La importancia de las políticas de conciliación entre la vida familiar y laboral

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Las políticas dirigidas a conciliar la vida familiar y laboral deben ser integrales, lo que significa que deben de hacerse cargo también de las características integrales de las necesidades. Es imprescindible aplicar un enfoque integrado centrado en la corresponsabilidad social, de modo de marcar las fronteras de intervención del Estado, el mercado y las familias, asignándole al Estado un rol más proactivo en la creación de las facilidades para que hombres y mujeres puedan desarrollar en armonía un trabajo productivo, con la certeza de que su familia está siendo atendida con estándares de calidad aceptables, sin que signifique un gasto excesivo para ellos, ni un agotamiento de uno o de ambos de los trabajadores, con el consiguiente deterioro en su salud.

Deben ser dirigidas tanto a hombres como a mujeres. Si las políticas siguen siendo dirigidas exclusivamente a las mujeres, se sigue reafirmando que son ellas quienes tienen el problema que hay que resolver, porque es su responsabilidad realizar las tareas del hogar y el cuidado de sus miembros. Las políticas deben partir por tanto, del hecho de que trabajadores y trabajadoras necesitan conjugar ambos mundos.

Asimismo, las políticas de conciliación entre la vida familiar y laboral deberían extenderse al sector informal. Es sabido que las trabajadoras informales no tienen cobertura de maternidad ni ninguna otra disposición que facilite la conciliación de la familia y el trabajo, como otro tipo de licencias o cuidado infantil.

Una estrategia empleada para la conciliación es la flexibilidad laboral promovida en muchos países, y que se expresa en la oferta de trabajos a tiempo parcial y temporal. Estas iniciativas han sido un incentivo para el ingreso o retorno de las mujeres al mercado de trabajo después de una ausencia. Este tipo de inserción laboral representa, sin duda, un instrumento importante para evitar su pérdida de contacto con el mercado.

Al respecto, las propuestas para lograr la conciliación entre la vida familiar y laboral están orientadas a:

  1. Promover la ratificación y aplicación del Convenio 156 de la OIT sobre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares.
  2. Promover normativas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar para trabajadores mujeres y hombres con responsabilidades familiares, como el establecimiento o ampliación de las licencias parentales, así como otros permisos de cuidado de hijos, hijas y personas dependientes.
  3. Impulsar y regular políticas que permitan tanto a hombres como mujeres, arreglos flexibles en sus unidades de trabajo.
  4. Fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de políticas y servicios universales de cuidado, basados en la noción de prestación compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los hogares.
  5. Realizar y difundir al sector empresarial, estudios que midan el efecto de las medidas conciliatorias implementadas por las empresas, sobre la productividad de las mismas.
  6. Propiciar la realización de encuestas sobre uso del tiempo para la medición del trabajo no remunerado que efectúan mujeres y hombres y así mostrar la carga global de trabajo de unos y otras para sustentar la formulación de políticas de conciliación.

La falta de políticas de conciliación trae como resultado importantes costos económicos y humanos. La debilidad o carencia de políticas de conciliación tiene al menos dos dimensiones. Por un lado, la que se expresa en el nivel macro, a través de la subutilización de la fuerza de trabajo femenina, como consecuencia justamente de las dificultades de conciliar la inserción laboral con las responsabilidades de cuidado. Por otro lado, la que se expresa a nivel micro, en el menor rendimiento en el trabajo y el consecuente menor nivel de productividad, resultante de la tensión sufrida por las y los trabajadores, en el esfuerzo por conciliar ambos aspectos de la vida.

Extraído de la publicación CIM/OEA Avance de la igualdad de género en el marco del trabajo decente disponible en este enlace

Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento en las Américas

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Por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en la apertura de la Mesa Redonda “Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento en las Américas, 2 de febrero de 2016, Washington, D.C.

