres y drogas