Foto cortesía, Juan Manuel Herrera, OEA

Esta es una de las situaciones más injustas en el continente. Las mujeres encarceladas por delitos de drogas entre el 2006 y el 2011 se ha duplicado . Estos delitos representan las principales causas de encarcelamiento de mujeres. Los enormes costos humanos de las políticas punitivas y su impacto desproporcionado sobre las mujeres y sus familias hacen impostergable desarrollar nuevas políticas, y programas que logren eliminar o al menos, mitigar, estas devastadoras consecuencias.

Amigas y amigos

Después de 50 años de la llamada “guerra contra las drogas”, se ha generado un consenso tendiente a repensar la política mundial de drogas, dándose inicio a un proceso de diálogo sobre cómo fomentar una política integral y humana frente a este tema, que coloque el respeto de los derechos humanos como eje central.

En este contexto, un número cada vez mayor de países ha iniciado reformas de sus leyes y políticas públicas para, por un lado, reducir la demanda y la producción de sustancias ilícitas y, por otro, proveer una mejor respuesta a las personas que se encuentran involucradas en la comercialización de estas sustancias.

Ya se han dado algunos pasos, desde la regulación del mercado de la marihuana en Uruguay, hasta la reducción de sentencias para mujeres encarceladas por crímenes relacionados con las drogas en Costa Rica.

Estas reformas han ido de la mano de un proceso de diálogo a nivel interamericano e internacional sobre cómo reinventar el régimen internacional para la fiscalización de las drogas que, pese a la evidencia sobre la inefectividad que todavía presenta un modelo prohibitivo y punitivo, que contribuye a la militarización de nuestra seguridad, la sobrepoblación de las cárceles y el deterioro general de nuestras sociedades. Y esto con la mujer como epicentro y como principal víctima del sistema imperante.

El uso predominante del derecho penal para contrarrestar la producción, la distribución, el tráfico y, en muchos casos, el consumo de drogas, ha recaído principalmente en los eslabones más débiles de la cadena, que comúnmente constituyen infractores menores provenientes de sectores de alta vulnerabilidad, para quienes el encarcelamiento sólo sirve para exacerbar las condiciones de exclusión social.

El Reporte Técnico en Alternativas al Encarcelamiento para Delitos Relacionadas con las Drogas, publicado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA (CICAD) en abril de 2015, evidencia un claro aumento en el hemisferio de la población encarcelada por delitos de drogas, relacionado con un incremento de la duración de las penas y de conductas criminalizadas asociadas a las drogas.

El reporte indica que “la tendencia de las políticas antidroga en la región está dirigida al uso máximo del derecho penal”.

Un análisis de esta situación desde un enfoque de género – que es el propósito de este evento – da cuenta del aumento de la penalización y los efectos negativos colaterales de esas políticas en las familias y sociedades.

El informe “Mujeres y Drogas en las Américas: un diagnóstico de política en construcción”, publicado en marzo de 2014 por la Comisión Interamericana de la Mujer (CIM), destaca que “un promedio estimado del 70 por ciento de las mujeres reclusas en las Américas – muchas de ellas cabezas de familia – se encuentran en la cárcel debido a delitos no violentos de micro-tráfico de drogas”.

El informe evidencia también que la mayoría de las mujeres involucradas en el negocio de las drogas lo están al más bajo nivel de la cadena, en la distribución y el micro-tráfico – sea como vendedoras, mulas o transportadoras de drogas – y provienen de situaciones de marginación, de violencia social y/o doméstica: “Son jóvenes, pobres, analfabetas y con muy poca escolaridad, madres solteras, responsables por el cuidado de sus hijas e hijos y de otros miembros de su familia”.

La publicación que vamos a presentar durante esta mesa redonda “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una guía para la reforma de políticas en América Latina,” ofrece una hoja de ruta para la reforma de políticas públicas en materia de drogas desde un enfoque de género y de derechos humanos.

Elaborada por WOLA, IDPC, de Justicia y la CIM, con el apoyo de Open Society Foundation, esta Guía pretende ser un primer paso en un largo camino que incluirá, a futuro, un trabajo multidisciplinario entre socios de los gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad civil para aterrizar y dar seguimiento a las recomendaciones formuladas en esta Guía.

Así se podrá proporcionar a las mujeres involucradas en el mundo de las drogas alternativas humanas y sostenibles que privilegien el respeto de sus derechos humanos. Este camino a recorrer no sólo es justo moralmente, es también el más eficiente que pueda recorrer nuestra sociedad.

Democracia Paritaria, una meta lejos de alcanzar

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Por Patricia Pérez  @pazciudadania
Directora ILAPyC – Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía.

Aunque suene raro, o tal vez no podamos creerlo, vivimos en el continente que hasta el fin del año 2015, contaba  con la mayor cantidad de mujeres jefas de Estado (5) y el mayor porcentaje de ministras (22.9%) y parlamentarias (25.7%). La media mundial está en el 21.9%. Son datos de junio de 2014. Aun así, estamos muy lejos de la paridad al 50%.

¿Por qué digo que estamos lejos de la democracia paritaria? Veamos ejemplos regionales.

Argentina, por ejemplo, luego de las últimas elecciones de 2015, llega a 5 mujeres gobernadoras sobre 24 distritos.

Los Documentos y posiciones que impulsa Onu Mujeres advierten: “El parlamento es fundamental para lograr la armonización legislativa de compromisos internacionales para que la legislación promueva la igualdad de género” Así de claro lo recomienda ONU Mujeres. La participación parlamentaria de la mujer toma importancia estratégica para sostener en agenda acciones de equidad.

La democracia paritaria debe impulsar un equilibrio social entre hombres y mujeres en el que ambos asuman responsabilidades compartidas, generando espacios de igualdad sin las violencias cotidianas a las que son sometidas millones de mujeres.

Pensar en avances resulta difícil, cuando el maltrato, la crueldad, el asesinato se enseñorean sobre las mujeres aquí y en el mundo. Karina Abregú, quemada viva por su marido Gustavo Albornoz en una localidad de la Provincia de Buenos Aires llamada  Morón, sufre desde 2013 casi en soledad y decidió hacerse oír.

En el año 2014, el Observatorio de Género de la defensoría del Pueblo de Panamá, advirtió sobre el avance del femicidio y la escasa reacción de la sociedad política en particular sobre este tema.

Almudena Grandes narró en El País Semanal, revista dominical del Diario El País de España, la historia de Caddy Adzuba, una heroína que recorre el mundo con la historia sin fin que sus coterráneas padecen en la llamada República Democrática del Congo, donde hay dolores interminables en una guerra sorda entablada en los cuerpos de mujeres sometidas a violencias inimaginables.

¿Cómo hablar en lugares así de democracia paritaria? ¿Cómo hablar de algo en esa tremenda soledad?

Cuenta Almudena Grandes algo que quizás explique el silencio sobre la brutalidad: Congo tiene los mayores yacimientos de coltán del mundo y las empresas de telefonía radicadas en los limpios y democráticos países civilizados están dispuestas a conseguirlo como sea. Se pueden hacer smartphones sin coltán, pero para las grandes compañías, la guerra en el Congo resulta más competitiva que la innovación tecnológica.  Como vemos, se entremezclan intereses económicos, viejos atavismos de dominación y poder de Género y escasa voluntad de cambio que viene desde el fondo de la historia y le hace creer a millones de mujeres en el mundo, que existe un “orden natural” donde ellos mandan e imponen sus ideas y nosotras obedecemos.

Para que haya una democracia paritaria posible hace falta una firme decisión política y desterrar la hipocresía.

 

 

Prevenir,Transformar y Sancionar

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Por Susana Chiarotti, integrante del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (MESECVI).

Los reclamos por parte del movimiento social de mujeres, de políticas o programas para la prevención y sanción de la violencia contra la mujer, así como las respuestas a los mismos, incluyen, generalmente, la criminalización de nuevas figuras consideradas como violencia o el aumento de pena para los delitos ya tipificados.

Tanto las demandas como las soluciones propuestas generan escenarios ambivalentes no exentos de tensiones, especialmente en lo relacionado con el derecho penal. Por un lado, debemos considerar que el derecho es una herramienta que durante siglos fue utilizada con lógicas androcéntricas para resolver asuntos del ámbito público (ya fueran conflictos con el Estado o entre particulares) y a la hora de resolver conflictos del ámbito privado opera como un cubo que se intenta introducir en una esfera.

Por otro, las demandas de movimientos sociales progresistas de sanción y criminalización de determinadas conductas que durante mucho tiempo se consideraron naturales, se cruzan, o corren el peligro de cruzarse, con los reclamos de sectores conservadores que constantemente quieren aumentar el poder punitivo del Estado, especialmente contra sectores sociales desfavorecidos considerados como peligrosos. La paradoja es que sectores feministas radicales, rebeldes y claramente antipatriarcales, terminan a veces confluyendo con grupos conservadores que reclaman “tolerancia cero”, “mano dura”, más penas, más cárceles, y que son el costado  ferozmente neoliberal de nuestra sociedad.

El derecho penal tiene un efecto simbólico fuerte que resulta eficaz a la hora de deslegitimar determinadas conductas. Sin embargo, su utilización produce campos de tensión que probablemente no desaparezcan en los próximos años, pero que debemos identificar para poder manejarnos dentro de ellos sin perder de vista el horizonte de construir sociedades más democráticas e igualitarias.

La mayor visibilidad de los casos de violencia contra las mujeres a través de los medios masivos y  la impunidad generalizada, -con índices que superan el 90% de las denuncias-,  provoca la indignación del movimiento de mujeres y de la población en general. Este malestar generalizado muchas veces se resuelve pidiendo leyes penales más severas. Esto genera un riesgo importante: que las mujeres sean tomadas de excusa para el diseño de políticas represivas cada vez más duras.

Evitar estos riesgos y promover políticas no punitivas de prevención de la violencia sería el objetivo a lograr. Desde el feminismo se trabaja por un cambio cultural que permita garantizar a las mujeres sus derechos como ciudadanas. A la vez, reconocemos que vivimos en una cultura patriarcal[1] que arrastra mandatos milenarios de sujeción y secundarización de las mujeres, mandatos que se traducen muchas veces en hechos y conductas violentos y agresiones a mujeres y niñas[2].

Deconstruir esos mandatos implica diseñar políticas integrales que promuevan una transformación de la cultura desde múltiples espacios. Deberá reformarse la educación desde los primeros años hasta los postgrados, promover códigos de conducta para los medios masivos y las empresas de publicidad, lanzar campañas dirigidas a distintos públicos, ir midiendo y evaluando los cambios de forma permanente, en el empleo, en la calle y en la casa, entre otras tareas. Todo ello requiere tiempo, esfuerzos, dinero.

Reconocemos que es más económico sancionar una ley que castigue de manera grave la vioIencia, pero por un lado, emitir esas leyes sin promover transformaciones estructurales, no es suficiente y por otro, esas leyes  se aplican cuando las mujeres ya murieron o sufrieron daños irreparables.

More Rights for More Women

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The Inter-American Commission of Women (CIM) of the Organization of American States (OAS) is launching this campaign to promote and strengthen women’s full exercise of their human rights in the Americas.

The state of the exercise of women’s rights is a barometre of the quality and effectiveness of democratic governance and systems in the Americas. Latin America and the Caribbean is the developing region that has made the most progress on formally recognizing women’s rights- from the adaptation of national legislation to the international and Inter-American legal framework to the implementation of policies and programs designed to reduce the gender gap. This formal recognition, however, has not translated into the real exercise of these rights.

The #MoreRightsforMoreWomen campaign will be conducted through social media and will focus on the dissemination of content, images, videos and news stories concerning actions undertaken by different social actors intended to expand and strengthen the effective exercise of women’s rights in the political, economic and social spheres of the Americas.

Through this activity, the CIM seeks to promote and strengthen initiatives from different sectors (civil society, government, private sector, international organizations) that promote effective, innovative, inclusive and multicultural solutions in order for women to exercise their human rights. This campaign will also allow for denouncing those practices that undermine women’s rights and perpetrate inequality and discrimination.

On December 10th, International Human Rights Day, the CIM invites you to join this campaign and contribute to more rights for more women.

Más Derechos para Más Mujeres

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La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) inicia esta campaña que tiene como objetivo promover y fortalecer acciones e iniciativas en la región que buscan contribuir al pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía de las mujeres.

El estado del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres en las Américas es un termómetro de la calidad y efectividad de la democracia y la gobernabilidad en el hemisferio. América Latina y el Caribe es la región que ha alcanzado más progreso en términos del reconocimiento formal de los derechos de las mujeres – desde la adaptación de su legislación nacional al marco jurídico internacional e interamericano, hasta la implementación de políticas y programas orientadas a cerrar las brechas de género. Sin embargo, este reconocimiento formal no se ha traducido en un real ejercicio de estos derechos.

Esta Campaña #MásderechosparaMásmujeres se llevará a cabo a través de las redes sociales y tendrá como eje la difusión de contenidos, imágenes, videos, noticias relacionados a acciones efectivas de distintos actores sociales que han permitido ampliar y contribuir al ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres en los ámbitos político, económico y social de las Américas.

A través de esta actividad la CIM busca promover aquellas acciones e iniciativas que desde distintos espacios (sociedad civil, gobierno, sector privado, organismos internacionales) promueven soluciones efectivas e innovadoras, inclusivas y multiculturales para que las mujeres logren ejercer sus derechos políticos, económicos, y sociales. Asimismo, esta campaña permitirá también denunciar aquellas prácticas que atentan contra los derechos de las mujeres y reproducen la desigualad y la discriminación.

Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la CIM te invita a unirte a esta campaña y a contribuir a más derechos para más mujeres.

Para más información sobre los derechos de ciudadanía de las mujeres, consulte la publicación elaborada por la CIM: “La Ciudadanía de las mujeres en las democracias de las Américas

El Derecho a la Comunicación Promotora de la Igualdad / The Right to Gender Transformative Communication

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Fotografía: cortesía de CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú

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Los medios tienen un importante rol social que cumplir en la promoción de los derechos de las mujeres, y de las identidades femeninas y feminizadas, y en presentarlas de forma respetuosa, amplia y variada, en todos los niveles jerárquicos y de responsabilidad, eliminando los estereotipos sexistas, descalificadores e invisibilizadores de su protagonismo y liderazgo en todos los espacios de toma de decisiones. Tienen además una obligación de tratar con respeto y con la debida seriedad las violaciones de los derechos de las mujeres – en particular la violencia contra las mujeres y el femicidio – y de no minimizar, trivializar o sensacionalizarlas. Finalmente, tienen un deber de incorporar a más mujeres en todos los niveles de los medios y de las empresas de comunicación – donde actualmente representan poco más de 20% de los puestos directivos.

Hoy día, nos enfrentamos todavía con una serie de barreras para lograr una comunicación transformadora:

  • Las mujeres todavía tienen poca posibilidad de incidencia en el contenido mediático – incluyendo cuales noticias de publican y como se tratan temas específicos – particularmente los temas relacionados con los derechos de las mujeres y la igualdad de género;
  • Las carreras de periodismo, comunicación y otras materias relevantes no incluyen formación de género o el tratamiento periodístico de temas como la violencia contra las mujeres;
  • En general, y pese a los compromisos adoptado por los países en la Convención de Belem do Para y otros instrumentos, no existen lineamientos ni presupuestos para guiar la cobertura mediática de la violencia contra las mujeres o para el uso de los medios de comunicación como herramienta en la lucha contra esta problemática; y
  • El género rara vez se contempla en los códigos de conducta, las directrices y los reglamentos que se aplican a la comunicación – sea el periodismo o la publicidad;
  • En la mayoría de países, la comunicación desde un enfoque de género no se monitorea ni se evalúa de una manera sistemática, lo que obstaculiza nuestra capacidad de diseñar políticas públicas y lineamientos apropiados a futuro.

Practicar la comunicación promotora de la igualdad de género es ampliar nuestra visión y contribuir a una comunicación más democrática. Implica visibilizar la realidad y deconstruir los discursos mediáticos que refuerzan la subordinación, explotación y discriminación de las mujeres y de aquellas personas discriminadas por su identidad de género y orientación sexual.

Hace 20 años, mediante la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, los Gobiernos se comprometieron a establecer medidas de acción para fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres y abstenerse de presentar a la mujer como un ser inferior y de explotarla como objeto sexual y bien de consumo.

La comunicación promotora de la igualdad de género es una de las piedras angulares del mundo que queremos crear con nuestra creatividad y desde nuestra visión de derechos humanos y de justicia. Para lograr la igualdad de género, objetivo número cinco de la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, necesitamos fortalecer y replicar prácticas e iniciativas de comunicación inclusivas, como las que se están implementando en la región, que están contribuyendo a democratizar la comunicación y hacer de ésta un derecho.

Extraído de las Palabras de Apertura del Secretario General Adjunto de la OEA, Nestor Mendez, en el Diálogo de la CIM: El Derecho a la Comunicación Promotora de la Igualdad de Género y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, realizado el 2 de noviembre en el Salón de las Américas, OEA

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 The Right to Gender Transformative Communication

Media has an important social role to play in the promotion of women’s rights, feminine and feminized identities, and in portraying women in a respectful, broad and varied manner, presenting them at all levels of hierarchy and responsibility, eliminating sexist stereotypes that disqualify or hide their leadership in all decision-making spaces. Media has the obligation to address women’s rights violations in a respectful and serious manner- in particular violence against women and femicide- and not to undermine, trivialize or sensationalized these cases. Furthermore, media must incorporate women at all levels in media and communication organizations and agencies- women currently occupy barely over 20% of decision-making positions.

Today we still face significant barriers to a gender transformative communication:

  • Women are unlikely to be allowed to determine the news content- including which news should be published and how specific topics should be addressed- in particular, topics related to women’s rights and gender equality
  • Careers in journalism, communication and other relevant subjects do not include gender training or media treatment of issues such as violence against women;
  • In general, despite the commitments adopted by the States Parties to the Belem do Para Convention and other instruments, there are no clear guidelines and budget allocations to guide media coverage on violence against women or to use media as a tool in the fight against this problem and;
  • Gender is rarely contemplated in communication codes of conduct, guidelines and rules–journalism and advertising;
  • In most countries, communication from a gender approach is neither monitored nor assessed in a systematic way, this undermines the ability to design public policies and proper guidelines.

Practicing communication that promotes gender equality broadens our views and contributes to a more democratic communication. It implies visualizing reality and deconstructing media speech that exacerbate subordination, exploitation and discrimination against women and those people discriminated against their gender identity and sexual orientation.

Twenty years ago, through the Fourth World Conference on Woman Declaration and Platform of Action celebrated in Beijing in 1995, Governments committed to adopt measures to foster a balanced, non-stereotyped image of women and to refrain from presenting women as inferior beings and exploiting them as sexual objects.

Communication that promotes gender equality is one of the world’s cornerstones. We want to build this cornerstone with our creativity from a human rights and justice perspective. To achieve equality, goal number 5 of the new 2030 Sustainable Development Agenda, we need to strengthen and replicate inclusive communication practices and initiatives- like those that are being implemented in the region, which are contributing to democratize communication and turn it into a right.

Extracted from the Opening remarks by OAS Assistant Secretary General, Nestor Mendez at the CIM Dialogue: The Right to Gender Transformative Communication and the 2030 Sustainable Development Agenda, November 2nd, OAS Hall of the Americas, Washington, D.C.